En su campaña, AMLO prometió devolver a los militares a sus cuarteles. Los acusó de violar derechos humanos, de ser represores, ineficientes, que el Estado Mayor Presidencial era inútil, en fin. El discurso del general Carlos Gaytán, en respuesta, fue duro y directo. Seguramente puso a pensar a AMLO en una nueva estrategia, pues las FAM son de gran prestigio y representan una institución poderosa. Vino un cambio. Primero, para legislar en materia de Seguridad Pública, y poco a poco, para que los militares tomaran más funciones. Hoy tienen 22 adicionales que realizar. Son constructores, administradores portuarios, operadores aeroportuarios, guardianes y vigilantes, hacen obra pública, responsables de la seguridad presidencial, tendrán ingresos propios de los proyectos de infraestructura que se les autoricen, en fin, han salido mucho muy fortalecidos con una nueva alianza con el Ejecutivo federal.
Están dedicados a ser albañiles, plomeros, oficinistas, ingenieros, barrenderos, electricistas, colocan vías de tren, construyen pistas aéreas, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, cuidan la seguridad pública. Se expanden en funciones que muchas veces requieren de personal civil, como el comercio en puertos, y abarcan todo tipo de actividades. Estos hechos, desde luego, merman su capacidad de respuesta a su fin específico, la seguridad nacional. Y mientras se involucran en una diversidad de acciones, el narcotráfico se empodera, se arma, se organiza, abarca mayores campos para delinquir, el huachicol, trata de personas, polleros.
El 6 de junio, las FAM habrán de colaborar en la vigilancia del proceso electoral. Siempre lo han hecho, la diferencia es la confrontación del Ejecutivo federal con las autoridades electorales. La descalificación que hace de estas instituciones autónomas, a su imparcialidad y responsabilidad como árbitros del proceso y su organización, pone un escenario diferente. ¿Por qué AMLO quiere descalificar al INE y al TEPJF? Yo creo que busca volver a negar los resultados de las elecciones con su discurso de fraude electoral. Sobre todo, si pierde varias gubernaturas y llega a estar en desventaja en la conformación de la nueva Cámara de Diputados.
La SCJN no resuelve controversias, ni avanza en juzgar inconstitucionalidad de diversas leyes. El retraso favorece a AMLO. No son procedimientos sencillos, ni rápidos, pero se acumulan. Y si se quedan sin resolver, siguen de alguna manera la vigencia, aunque no la aplicación de ciertas leyes. AMLO ya coquetea con su reelección. Se la pidieron sus paisanos en Dos Bocas, en mitin por él organizado, y lo cuenta muy ufano. Un camino puede ser el de alargar el mandato. Depende de lo que se decida en la SCJN sobre su propia Presidencia, que por un transitorio se amplía por dos años adicionales, lo que contraviene la ley.
Las encuestas muestran una caída en las preferencias por Morena, aún cuando la popularidad que AMLO presume sigue vigente. Por eso usa la mañanera para actividades electorales, disfrazadas de legalidad por una supuesta defensa de la democracia, haciendo denuncias contra candidatos y partidos que supuestamente violan la ley impunemente. El INE y el TEPJF viven momentos difíciles. Caer en la confrontación y fortalecer acusaciones contra sus funciones e imparcialidad es un camino peligroso.
Pero tolerar la impunidad de AMLO por su intervención en el proceso electoral igual es dañino para su credibilidad y sus funciones. Deben ser muy cuidadosos en su manejo. Apegarse a la ley en cuanta decisión adopten, más allá de críticas, normales en contra de su arbitraje. La crítica de AMLO a la elección de los consejeros del INE y magistrados del TEPJ, por alianzas partidistas, nada tiene que ver con su desempeño.
Que le moleste que en 2006 algún consejero firmó para negar el fraude electoral demuestra su rencor hacia muchos personajes de la vida política por nimiedades. Ni hubo fraude, ni se puede coartar la libertad de expresión. Debe reconocer que el propio Consejo del INE le validó su triunfo electoral en 2018, es decir, salvo renovaciones, los mismos consejeros a los que descalifica.
La elección por dos terceras partes del Pleno de la Cámara de Diputados tiene una lógica. Primero, no hay método que pueda garantizar total imparcialidad porque las personas tienen desempeños profesionales, una historia. Dos porque validar esa historia que garantice su imparcialidad y su desempeño, la deben tomar de dos a tres partidos políticos. Si hay veto, no pasan. Así, el árbitro está avalado por los competidores que representan la mayoría de los votos. A estas alturas el método ha funcionado y las críticas de AMLO sobre la falta de representación de otros partidos esa la decisión, la define su presencia en las urnas, es decir, su número de diputados. Un grupo pequeño no hace una diferencia en una decisión de mayoría calificada. Pueden opinar y votar, pero no se ha dado el caso de que veten las propuestas en el Pleno.
Volver a dejar en la presidencia de la República los procesos electorales, que hemos definido por acuerdos y transparencia, con certeza, legalidad y equidad, sería un retroceso terrible. Eso es lo que AMLO busca al polarizar y confrontar. La duda es si se atreverá a descalificar los resultados electorales si le son adversos. O si habrá de nuevo rufianes electorales presionando votantes y violentando el proceso. O si la compra de votos seguirá en total impunidad por los siervos de la nación que ‘alquilan’ credenciales electorales según narran activistas en campo. En este escenario el Ejército habrá de tener una actividad de gran responsabilidad al mantener el orden y garantizar la paz de los comicios. Su prestigio y responsabilidad debe estar con los mexicanos. Lo demás sería traicionar a la democracia. AMLO no es México.