Rosario Guerra

Debate o descalificación

En la Cámara de Diputados no importa si los cambios que impulsa la oposición pueden ayudar a resolver problemas, las prioridades las dicta el presidente.

La Cámara de Diputados ha caído al más bajo nivel de la deliberación política. No es un foro de debate de las ideas para legislar a favor de la nación. Cierto es que durante años el PRI gozó de hegemonía y se impuso con su mayoría al legislar diversos temas, incluido el PEF y la Miscelánea Fiscal. Las razones no eran para respaldar un proyecto o tres del Ejecutivo, eran tomadas debido al manejo macroeconómico, los tratados internacionales y el crecimiento de inversiones y empleo.

Tras el populismo de Echeverría, escuela donde abrevó López Obrador, y el sexenio de la administración de la abundancia por el descubrimiento de Cantarell, con López Portillo, la economía y la política se estancaron. Frente a la crisis el sistema respondió con una salida democrática, ampliar la participación de los partidos opositores en el Congreso de la Unión.

El debate ganó espacios, las demandas se analizaron y poco a poco se hicieron cambios para perfeccionar instituciones. Las propuestas de la oposición para crear el IFE, después el INE. La decisión de crear tribunales electorales autónomos, hasta llegar al TEPJF, como parte de Poder Judicial. La nueva credencialización y el padrón electoral.

La participación ciudadana en las casillas para llevar adelante la votación, el financiamiento público a los partidos políticos para evitar uso de recursos ilícitos, la transparencia y la rendición de cuentas, las cuotas de género hasta llegar a la paridad.  Las modificaciones al PEF, a los topes de endeudamiento público, todas propuestas de la oposición y las organizaciones de la sociedad civil fueron avanzando en un proceso ininterrumpido de reformas políticas hasta llegar a la alternancia, por la vía pacífica e institucional.

Tras años de críticas y de los problemas de los diferentes gobiernos, el pueblo decidió darle a AMLO la oportunidad de un cambio. Su partido no alcanzó la mayoría en la pasada elección de diputados, pero gracias a su alianza con el PT y el PVEM, mantienen los votos para imponer sus iniciativas.

Lo que me parece excesivo es el trato que dan a las oposiciones. No importan las propuestas, su razonabilidad o viabilidad, si permiten o no mejorar los proyectos y la calidad de vida de los ciudadanos. Todo se rechaza con insultos, con descalificaciones, con groserías, sin argumentos, con gala de lealtad al líder AMLO. No importa si los cambios que se impulsan se justifican o pueden ayudar a resolver problemas. Las prioridades las dicta el Presidente, quien no lo quiera entender es vapuleado, amenazado, agredido, las diputadas ofenden a sus compañeras, sin sororidad alguna, sin conciencia de género.

No hay ya debate en la Cámara de Diputados, solo descalificaciones. Se sigue el modelo de polarizar, de no escuchar, de no asumir compromisos. El padre de Checo Pérez, cuya trayectoria es orgullo nacional, es de los más groseros y rijosos, quiere debatir a golpes. Es tan penoso lo que ocurre. Ni aún en la calificación del presidente Salinas, en un Colegio Electoral agresivo y complejo, la mayoría rehuyó el debate.

La comparecencia del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, en la Cámara de Diputados fue tan grotesca que nunca imaginamos cómo brillaría el talento frente al linchamiento. No se atendieron razones, ni se aceptó que la Cámara autorizó lo salarios del INE, por juicio en proceso. Ni la legalidad, imparcialidad y equidad con la que se conduce. Ni un argumento, solo villanías. Y un recorte mortal.

Como lo anunció AMLO, se va a utilizar el linchamiento contra legisladores de oposición. La supuesta defensa y movilización para apoyar la reforma eléctrica, a la cual la oposición pretende devolver los oídos sordos, va a ser un riesgo a la integridad de legisladores, como ya sucede con periodistas. La subyugación, la humillación, la amenaza, la descalificación ocuparán espacio que el debate legislativo debería resolver. El diálogo debería restablecerse.

Si la reforma eléctrica se mantiene como está, con monopolio de la CFE, del manejo del litio, con violaciones contra inversionistas, con determinación de la composición del mercado, con prohibiciones a las energías limpias, con mayores costos a usuarios golpeando la competitividad del país, violando tratados internacionales y con riesgos de demandas impagables, es imposible aceptarla.

Pero a AMLO no le interesan las consecuencias, ni de un PEF que solo atiende cinco prioridades y deja al resto del país fuera, ni de nuevas reglas para conducir el proceso de transición energética, que viola compromisos COP26 y otros tratados internacionales, con tal de monopolizar y centralizar el poder. No entiende la globalización, las cadenas productivas, ni los mercados. Total, los que pagarán los costos son los consumidores.

Hoy en la reunión trilateral en Washington, D.C., entre los presidentes del TMEC, el tema energético no está considerado como uno de los temas a tratar, según dijo el canciller Ebrard. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el estadounidense Biden le pida a AMLO claridad en la materia. ¿Podría responder algo congruente? ¿Cuál sería el resultado de este diálogo que no sea la simple descalificación con que trató al embajador Salazar “por no saber nada”?  Los costos de no llegar a un acuerdo pueden ser fuertes, con demandas y sentencias a pagos imposibles de cubrir por el gobierno mexicano. Hablarán de otros temas, pero hoy la reforma eléctrica está en el centro de un debate. Y será serio, no de descalificaciones o chantajes.

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