La madrugada del 2 de febrero de 2015, Diosdado Cabello hizo un enlace en vivo desde una bodega. “Estamos siguiendo instrucciones precisas del compañero Nicolás Maduro en el combate de una guerra económica que se lleva por delante las necesidades del pueblo”, dijo.
El almacén pertenecía a una cadena cuyos “clientes eran los venezolanos que vivían con lo del diario. De ahí el nombre de la empresa, Día Día, que tenía como logo un solecito anaranjado”, cuenta Catalina Lobo-Guerrero en su libro Los restos de la revolución (2021, Random House, Colombia).
Para entonces Venezuela ya estaba sumida en la crisis económica luego del desplome petrolero y las ineficientes políticas del equipo de chavistas y maduristas que controlan ese país desde hace 27 años hasta el día de hoy.
“Maduro –recuerda la autora– había prometido ponerle fin a esa guerra y crear más misiones, más planes y programas, más importaciones de medicinas y alimentos. También había dicho ‘eficiencia o nada’, y como no cumplía, cada vez había más nada”.
Ante esa realidad, lo crucial para el régimen no era corregir, sino culpar a alguien más.
Día Día fue acusado de hacer la “guerra económica” contra los venezolanos. El embate gubernamental los sorprendió: horas antes le habían dado un tour y mostrado su cronograma de distribución de mercancías al entonces presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello.
Lobo-Guerrero narra cómo evidenciaron ante los gobernantes que no acaparaban productos básicos. Al gerente “le pareció que Cabello había sido muy receptivo durante todo el recorrido. Le había gustado que Día Día vendiera en zonas chavistas” y que “en sus inventarios hubiera también productos de las empresas del Estado”.
Ya de madrugada, al terminar el tour, Diosdado cambió el tono: “actuaba como si los hubiera pillado cometiendo alguna irregularidad, con las manos en la masa, o más bien en la harina que había encontrado en el almacén”.
Lo que siguió, además de una campaña de desprestigio, fue la requisa de los almacenes, y la detención de un socio y del abogado de la empresa.
Se formularon, entre otros, delitos de “boicot con agravante de desestabilización de la economía”, con pena de hasta 12 años de cárcel. El abogado Tadeo Arrieche sería recluido en El Helicoide. No pudo acabar en peor lugar que ése: “la sucursal del terror” del “Servicio bolivariano de inteligencia nacional”, Sebin, donde las torturas físicas y sicológicas son rituales.
Tadeo Arrieche, que manejaba un Ford Fiesta 2009 y vivía en un departamento de 56 metros cuadrados, al final saldría con vida del Helicoide, sombría prisión de un país donde en agosto del año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportaba que a abril de 2025 se podía cifrar en 903 los presos políticos.
En ese mismo documento de la relatora de la CIDH para Venezuela, se consigna que tras elecciones de 2024, el régimen de Nicolás Maduro había detenido a más de 2 mil personas en protestas de unos comicios de los que los chavistas nunca publicaron las actas de su supuesta victoria.
Finalmente, la CIDH instaba al régimen a dar acceso a observadores independientes al Helicoide, donde tenían testimonios de familiares detenidos que contaban con reportes extraoficiales de que sus seres queridos se encontraban ahí: la incomunicación y las inhumanas condiciones de reclusión es otra de las marcas del régimen que es señalado por distintas ONG por los asesinatos de unas diez mil personas y por causar la migración de ocho millones de venezolanos.
Cuando a Maduro en 2023 le regalaron una maqueta del Helicoide, estructura arquitectónica que pasó de ser una referencia innovadora cuando se planteó su uso comercial a dantesco centro de tortura, celebró:
“Es una referencia moral. Les agradezco este regalo, este presente institucional que me dan, es muy significativo. Ahí está su sede nacional, ahí están sus distintas funciones. Lo recibo con mucho amor”.
Duden de quien diga que no se puede ser más inhumano: un año después en las presidenciales de 2024 el régimen se robó esa elección mientras 25 personas perdían la vida. Pero todas las fechorías de Maduro no son sólo de él. También de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, entre muchos otros.
Desde el sábado hay quien cree que eso cambió. O más bien dicho: hubo demasiados que se apresuraron a festejar la caída de Maduro –detenido ilegalmente por Donald Trump– y a minimizar la intervención extraterritorial de Estados Unidos en Venezuela.
Condenar la acción de Trump contra Maduro y su flagrante defensa de la doctrina Monroe está en el interés de todos: no se puede aceptar lo que emprendió Washington, y mucho menos sin indicios de que a la Casa Blanca le interese ya no digamos un retorno a la democracia conducido por venezolanos, sino siquiera enjuiciar a capos como el temido Diosdado Cabello o la hábil (Chávez la había querido lejos) Delcy Rodríguez. Leer, entre otros, el libro de Lobo-Guerrero resulta clave para dimensionar el grado de descomposición social, lo profundo y multifacético de la crisis de ese país, y el daño que Maduro, Diosdado, Delcy et al han hecho. Sin excluir, claro, errores de la oposición venezolana.
Con reportajes como el de esta periodista colombiana queda aún más evidenciada la patraña de una “solución” donde tras detener ilegalmente a un criminal, EU negocia con los otros criminales del régimen que lo mismo golpeaba, perseguía o encarcelaba en el Helicoide a abogados, empresarios, periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos cuyo único pecado fue no ser chavistas/maduristas.