La Fiscalía General de la República, o sea, el gobierno federal, decidió trasladar al exgobernador Ernesto Ruffo por carretera desde el Estado de México hasta Baja California. Más de dos mil 700 kilómetros para que el opositor y todos veamos quién manda.
El antecedente más famoso y más lamentable de un traslado por tierra de una persona encausada es el de Lydia Cacho en diciembre de 2005. Hay, por supuesto, diferencias: para empezar, la denuncia de tortura por parte de la periodista, quien fue detenida en Cancún, Quintana Roo, y obligada a viajar con policías judiciales hasta Puebla capital, donde la esperaba la amenaza de otro infierno.
Salvadas las diferencias, incluso sobre la calidad de la acusación que llevó a la cárcel a Cacho –el trabajo periodístico donde denunciaba mafias de explotación sexual infantil y las complicidades desde el poder de las mismas– y a Ruffo –su presunta participación en un esquema de huachicol fiscal–, 21 años después se aprecia la reedición de una manera prepotente de proceder del gobierno.
La manera más evidente de ver cuán abusivo, independientemente de que sea legal, resulta ese modo de trasladar a un reo es recordar quiénes protestaron por el trato y la amenaza del gobernador de Puebla contra Cacho y dónde están esos desmemoriados hoy.
El traslado de Cacho fue condenado casi en tiempo real, en una era sin la potencia ni alcance de las actuales redes sociales, por ciudadanos que denunciaron la vulnerabilidad de la periodista y la arbitraria decisión de hacerla padecer largas horas en carretera.
El PRD capitalino fue uno de los que de inmediato se posicionó en contra. Y una nota del día 19 de diciembre de la agencia CIMAC noticias titula así: “Se usó la justicia para intimidar a Lydia Cacho”. En ese despacho se cita a las diputadas perredistas Beatriz Mojica (hoy candidata de facto de Morena a la gubernatura de Guerrero) y a la feminista Marcela Lagarde.
El caso de Cacho, como se sabe, se convertiría en un escándalo descomunal cuando La Jornada y Carmen Aristegui dieron a conocer conversaciones entre el entonces gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario Kamel Nacif sobre la conjura para “dar un coscorrón” a la periodista (agraviante forma de minimizar la treta que incluía violencia en el traslado y a su llegada a una cárcel poblana).
Esa conversación suscitó denuncias de Alejandro Encinas (entonces jefe de Gobierno capitalino y hoy embajador ante la OEA, tras ser el sexenio anterior subsecretario de Derechos Humanos) y de Pablo Gómez, entonces diputado perredista. Todos vieron en la detención, el traslado carretero y la pretensión de violentarla en la cárcel, y, por supuesto, en el juicio en contra de Cacho, una única maquinación.
Es tan nítido que todo el operativo quedó establecido como un condenable e inaceptable prototipo de abuso desde el poder que, muchos años después, en agosto de 2024, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, al criticar el cambio de prisión preventiva a domiciliaria en contra de Mario Marín, dijo sobre esa decisión: “otro sabadazo, imagínense, otra razón más para cambiar al Poder Judicial”.
Ayer, Ruffo iba en algún punto de la carretera rumbo a Baja California. Un trato denigrante que tiene una sola motivación: hacer sentir desde el poder que Morena no está de acuerdo en que, incluso cuando tiene por el cogote al Poder Judicial, a un septuagenario opositor procesado se le dé el derecho de llevar el juicio, en el que no ha sido encontrado culpable, fuera de un penal de alta seguridad.
Así de iguales son.