Cuando en 2012 se inició la discusión sobre la violencia política contra las mujeres hubo poca receptividad del tema. Se alegaba que en campañas siempre surgían problemas y había desencuentros y descalificaciones, lo cual no era un tema de género sino de competencia política mal conducida. Que no era necesaria una legislación específica en la materia porque no era un problema de género. Se prohibieron campañas negras, pero como éstas son anónimas, difícil aplicar sanciones y ubicar responsables.
Han pasado ya varios años y varias iniciativas de senadoras y diputadas que han tratado de legislar en materia de violencia política contra las mujeres que hace nulos sus derechos. Muchas plantearon propuestas para abatir este fenómeno que fue creciendo conforme las cuotas se afianzaban, primero de 30/70 como recomendación, luego como obligatorio con intercalados en listas plurinominales, hasta llegar al 60/40, que fue rechazado por los partidos
No hay suficientes mujeres capacitadas para ser propuestas, no tienen experiencia, no tienen interés, no es un tema que les importe, no debe ser un aspecto obligatorio sino de capacidades, de desempeño, de méritos. Como si las mujeres no tuviesen el mismo derecho que los hombres a iniciar un desarrollo político. Porque ellos no nacieron con experiencia y méritos. Era un problema de oportunidades, en resumen, un problema de igualdad y no discriminación.
Poco a poco se abrieron espacios, pero colocaban a las mujeres en los últimos lugares de las listas. Las mandaban a distritos perdedores de sus partidos. Decían en asambleas las mujeres no eran electas en procesos democráticos internos. Ante protestas, las destituían de cargos partidistas, no apoyaban económicamente a las candidatas, en fin, toda una gama de medidas para cumplir sin acatar.
El colmo fue el caso de las juanitas donde los partidos para cumplir el 60/40, postularon mujeres que tras rendir protesta pedían licencia para que un varón ocupara el espacio. Fue un escándalo como se eludió la ley. Mujeres en Plural presentó juicio de derechos políticos ante tribunales. Ganaron con una sentencia, la 12624, que establecía criterios. Solo puede suplir a una candidata otra mujer. No importa si hay elecciones democráticas, la cuota se debe cumplir. Se debe intercalar en segmentos de cinco a por lo menos dos mujeres, en las plurinominales. Se aumentó el monto para capacitar cuadros femeninos en los partidos. Se prohibió mandar a mujeres a distritos perdedores, se estableció un mecanismo de seguimiento del IFE y finalmente, la sentencia del TEPJF no dejó espacio para trampas.
En 2013 la iniciativa de reforma política se aprueba con la modalidad de paridad en candidaturas a Congreso de la Unión y congresos locales. Después la SCJN incorpora a los cabildos, como órganos colegiados a la paridad. Muchos estados a raíz de sentencias, cambian sus leyes e incluyen la paridad municipal. En 2015 llegan a más de 30 por ciento las mujeres legisladoras. En 2018, el número crece a más de 40 por ciento y en congresos locales se supera 50 por ciento. Esta masa crítica de mujeres fue básica para que las iniciativas de Malú Micher y Kenya López, sobre paridad en todo, avanzara.
No fue fácil incluir municipios y pueblos indígenas en la paridad, tampoco fue sencilla la aprobación en la Cámara de Diputados pues Muñoz Ledo insistía en dictaminar su propuesta y regresar minuta al Senado, lo que evitaría se pudiesen aplicar los criterios para las elecciones de 2021. La paridad en todo prosperó y se aprobó la reforma constitucional.
Pero para lograr este avance se necesitaba que existiera un marco de inhibición a la cultura patriarcal. Por fin, se legisló en violencia política en contra de las mujeres en razón de género. Se reformaron las leyes electorales, se crearon delitos, se modificó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se establecieron nuevos procedimientos para agilizar justicia y medidas de protección, y se establecieron penas que pueden ir de seis meses a cuatro años de prisión.
Muchos, como suele suceder, ni se enteraron, así que la violencia política se registró en los comicios de 2021. Tribunales y órganos electorales han actuado, pero predomina la cultura machista. Hoy se juzgará el caso de Ruperta, candidata a presidenta municipal en Iliatenco, que fue víctima de todo tipos de agresiones, porque se decía las mujeres no saben gobernar, era bruja y había causado muertes con sus hechizos. En fin, argumentos del medioevo, con fuerte violencia. Perdió por 49 votos y siguen agresiones. Su caso se llevó a tribunales. Varias redes hemos estado al pendiente de la sentencia. El Tribunal Regional emitió sentencia para cancelar la elección.
Los opositores recurren al TEPJF. Hoy tendremos sentencia. Ojalá sea favorable para anular la elección, nunca se ha dado este caso. Pero lo cierto es que acabar con la violencia política contra las mujeres implica un cambio cultural, acabar con el patriarcado llevará años para modificar la cultura. Pero más valen los hechos que las palabras. Si el TEPJF decide a favor de Ruperta, los partidos y sus caciques tendrán un mensaje claro: NO deben agredir a las mujeres por razones de género. Lo demás es mucho más complicado de entender. Los hechos dicen más que las palabras, y se avanza más rápido.