Por muchos años, la información económica y financiera fue considerada como objeto de seguridad nacional y sometida a “resguardo”. Cuando no al entierro después de algunos años de gracia.
A pesar de que México tiene una tradición centenaria en materia estadística, como lo podría probar la benemérita Dirección General de Estadística, la información más cercana a la realidad económica y financiera solía quedar “secuestrada” en los corredores y algunos cubículos de Hacienda o del Banco de México.
No se trataba de ocultar malos manejos, sino de “resguardar” el sancta sanctórum de la estabilidad económica y financiera del país, residente en la reserva internacional, su tamaño y composición. La verdad estaba en otro lado, como sabían los guardianes del Santo Grial, los acreedores internacionales de México, el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Nada menos, aparte de los banqueros que ya se adentraban en los misterios del financiamiento público por muchos años desdeñado.
El gobierno del presidente López Portillo decidió cortar por lo sano y emprendió la construcción de un Sistema Nacional de Información desde la entonces creada Secretaría de Programación y Presupuesto encabezada por Carlos Tello. La tarea quedó a cargo del prestigiado matemático y estadístico Renato Iturriaga.
Al paso de los años y de mayores exigencias políticas, sociales y también de los actores internacionales, encabezados por banqueros del mundo, hubo de aceptarse la realidad y abrirse el campo de los datos a la comunidad con la creación del INEGI. Con estatuto bien definido bajo la dirección de Pedro Aspe, en la LII Legislatura surgió el INEGI y empezó su viaje a través de la política y las instituciones.
Su utilidad económica pronto fue evidente. En contundente sentencia de Jesús Reyes Heroles, una economía descentralizada y abierta como la que se buscaba para México requería de buena, pertinente y oportuna información, sólo así podrían tomarse decisiones adecuadas sobre qué y cuánto producir, invertir o emplear.
Hoy podemos afirmar que el Instituto ha cumplido; su información nos enriquece a todos, académicos, empresarios, ciudadanos, gobernantes en busca de fondos. Desde luego a partidos y políticos, cuando se ocupan de la cosa pública.
Jugar con la información siempre ha sido y será una tentación de los que mandan. Dosificarla o manipularla, ha sido práctica habitual de las burocracias políticas de toda ralea. Pero, a la vez, la información es considerada cada vez más como un derecho fundamental, y entendida por los empresarios y analistas financieros como un insumo crucial para tomar de decisiones acertadas.
Asegurar la generación informática como un ejercicio consistente de autonomía técnica y conceptual es, debe serlo, tarea cotidiana. De aquí la relevancia del servicio civil en sus organismos ejecutores y la permanente evaluación de sus tareas y frutos por parte de la academia y la sociedad civil organizada.
En estas estamos y estaremos cuando haya que deliberar sobre el relevo en los mandos del INEGI, sin duda bien dirigido y enriquecido por Julio Santaella y sus colaboradores en el Instituto. Antes de entrar en tormentas sucesorias, lo principal es dar continuidad a las necesarias labores de información y transparencia que, en tiempos de furia y ruido, son atributos nada despreciables.