Rosario Guerra

Decretazo

El decreto de López Obrador sobre sus obras prioritarias viola preceptos constitucionales, tratados internacionales y leyes secundarias, la última decisión quedará sobre la SCJN.

Tras la investigación de Carlos Loret de Mola se conocieron varias irregularidades del gasto público del Ejército en la construcción de las obras prioritarias de AMLO; quedó en claro que la transparencia era un estorbo para el gobierno. La entrega de sus obras emblemáticas a las Fuerzas Armadas para protegerlas de la corrupción rodó por los suelos. El discurso del general Luis Crescencio Sandoval fue una cubetada de hielo. Pedir el apoyo a la 4T algo nunca esperado y fuera de la lealtad a las instituciones. Hoy se habla de complicidad en corrupción. Incluso de la militarización del país como verdadero proyecto de López. Ni Scheinbaum, ni Ebrad, ni Monreal.

Los cambios acordados, el modelo de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas que llevaron años y negociaciones entre los partidos, estorban a la 4T, pues dejan investigar en qué y cómo se gasta, los datos de proveedores y contratistas, su experiencia y domicilio. Aún sin auditorías, ya podemos conocer el desarrollo de los procesos de adquisiciones y de obras públicas.

Un escándalo mayor a los ya conocidos de los parientes y amigos de AMLO, hermanos, sobrina, amigos, esposa, gabinete, CFE, Pemex, Secretaría de Energía, López Gattel, Paola Félix, en fin, y ahora se suman las Fuerzas Armadas a la larga lista de corruptelas de un sexenio que sin duda se preocupa por el futuro, si no gana elecciones de 2024, si se realizan, porque el narco también parece aliado del gobierno.

El INAI y los legisladores de Va por México ya anunciaron que pedirán a la SCJN declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial. Utilizar la seguridad nacional, un tema delicado para investigar y combatir terrorismo, narcotráfico y delitos graves que atenten contra el país, es francamente un exceso para ocultar corrupción. El pretexto, dice AMLO, es para evitar retrasos y concluir las obras. Si se afecta medioambiente, derechos de pueblos indígenas, si se exceden costos, si hay inconformidades, si no hay expedientes y estudios técnicos, ninguna queja prosperará por la vía del amparo, porque los temas de seguridad nacional aplican excepciones por un bien mayor.

En este caso las megaobras de AMLO no son temas de seguridad nacional, están obligadas a cumplir las leyes administrativas, sin excepciones, más cuando se llevan la mayor parte del Presupuesto y no queda clara su utilidad.

Si bien no se trata de una ley, y el decreto presidencial tiene fundamento constitucional, el problema es que este decreto pone la voluntad de Ejecutivo por encima de las leyes. La seguridad nacional no puede apartarse del marco de la legalidad con la que se creó, que considera derechos humanos y responsabilidad. El decreto de AMLO obliga a las dependencias y entidades de la Administración Pública a violentar las leyes que las rigen, pues no se puede justificar la seguridad nacional implicada en las obras públicas que desee el Ejecutivo federal.

La afirmativa ficta está reglamentada y por el decreto se debe también utilizar facciosamente, si los servidores públicos se niegan a autorizar la seguridad nacional por carecer de elementos, a los cinco días quedan automáticamente autorizadas, lo cual es una contradicción de la legalidad a aplicar.

La violación a tratados internacionales, el Acuerdo de París sobre cambio climático, desertificación, diversidad de especies de flora y fauna, el acceso a la justicia en materia de ecología, desarrollo, transparencia, derechos humanos, derechos de pueblos indígenas de la OIT, entre otros.

Estamos ante una clara manipulación de las facultades del Ejecutivo federal para utilizarlas a fin de encubrir corrupción, ineficiencia, falta de capacidad, exceso de gasto, falta de estudios y proyectos, racionalidad económica de las obras, por eso hay quien considera que el decreto presidencial es casi equivalente a un golpe contra el Estado de derecho.

Debemos alzar la voz contra este nuevo ensayo de cubrir mañosamente corrupción e ineficiencia, complicidades y críticas. Es el más grave de los registrados. En solo una semana se dieron los tres hechos, el reportaje de Loret, el discurso de Crescencio y el decretazo. No son casualidades, son causalidades, que van a la raíz de los procesos de transparencia y de eficiencia. Colegios y asociaciones de abogados deben activarse.

La lista de sorpresas de AMLO son muchas, contra prensa, contra críticos, contra científicos, contra padres de niños con cáncer, contra feministas, contra la UNAM y universidades públicas, el empoderamiento del Ejército y la adscripción de nuevas funciones alejadas de sus objetivos, parece que hasta medicinas tendrán que repartir, tras la destrucción que el ‘Dr. Muerte’, la Cofepris y AMLO hicieron del sistema de compras consolidadas de medicamentos y su distribución.

La violencia crece, ya sobrepasó los 100 mil muertos, no hay atención a huérfanos, a mujeres maltratadas, a infantes de menos de cinco años con madres trabajadoras, los costos del narcotráfico inciden en la corrupción, plata o plomo, y cada vez hay más involucrados en la comercialización de drogas. Se habla incluso de que EU pueda equiparar el narcotráfico con el terrorismo, lo cual pondría a México en una situación vulnerable en su soberanía.

Pero AMLO anda más preocupado por reunir las firmas para la revocación del mandato. Sus ataques al INE y al TEPJF continúan, castigan presupuesto y serán los culpables si el ejercicio no se realiza, aunque de hecho ya le recortaron los recursos para ese ejercicio.

No nos interesa que se hagan obras prioritarias de AMLO que son cuestionables. Nos interesa que el país funcione. Que el gasto público se use en beneficio de las necesidades del pueblo, no solo con dádivas. Con transparencia y sin corrupción desbocada. Quedará en la SCJN la decisión sobre el decretazo de AMLO que viola preceptos constitucionales, tratados internacionales y leyes secundarias. Ojalá la visión incorpore la seguridad del país.

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