El Estado ha ido evolucionando a través de los siglos. Su primera forma fue el Estado nación, con territorio, pueblo y gobierno. Surgieron los primeros países europeos. Luego se afianzó la ley sobre el dogma y se perfiló el Estado de derecho. Posteriormente al tomar el poder político, la burguesía crea el Estado liberal con su división de poderes. Las miserias del proletariado durante la Revolución Industrial generan el Estado de bienestar. La independencia de Estados Unidos para aglutinar 13 colonias distintas construye el federalismo. En la Primera Guerra Mundial surge el primer Estado socialista. Tras la Segunda Guerra Mundial se produce la Guerra Fría que enfrenta dos tipos de Estado. La caída del muro de Berlín marca el predominio del Estado capitalista con sus diversos componentes. Mientras tanto China se moderniza y sin abandonar el modelo socialista lo combina con el mercado.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos vuelve a transformar al Estado y la dignidad del individuo prevalece como valor social. El Estado se va especializando y empiezan a surgir los primeros organismos autónomos que sin ser Estado, forman parte del sistema de gobierno. Surgen los comités para rendir cuentas, las comisiones de derechos humanos, las agencias de medio ambiente y así sucesivamente se va especializando la toma de decisiones informadas.
Los órganos autónomos surgen en México para acabar con el poder centralizado que no podía ser especialista en todos los ámbitos, por lo cual muchas decisiones eran discrecionales y a veces, erróneas y costosas. Surge la creación de diversos órganos autónomos especializados para acotar la discrecionalidad, tomar decisiones técnicas, realistas y viables, transparentar los procesos, generar valor e impulsar el desarrollo.
Para AMLO estos órganos le parecen inútiles. Critica su desempeño. Siente le restan facultades, lo que en efecto sucedió desde hace años para acotar al propio Ejecutivo. No les reconoce su profesionalización y no admite su autonomía. Sueña con el viejo Estado totalitario al tipo fascista: nada fuera del Estado; nada contra el Estado; todo por el Estado; encarnado en un líder carismático. Se cree autor de un nuevo Estado ético que para imponerse vulnera libertades, infunde temor y busca aparecer como pensamiento hegemónico.
Ya sabemos hoy el INE y el TEPJF son los más atacados, para poder retomar el control electoral por el Estado. No se buscan elecciones libres, transparentes, legales, con certidumbre. Por el contrario, con o sin plan B, busca apoderarse del control del INE con consejeros a modo, lo que puede reproducir conflictos poselectorales y violencia. Pero dejar el poder nunca pasa por su cabeza.
En esta lógica, otro organismo que le resulta altamente molesto es el INAI. No le gusta la transparencia pública de los costos de sus megaobras y sus fracasos. No le agrada sea fuente investigaciones. No respeta los datos personales y los usa para atacar y acallar periodistas, investigadores, críticos, gobiernos extranjeros. Ahora utilizó el veto a dos consejeros del INAI para impedir su funcionamiento, tras un año de retraso.
Como lo analiza el doctor Jaime del Río, se argumentó que los nombramientos no deben ser producto de acuerdos partidistas. Lo cual es una falacia. Busca impedir el funcionamiento del INAI pues el 31 de marzo concluye el encargo de otro consejero, y ya no habrá quorum para sesionar. Ante lo cual el INAI interpuso una controversia constitucional, pues con el veto se impide el cumplimiento de la función constitucional de ser garante de transparencia, acceso a la información pública y protección datos personales. Esto pone en riesgo el sistema de pesos y contrapesos que garantizan la democracia.
Como Del Río afirma hay un conflicto entre normas constitucionales, la del veto presidencial y la del funcionamiento del INAI, y será la SCJN la que debe establecer la primacía de los derechos. En este caso, la Corte debe sobreponer como parte de los derechos humanos fundamentales, el de la población a acceder a la información pública y la protección de datos personales, por encima del derecho de veto del Ejecutivo federal, quien además incurrió en un retraso inexplicable pues fue hasta el 17 de marzo que lo anunció. El problema son las cargas de trabajo y el tiempo de la Corte para sacar la resolución. El segundo problema es que aún con orden judicial el Senado termina su periodo el 30 de abril, y no siempre acata en tiempo las resoluciones de la SCJN.
Así las cosas está en manos de Morena la decisión de paralizar o no al INAI. Ya que los mecanismos de acuerdos para mayorías calificadas están establecidos en el artículo 6 constitucional, que señala cómo se deben nombrar a los consejeros por dicha mayoría. Y esto implica la voluntad de AMLO que quizá prefiera quitarse de encima tan molesta función.
Según Del Río, si no hay nombramientos, la Corte puede justificadamente condicionar la conclusión del encargo del comisionado saliente en marzo, hasta en tanto no se tengan los nuevos nombramientos que eviten la parálisis parcial del INAI y aseguren el cumplimiento de los derechos humanos constitucionales.
Lo mejor sería que el Senado cumpliera a la brevedad con su obligación de nombrar tres consejeros antes del 31 de marzo, a fin de evitar que el INAI caiga en incumplimiento de sus funciones por la decisión presidencial, dispuesta a acabar con los órganos autónomos, con gran desprecio hacia la profesionalización de los mismos, y con el deseo de control absoluto del Estado y del derecho, que lo obsesiona.