Rosario Guerra

Someter con engaños

López Obrador hará uso del falso debate de que el Poder Judicial es juez y parte, y jugará a seguir desprestigiando a la Corte ante la opinión pública.

AMLO sabe perfectamente que ni él, ni el Poder Legislativo tienen facultades para castigar al Poder Judicial, con argumentos falaces para que el electorado tenga una narrativa en contra, por supuestos privilegios indebidos. Otra maniobra hacia el 2024. Por eso no le importan las manifestaciones, ni la oposición, pues es un acto deliberado, ilegal porque no tienen competencia para extinguir fideicomisos del Poder Judicial. Busca convencer a la ciudadanía para que le otorgue la mayoría calificada en el Congreso y modificar esta y otras cosas, como el tema energético, el electoral, para instalar una tiranía, que desaparezca de facto los poderes de la Unión con su autonomía.

El problema no es de presupuesto, los fideicomisos se formaron anteriormente a las disposiciones de regresar a la Tesorería los recursos y se destinaron a generar fideicomisos con objetivos específicos a fin de otorgar prestaciones y concesiones a los trabajadores. Los ministros tienen su propia ley de haberes y éstos no se ven afectados por la desaparición de los fideicomisos. En realidad, los ministros ganan menos que AMLO, que dispone de salario y una serie de prestaciones, comida, transporte, guardias para él y su familia, ropa, gasolinas, regalos, aviones, viáticos, pago de restaurantes, secretarias, asistentes, secretaría particular y prensa, entre otros ingresos.

Querer someter al Poder Judicial por la vía presupuestal se acompaña de la propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros. Esta medida ya se ha ensayado en otras dictaduras para mantener el control. Se busca deslegitimar al Poder Judicial porque no es electo como los otros poderes. Lo cual es absurdo, pues la profesionalización para defender la Constitución es una tarea de análisis e interpretación a favor de la nación.

La amenaza es exhibir al Poder Judicial para que la opinión pública lo repruebe. En realidad, el problema es la falta de jueces por cada cien mil habitantes, solo tenemos cinco. La justicia es, pues, lenta. El Ejecutivo es quien propone a los ministros con total discrecionalidad, los nombra el Senado, y AMLO se queja de traición, pues algunos de los que propuso han actuado conforme a derecho y no a consignas. Con excepción de Loretta Ortiz y de la cuestionada Yazmín Esquive, que representan la abyección más indigna.

Las manifestaciones del sindicato del Poder Judicial fueron acompañadas por la marea rosa que no se engaña con los dichos de legisladores que afirman que al desaparecer los fideicomisos, se otorgarán a AMLO los recursos para aplicarlos al presupuesto y se gastarán este año. Y no habrá dinero para resarcir salarios y prestaciones. Claudia Sheinbaum apoya la elección de los funcionarios del Poder Judicial y comparte críticas infundadas señalando corrupción. Pero como siempre no hay denuncia alguna.

Decir que hay que democratizar al Poder Judicial porque los otros ya lo hicieron, es falso. El Ejecutivo no se ha reformado desde la Constitución de 1824. El Poder Legislativo tiene prohibiciones como el poder investigar la aplicación del gasto público. Por eso, el Frente Cívico Nacional y el Frente Amplio por México ya han planteado una verdadera reforma del poder. Proponen gobiernos de coalición, más profesionales y con funciones y atribuciones definidas. Al igual en el Poder Legislativo, las coaliciones darían un nuevo giro a las decisiones bien informadas para modificar leyes e impulsar políticas públicas con participación de la sociedad civil.

Pese a protestas en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, el Senado aprobó la extinción de los fideicomisos. La exministra senadora Olga Sánchez Cordero apoyó al Poder Judicial e hizo un llamado a jueces y magistrados para que defiendan sus derechos. Acusó al Poder Ejecutivo y al Legislativo de injerencia para afectar a la Corte, que rompe el ejercicio republicano al intervenir en la administración interna de otro poder. Morena no escuchó razones. Defender a los trabajadores, señaló Olga Sánchez, es un imperativo, ante la afectación de sus conquistas laborales.

Desde luego, los trabajadores se ampararán contra la medida que afecta sus derechos laborales adquiridos. Serán miles de casos. Pero lo que avanzará más rápidamente es la acción de inconstitucionalidad de los legisladores. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) quien deberá decidir su procedencia. Y como es una acción claramente ilegal, el resultado ya vislumbra un fallo a favor del propio Poder Judicial.

Entonces, AMLO hará uso del falso debate de que el Poder Judicial es juez y parte, y jugará a seguir desprestigiando a la Corte ante la opinión pública. La supremacía de la Constitución federal es inviolable. La SCJN tiene el carácter de tribunal constitucional, función específica que aplicará ante las acciones de inconstitucional que se presenten por afectaciones al Poder Judicial. Así pues, no hay un carácter de conflicto de interés al juzgar los casos.

Sin embargo, AMLO y #EsClaudia andan en campaña y buscan lastimar instituciones para apoderarse de ellas y destruirlas, para centralizar el poder político en el titular del Ejecutivo, sin resistencia alguna. Acabar con el Estado de derecho, tener tribunales a modo, pondría al país en un grave peligro, pues no existiría la certeza jurídica para ninguna inversión, proyecto o servicio. Sin seguridad no hay progreso, ni desarrollo. Ni el nearshoring, esperanza para crecer, se podría concretar. AMLO quiere seguir ejerciendo un mandato extraconstitucional, aún sin cargo, para manejar al país conforme a ideas retrógradas y peligrosas para todos. Por eso quiere la mayoría en el Senado, y de ser posible en la Cámara de Diputados. Su piñata hoy es el Poder Judicial.

Nuestra obligación es mantener la armonía entre los mexicanos. Tenemos que unir lo que AMLO fraccionó. No hay buenos o malos mexicanos. Todos, con nuestra pluralidad, cultura y valores, somos México. Compartimos un destino común, hoy en peligro de avanzar hacia un autoritarismo y una militarización creciente que socaven libertades. Es momento de marchar juntos por nuestros derechos, hoy por los trabajadores del Poder Judicial, ayer por la defensa de las elecciones y el apoyo a la SCJN, mañana por otras acciones que tendrán lugar en esta contienda electoral, donde lo más importante es salir y votar.

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