Mediante una narrativa que señalaba los errores y la corrupción de los gobiernos anteriores o en turno, López Obrador construyó un sentimiento popular contra los partidos tradicionales que, coludidos unos con otros, al final se establecieron como “un cártel” y que ante la ausencia de resultados favorables a casi la mitad de la población que se encontraba en pobreza fue el terreno fértil para abonar el resentimiento social y ganar las elecciones en 2018.
Pero, con cuatro años de estar en el poder y prácticamente desde el principio, al quitarse la máscara de conciliador o de moderado que usó en la campaña, el presidente abandonó el discurso de la búsqueda de una reconciliación nacional o de emprender un proyecto de desarrollo para avanzar en una sociedad más igualitaria, solidaria y democrática, hoy, los resultados son todo lo contrario; la vena antidemocrática saltó desde el principio para presentarse como un autócrata sediento de poder, sin importar las formas y priorizar un discurso de polarización política como método de ejercicio del poder y a la vez una forma de buscar esconder la ineptitud de un gobierno que nada más no da resultados a la sociedad y sí, en cambio, golpea instituciones del Estado como búsqueda de ejercer unipersonalmente el poder.
En estos últimos cuatro años, la economía ha sido un reverendo fracaso, sin crecimiento, ni siquiera al promedio mediocre de 2 por ciento del PIB que se venía teniendo, y que sin duda la pandemia y las condiciones económicas globales en el último año por la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido esa guerra para la economía en el mundo, con las consecuencias, obvio, son de un mayor deterioro en las condiciones socioeconómicas de la población, incrementando la pobreza y la desigualdad, pero sobre todo, la ausencia de una verdadera política económica que estimule el crecimiento o la inversión para la generación de empleos.
La inexistencia de una estrategia de seguridad ha dejado prácticamente manos libres a los delincuentes, ya sea del crimen organizado o de los delitos comunes, para tener a la población en una situación de indefensión, debilitando al Estado de derecho, pero también inhibiendo la inversión privada, como consecuencia de las prácticas de extorsión, sin que la autoridad ponga orden e imponga la ley. Las estadísticas son aterradoras y más el sentimiento de impotencia de la sociedad de no encontrar respuesta en la autoridad porque el solo hecho de presentarse a denunciar conlleva la duda de si justo esas autoridades no estarán coludidas con los criminales y las consecuencias para el denunciante puedan ser mayores aún que el delito del que fue objeto.
La inmersión del crimen en los aparatos del Estado no hacen, sin duda, fácil un restablecimiento del imperio de la ley en el corto plazo, pero tampoco la caricatura de “estrategia de abrazos y no balazos” que el gobierno ha mantenido desde hace cuatro años; al contrario, pareciera una actitud permisiva para el crimen y en no pocas veces, una franca complicidad en detrimento de los derechos fundamentales de la sociedad.
El incesante golpeteo a las instituciones garantes de la democracia desvelan de manera abierta, de parte de López Obrador, su desprecio por la democracia, y confirman la búsqueda de la instalación de un poder unipersonal y autoritario, a todas luces contrario a la Constitución y a los valores y prácticas democráticas que nos hemos dado en los últimos años los mexicanos. Por eso, la presencia de la sociedad en la marcha del 13 de noviembre, que claramente dejó ver el tamaño del repudio a la pretensión autoritaria de López Obrador de buscar tener el control de los órganos electorales de cara al proceso electoral de 2024. Ya en 2021 el rechazo ciudadano se manifestó de manera particular en la elección de los diputados de la actual legislatura y de los alcaldes de la Ciudad de México, el mensaje es claro: la oposición partidaria, por muy menguada que se encuentre, pudo tener mayoría de votos y eso mismo puede pasar en 2024 siempre que vaya unida con el ingrediente que los malos resultados económicos que este gobierno tiene e históricamente la sociedad ha castigado a los gobiernos que dan malos resultados económicos, como ahora sería el caso.
Con una sociedad polarizada por el discurso del presidente, que nunca asumió su papel constitucional de jefe de Estado, con una economía sin crecimiento que ha traído mayor pobreza y desigualdad social, con la violencia y la inseguridad desatadas como nunca en la historia de nuestro país, con una inexistente división de poderes como contrapeso al poder presidencial y los ataques frontales a las instituciones y reglas democráticas, este gobierno solo tiene el fracaso como signo distintivo.