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El crimen inflacionario de López Obrador

No hacen falta el Inegi o el Banco de México, sino darse una vuelta por el mercado, sea el callejero o el supermercado gigantesco, para constatar la elevada inflación.

Es el impuesto de los pobres, el golpe brutal a los bolsillos de los que menos tienen. No hace falta el Inegi o el Banco de México, sino darse una vuelta por el mercado, sea el callejero o el supermercado gigantesco. La mejor medición la tienen las personas, sobre todo mujeres, que compran, que llevan el presupuesto del hogar. Y que constatan día tras día la inflación, literalmente la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es la economía de mercado que todo el mundo que sostiene a una familia conoce perfectamente, la del mercado de abastos o sobre ruedas.

Un fenómeno global, pero todavía más cruel en el ámbito mexicano. Ante la pandemia, el inquilino de Palacio Nacional dictó que no usaría dinero público para rescatar empleos, ahora tampoco lo utiliza para apoyar a aquellos que creyeron en su más famosa promesa: “primero los pobres”.

La respuesta de Andrés Manuel López Obrador ha sido subsidiar la gasolina, no por contener la inflación, sino para evitar que se le reclame el precio de los combustibles. De 2004 a 2018 se hartó de gritar “¡gasolinazo!” cada vez que subía el precio, aunque fuese unos centavos. Hoy no duda en gastar cientos de miles de millones de pesos para no enfrentar esa palabra.

Con esa acción, lo que hace es, por el contrario, ‘primero los ricos’. Ese subsidio llega casi en su totalidad a los sectores más privilegiados de la población, aquellos que tienen un tanque de gasolina por llenar en lugar de un pesero o un camión por tomar. Entre más grande el tanque, más dinero regalado del gobierno. Sí contiene los costos de transporte de personas y productos, incluyendo alimentos, pero es entregar pesos a los que más tienen a cambio de centavos a los que menos.

Pero el mayor crimen inflacionario de López Obrador reside en su amor por las mafias. Ya declaró abiertamente su ideal: un territorio controlado por una sola agrupación criminal, para así minimizar los enfrentamientos. El problema que está estallando por todo México es que esa cesión territorial, y de gobierno, implica un control que los capos explotan a fondo.

No es que se goce de impunidad absoluta para transportar mercancías ilícitas a través de un puerto, por ejemplo, es que se controla y hasta roba todo aquello que pase por esa terminal, incluyendo contenedores completos de minerales preciosos. La autoridad portuaria deja de existir en los hechos, sustituida por criminales con el visto bueno del habitante de Palacio Nacional.

Aguacates, limones, pollo… toda clase de alimentos, los que pasan a pagar el precio que fijan los extorsionadores. Un impuesto arbitrario cuyo incumplimiento puede conllevar la destrucción del negocio, secuestro o muerte, sea de los empleados o del dueño. El “terrorismo fiscal” que López Obrador se cansó de acusar en otros gobiernos, solo que realmente sembrando el terror sin la necesidad de una auditoría del SAT. Basta un ejemplo de muerte, el incendio de una tienda, para que otros cumplan con las demandas, o mejor cierren el changarro. Siempre se puede emprender con mayor seguridad en otra parte. En Austin, Ottawa o Madrid, por ejemplo.

La estela de muerte y dolor, la destrucción de un negocio que quizá tomó generaciones construir, es lo más grave, pero también lo es el impacto inflacionario, la muy exclusiva inflación obradorista producto de su dejadez ante el crimen, de un Presidente que ha claudicado en sus funciones más básicas. Es la artera inflación del crimen de Andrés Manuel López Obrador.

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