Emilio Zebadúa, dice Reforma, ha ofrecido a la Fiscalía General de la República su testimonio sobre lo que fue, desde Sedesol y Sedatu, la 'estafa maestra'.
El exoficial mayor de esas secretarías apela a un criterio de oportunidad luego de una dilatoria estrategia de amparos en Chiapas.
La movida puede ser lucidora para la FGR y el gobierno de López Obrador, muy dañina para Rosario Robles, eventualmente peligrosa para Enrique Peña Nieto –a quien Zebadúa ofrece incriminar–, pero ¿es benéfica para alguien más que no sea el propio delator?
"En circunstancias ordinarias, es la mejor manera de acogerte, porque conforme vas viendo vas negociando qué sí te imputan, qué no, y te permite incluso ir a un juicio abreviado, lo que te baja considerablemente la condena", opina un abogado consultado ayer sobre este caso.
En su defensa habrían visto una oportunidad, agrega, porque Rosario aguantó sin hablar, los otros imputados parece que también, y en el medio se sabe que el primero que raja, gana, porque le hace menos redituable a otros el criterio de oportunidad.
La Fiscalía tiene el incentivo de fortalecer el juicio contra Rosario, que no ha terminado. Zebadúa se compromete a declarar en el juicio y el caso gana nuevo impulso, dos grandes nombres: el PRI, que, según lo publicado en Reforma, habría recibido los fondos desviados, y el del entonces presidente de la República, que habría estado detrás del esquema.
Todo muy bonito en términos de espectacularidad, salvo otros detalles que implica el criterio de oportunidad: la ley dice que debe incluir la reparación del daño y que esta figura no aplica en casos "que afecten gravemente el interés público".
En cuanto a reparar el daño se llega a decir que en materia penal en delitos de corrupción no hay daño a alguien, o que el daño es al Estado. Es decir, queda un tanto abstracto.
Una pregunta que surgiría es cuánta responsabilidad tiene Zebadúa en ese daño, y a cuál actor podría traspasarla: ¿Al PRI, que según su dicho habría utilizado los fondos desviados?
Pero la pregunta relevante, expone otra abogada, es si la FGR está utilizando correctamente el criterio de oportunidad.
"Nadie le aplica un criterio de oportunidad a Al Capone, él era el jefe", expone la abogada. "Eso se lo aplicas a una secretaria, o a un auxiliar. A alguien que tiene un nivel mucho menor o un rol marginal en el delito que se cometió; en el caso de Zebadúa suena ridículo, cuál sentencia va a tener, cuál reparación del daño se logrará", cuestiona.
La abogada expone que la Fiscalía podría estar implantando "una nueva metodología de impunidad": porque perfiles como el de Zebadúa son gente que operaban, que movían las cosas, beneficiándose de esto mismo. Su rol no era ni utilitario ni remplazable.
Así que se puede dar el caso de que Zebadúa hunda a Rosario, manche al PRI y a Peña, pero salvo la primera nadie realmente pague por esa 'estafa maestra'.
Sin machucar su presunción de inocencia, es ingenuo pensar que Zebadúa –como Lozoya pretextó– fue la pobre víctima de un esquema ideado por sus jefes para hacer cosas malas. Como (muy) ingenuo sería opinar que en ello no tuvo ganancia personal.
El reto de la Fiscalía es que el criterio de oportunidad no termine convirtiéndose en la puerta giratoria de peces gordos que declaran y campantes se van a disfrutar holgadamente de por vida lo que su ahorrativo paso por la función pública les permita. Así, en efecto, se afectaría gravemente el interés público que juraron proteger.