Samuel Aguilar Solis

El revocatorio y la pobreza

López Obrador insistió que se reglamentara la reforma del 35 constitucional y que la consulta se diera en las elecciones intermedias del 2021.

A fines del año 2019 en México, el congreso federal aprobó la reforma constitucional de revocación de mandato para presidente de la República, pero hay que decir que desde 1938 en nuestro país ya venía estableciéndose en algunas entidades siendo Yucatán pionera en este sentido.

La revocación de mandato tiene sus antecedentes en la Roma antigua cuando Marco Octavio fue revocado por vetar las reformas agrarias de Tiberio Graco y posteriormente apareció nuevamente el debate sobre esto en la Convención de Filadelfia y en la Revolución Francesa. En el caso norteamericano se resolvió dejando a los estados esta facultad ya que el marco constitucional federal estaba diseñado ya en controles y contrapesos para el presidente que se creyó ya inadecuado incluir esto en el texto federal, mientras en el caso francés sí se incluyó en la nueva constitución de 1793.

Realmente son muy pocos los países que han establecido este mecanismo de participación directa para revocación en los sistemas presidenciales y cuando lo han hecho es más con fines de propaganda política enfocada a la búsqueda de permanecer en el poder que de revocación, han sido los casos de Venezuela, Bolivia Colombia, Argentina, Ecuador, vaya, hasta Cuba lo tiene, en el caso de Europa con sistemas parlamentarios es la moción de censura la que permitiría de forma constitucional y de manera indirecta a los ciudadanos la remoción de los ejecutivos.

En México, desde el 2020, López Obrador insistió que se reglamentara la reforma del 35 constitucional y que la consulta se diera en las elecciones intermedias del 2021, desde entonces el objetivo ha sido de parte de López ir en la boleta para ayudar a su partido Morena y sus aliados, situación que no logró y que ahora mantiene como prioridad de sus diatribas mañaneras, pero hay que aclararle que tarde o temprano el congreso tendrá que reglamentar esta disposición constitucional, solo que en vez de que el presidente esté obsesionado con medir su popularidad en este mecanismo, debería de atender sus responsabilidades hacia la sociedad y, es má,s hasta solo con los que se llena la boca en sus discursos: los más pobres. Porque en la susodicha consulta de darse el próximo año se calcula que el INE requerirá 9 mil millones de pesos para su realización, presupuesto que la cámara de diputados tendrá que aprobar; y hay que recordar que en una consulta inocua y bizarra apenas recientemente para “juzgar a los actores políticos del pasado”, se gastaron 520 millones de pesos en medio de la peor crisis económica que hayamos vivido en la historia de nuestro país por la pandemia y la tozudez e ineficacia del gobierno de López Obrador, pero también estamos en medio de una violencia atroz que lleva más de 96 mil homicidios dolosos en este gobierno que inhibe la inversión para la creación de empleo; y hay un aumento de la pobreza por las ineficientes políticas públicas en materia social y el desempleo que ha dejado la crisis económica, que según CONEVAL, entre 2018 y 2020 pasamos de 51.9 millones de pobres a 55.7, lo que significa en términos relativos pasar del 41.9% de la población a 43.9% y tener ahora 10.8 millones de personas en situación de pobreza extrema.

En estas condiciones ¿no sería mejor evaluar las fallas de los programas sociales y de política económica para dedicar este presupuesto de la “consulta de revocación” a apoyar a los más pobres y a los pequeños negocios que se han visto perjudicados con la pandemia por el cierre? ¿No es más correcto que López se dedique a tratar de gobernar (mejor obvio de lo que lo ha hecho) que a estar gastando el tiempo en situaciones que el congreso tendrá que resolver y que en la experiencia internacional ha sido norma no ejecutada y si en cambio instrumento de polarización? Porque, además, suponiendo sin conceder que se realizara la consulta es muy difícil que alcance la participación del 40% del padrón electoral para que sea vinculante y además, si se busca el fortalecimiento de la democracia directa, si el resultado fuera negativo a López Obrador sería una solución de democracia representativa porque quien quedaría de presidente interino sería el presidente de la cámara de diputados que nadie sabe ni quién es y alimentaría eso sí, aún más, la polarización política que tenemos. Mejor ya basta de distracciones presidente, dedíquese a trabajar, que para eso fue contratado en 2018, y auméntense el presupuesto para atender de forma más racional y productiva las demandas de los más pobres.

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