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21/11/2019

Nos acercamos a decisiones impostergables. Sea en la economía o en la política; se trate del régimen político o de nuestro lugar y papel en los mundos que emergen con la Gran Recesión y el impetuoso cambio tecnológico, fundido con una no menos rauda revolución científica y cultural, el dilema es el mismo: no podemos evadir nuestra responsabilidad, porque de intentarlo, otros lo harán por nosotros.

Tal es el acertijo al que nos somete la interdependencia, prohijada por la globalización de fin de siglo y exigida por la que vendrá, salvo que Trump y sus secuaces se impongan y “cierren” un mundo a cuya formación nos convoca la secuela de la crisis de hace diez años. Una que no sólo devastó formas de vida sino que evidenció la caducidad del régimen internacional erigido en la posguerra y que, orgulloso, presumía su triunfo universal, sostenido en el mercado mundial y aceitado por la expansión de la democracia representativa y la generalización de los derechos humanos.

Se trató de una visión ilusoria que se quedó en hipótesis de trabajo de los ganadores del gran conflicto y que ahora Trump, al encabezar otra modalidad de la “revolución de los ricos”, sin respeto alguno por los códigos convencionales asociados al liberalismo económico extremo o neoliberalismo, mina terrenos que pueden estallar en guerras comerciales o financieras pero también en mayor deterioro, de por sí grave, sistema ecológico y climático.

Asumir estos horizontes obliga a ser responsables y adoptar decisiones fundamentales; de entrada, aceptar que estamos rebasados, entre otras razones porque nuestros conocimientos y destrezas son insuficientes y se han menguado tras largos años de crisis y dictadura del corto plazo; también, reconocer que el México real —el político, moral y económico— ha crecido, y sus resortes de relación y comunicación se han embarnecido, aunque no siempre de modo orgánico.

Además, reconocer que la educación superior, la investigación científica y el desarrollo tecnológico que han sobrevivido a muchas omisiones y excesos bien podrían ser herramientas valiosas que nos auxiliaran en la formulación de proyectos. De aquí la urgencia de que el sistema político asuma la defensa de universidades y centros de investigación como un compromiso ineludible que debe reflejarse en el presupuesto pero también en programas de mayor plazo.

Inscribir la educación, la capacitación y la investigación en una visión desarrollista debería ser cometido principal de los partidos y el Congreso; explícitamente, debe conformar uno de los ejes rectores de la revolución fiscal, presupuestaria y de tributos, cuyo inicio no puede esperar los plazos establecidos por el Presidente de la República.

Ante el panorama de los diputados sitiados, no solo por los hombres del campo sino por su propia falta de responsabilidad, no puede haber más “silencio comprensivo”. Los desfiguros parlamentarios de las últimas semanas, no deberían servir de fútil pretexto para dejar de exigir al Congreso el cumplimiento de sus responsabilidades y tareas. En esto sí se que se juega la supervivencia de la democracia representativa y del propio Estado democrático. Irresponsabilidad económica, fiscal, financiera, con liviandad política, es una fórmula corrosiva del poco orden estatal que nos queda.

Más que proclamar la quiebra inminente de la vida republicana o reafirmar la fe en una transformación sin perfil ni contenido claros, urge deliberar sobre un régimen económico que ya dio de sí y adecuar lo necesario en el sistema político para que encauce y de sentido a una mudanza estratégica que se ha vuelto vital para el Estado y para todos nosotros.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.