Cuando en un país, por motivos diversos, inaceptables e indeseables, fuera de la Ley y con métodos violentos, se sabe que el número de personas civiles desaparecidas y los imparables secuestros violentos sigue aumentando, con el uso agresivo de vehículos y militares vestidos de civil, como sucedió en Argentina, junto con el aumento de múltiples centros ilegales de detención y de tortura, centenares de personas inocentes fueron privadas de su libertad por el grupo militar que se adjudicó el control absoluto del país.
A partir de un pronunciamiento castrense, se introdujo en la vida de Argentina una drástica y violenta subversión institucional y se creó una suerte de “Poder Legislativo”, que asumió, por su propia conciencia, a través de un pronunciamiento castrense.
Al establecimiento forzado de una dictadura militar, de inmediato se presentó en Argentina el angustioso problema de una cruel y drástica subversión institucional.
Al establecimiento forzado de una dictadura militar, que se distinguió por la gran cantidad de personas civiles de todas las edades, desaparecidas a través de miles de secuestros realizados con inusitado despliegue de vehículos y militares, creados para resguardar a los civiles prisioneros, creándose una amplia red de centros de detención y de tortura de los militares golpistas a miles de prisioneros y testigos.
¿Cómo fue posible mantener la impunidad de tantos delitos consumados por los militares golpistas ante numerosos testigos?
Yo mismo, llegué a ser uno de esos testigos involuntarios. Una tarde vi salir, de una casa ubicada en Moreno y San José, a una larga fila de jóvenes de ambos sexos, esposados sus brazos por delante, golpeados y transportados en grandes camiones en celdas individuales de un metro cuadrado de área.
El golpe militar de Estado creó una especie de “Poder Ejecutivo” que asumió facultades extraordinarias de gobierno y con ellas la totalidad del Poder Público.
Todo juez civil, para ser designado y confirmado como tal en el Gobierno Militar en Argentina, debió jurar previamente fidelidad a los actos y objetivos del ¨Proceso Militar”, lidereado por la Junta Militar de cinco generales. Con ello, La actividad judicial adoptó un perfil de aberraciones jurídicas sin ningún viso de legalidad.
“En la desaparición masiva de personas, la vía judicial se convirtió en un recurso casi inoperante. Durante el régimen militar en Argentina, el derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad individual, poco tuvo que ver con lo que dijeran los jueces y todas las decisiones al respecto quedaron únicamente al solo arbitrio de los militares, que integraban el aparato represivo del Estado”. Informe de la Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas: CONADEP.