En días pasados Enrique Quintana (EL FINANCIERO, 1/02/19), frente a nuestro cuasi estancamiento económico, apunta algunas razones necesarias para acordar un nuevo pacto social. Qué bueno que lo haga; varios somos quienes hemos estado insistiendo en la necesidad de tejer un gran acuerdo que se haga cargo sin dilaciones ni pretextos de nuestro deshilachado rostro social que se agrava no sólo por el aumento de la violencia y criminalidad sino por omisiones propias así como por incumplimientos de nuestras propias legislaciones.
Recientemente el ministro Zaldívar escribió (Milenio, 5/02/19): "Los derechos sociales imponen un deber de resultado. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de satisfacer en forma inmediata sus contenidos mínimos y avanzar progresivamente en su protección. Ante ello, el reto de los jueces federales es asumir en forma decidida un proyecto de interpretación constitucional transformador, a través del cual se promueva el cambio social, dirigido a obtener resultados tangibles en la vida de las personas".
De aquí la urgencia de realizar una gran reforma social de Estado, que debería ser un edificio modular construido por diferentes reformas; en primerísimo lugar, la hacendaria-fiscal, con el propósito de dar sustento y sentido al gasto público. Así, el eje de un acomodo social centrado en el bienestar para el conjunto de la sociedad tendrá que ser un pacto social abiertamente redistributivo.
Tiene razón Quintana al anotar: "La inversión realizada por el Estado debe volverse un catalizador de las inversiones privadas. Por cada peso invertido por el Estado, al paso de los meses o de los años, debe haber muchos pesos más invertidos por el sector privado. Y agrega: Si queremos que la inversión privada crezca, el Estado debe invertir y recaudar más" (EL FINANCIERO, idem).
El Presupuesto público tendrá que ser el espacio por excelencia para dirimir opciones y forjar acuerdos sociales y económicos; un vehículo para la concertación política y la asignación de recursos con horizontes de mediano y largo plazos, donde queden consignados los compromisos de la sociedad con los derechos fundamentales como lo mandata la Constitución, con la justicia social.
De manera telegráfica menciono tres tareas: mejorar sustancialmente la eficacia recaudatoria con el objetivo de ir cerrando los huecos para evasiones o elusiones. México sigue siendo el país de la OCDE donde menos impuestos y contribuciones sociales se pagan. Hablando de impuestos, el gobierno debe comprometerse con la transparencia; nada mejor para sumar apoyos que ejercicios permanentes de transparencia, eliminación de gastos superfluos o abiertamente inequitativos. Los delitos asociados al ejercicio del gasto público deben ser sancionados como parte de una estrategia anticorrupción. También resulta necesario abatir el gasto fiscal.
La cuestión social nos urge a sumar a voluntades y criterios. Nuestra guía debe ser la equidad, la remoción sostenida de la pobreza y los avances efectivos hacia la igualdad. Sólo mediante la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente se podrá aspirar a un crecimiento económico sostenido, que a su vez sea un factor para garantizar la estabilidad política y la consolidación de las instituciones democráticas, paso franco al régimen comprometido con los derechos humanos como lo establece la reforma constitucional de 2011.
Llama la atención, en este sentido, que el nuevo gobierno haya optado por una política económica, fiscal y financiera, apegada a los principios de la consolidación fiscal que, en nuestro caso, dada la debilidad fiscal e institucional del Estado, se traduce en mayor contención del gasto público, en particular la inversión, sin que de manera realista sea posible esperar que la inversión privada vaya a subsanar esta contracción.
Sin embargo, lo importante es avanzar hacia un gran acuerdo social; de hacerlo, se irá desbrozando el camino para la urgente reforma tributaria.