En el libro 2018. La salida (Planeta, 2017), visto como una hoja de ruta de lo que sería el actual sexenio, Andrés Manuel López Obrador hace seis, sólo seis, referencias a la salud. No le dedica ni un capítulo, vaya ni siquiera una de las 274 páginas, a este tema, que será recordado como uno de los grandes tropiezos de su gobierno, y uno de los que más consecuencias tiene para las personas.
Y al arrancar su mandato López Obrador decidió dos cosas: la cancelación del Seguro Popular, para sustituirlo por el Instituto de Salud para el Bienestar, que arrancaría en enero de 2020; y el cambio (habría que decir extinción) en el modelo de adquisición y distribución de las medicinas, con lo que provocó el desabasto de medicamentos más grave que se recuerde.
Aunque la pandemia termine, los dolores de cabeza para las familias mexicanas por los cambios implementados por Andrés Manuel no se disiparán con el fin de los contagios masivos de COVID-19. En nuestro país no se podrá recuperar, para nada, una dinámica donde las cirugías se reprogramen con normalidad o las consultas terminen con gente yéndose a casa con medicamentos.
Como varios periodistas e investigadores han venido reportando, el desabasto fue provocado por la decisión de eliminar la compra consolidada de medicamentos y encargársela a la Oficialía Mayor de Hacienda, entonces a cargo de Raquel Buenrostro, actual titular del SAT.
Ello incluyó que, como han mostrado investigaciones de Impunidad Cero y Justicia Justa (https://www.eluniversal.com.mx/interactivos/2021/operacion-desabasto-medicamentos/) y el libro de reciente aparición La tragedia del desabasto, de Xavier Tello, el Presidente emitiera una orden el 20 de marzo de 2019 donde prohibía a tres compañías –Fármacos Especializados SA de CV, MAYPO y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico SA de CV– participar en licitaciones o adjudicaciones de medicinas del sector salud.
El Presidente se quejaba de que había concentración indebida, pero provocó que en el segundo semestre de 2019 comenzaran a sentirse los efectos de la irresponsable decisión presidencial que Tello ilustra de esta manera: “El gobierno decidió quitarle el corazón al paciente sin tener siquiera un donador”.
Sofía Charvel y Fernanda Cobo, por su parte, en noviembre pasado publicaron en Letras Libres otra panorámica del desabasto. Bajo el provocador título de El responsable es el Estado, las autoras señalan que “la situación es tal que en los últimos tres años la ciudadanía se ha visto en la necesidad de litigar para defender su derecho a la salud frente al Estado y así obtener medicamentos, vacunas y atención médica”.
Apuntan, además, que son tres “las áreas en las que el Estado, por improvisación, falta de pericia en la materia y debilitamiento del sistema público de sanidad ha puesto en riesgo la salud de los mexicanos: la modificación del sistema de abasto y distribución de medicamentos e insumos, la desaparición del Seguro Popular y la respuesta frente al COVID-19″.
Sobre el desabasto en concreto, en octubre pasado en la revista Nexos, Yessica Corral y Andrés Castañeda Pardo publicaron datos del IMSS que dejan claro cómo a partir de septiembre de 2019 el número de recetas no surtidas pasan de menos de 250 mil al mes a más de 2 millones en enero o febrero de 2020, y hasta julio de 2021 no bajaban de un millón y medio de recetas sin surtir.
A pesar de las pocas referencias a la salud, en 2018. La salida, AMLO prometía que seríamos como Dinamarca; pero en tres años no ha podido ni con el abasto de medicinas. Quizá debió dedicarle más lectura y escritura al tema.