El presidencialismo es propenso a la autocracia. Porta un gen que puede convertir la República en tiranía. El brazo ejecutivo del Estado, dada su agilidad y vigor, es tentado frecuentemente a imponerse frente a las otras partes del cuerpo social. Concentrar en una sola persona la acción política, la ejecución de la ley y la fuerza coactiva del Estado, decían los fundadores del sistema presidencial norteamericano, es un riesgo latente para la libertad. Pero lo contrario, el vacío de una voluntad unificante, conduce inevitablemente a la anarquía.
Para resolver ese dilema, el constitucionalismo aisló el "gen guerrero" del presidencialismo con una secuencia de cortafuegos. El poder se depositaría originalmente en el pueblo, de modo que toda autoridad provenga necesariamente del consentimiento de los gobernados. La soberanía originaria del pueblo, fuente primaria de toda legitimidad, se ejercería entonces a través de dos ámbitos de actuación delimitados, el federal y el de los estados. La primera garantía de la libertad resultaría, pues, de la descentralización del poder público en órdenes de gobierno celosos de sus propias competencias.
Pero para provocar un "doble seguro" de los derechos de los individuos como sugería Madison en El Federalista, el poder depositado en el gobierno nacional tendría que dividirse a su vez en tres ramas diseñadas para vigilarse permanentemente entre sí. Así, la separación vertical y horizontal de la voluntad soberana del pueblo activaría una compleja y dinámica relación de pesos y contrapesos, de supervisiones y balances, esto es, un sistema para domesticar el instinto natural del poder por expandirse, especialmente del mando unipersonal confiado al presidente.
La presidencia hipermayoritaria ha apagado el interruptor del contrapeso congresional. Un partido que no es más que un comité de campaña en liquidación, difícilmente pondrá su mayoría parlamentaria al servicio del equilibrio entre los poderes. La nueva hegemonía es también un látigo de captura y una palanca de colonización de las autonomías. Por eso, frente a una presidencia que acapara poder a través del desmantelamiento de las instituciones, el federalismo es el último seguro para preservar la democracia pluralista. Poderes democráticos que pueden contener a otro de incuestionable legitimidad popular.
Es una cruel paradoja que el Presidente que se autositúa en el bando de los liberales juaristas, sea un conspicuo militante del centralismo conservador. No es exagerado afirmar que el Presidente acecha al federalismo mexicano. El combativo jefe de gobierno del Distrito Federal que acudía a la Suprema Corte en defensa de los derechos difusos de sus gobernados, es ahora un Presidente que mira de reojo lo local. La lista de hostilidades hace pensar que el diseño del nuevo régimen incluye reducir la existencia política del federalismo a su mínima expresión. En consultas populares fraudulentas, cancela autoritariamente proyectos de inversión privada que detonan economías regionales y generan empleo, como sucedió en el caso de la cervecera de Mexicali. Con su mayoría legislativa en el Congreso y la ley de "presupuesto o mañanera", restaura el centralismo de la salud en la figura del Insabi. Bajo la contingencia epidémica y el pretexto de la fuerza mayor, la Federación transfiere cargas y responsabilidades a las entidades federativas sin proveer de las aportaciones pertinentes; da unilateralmente por terminados los convenios de coordinación de programas públicos en marcha; reasigna a discreción el gasto federalizado para sostener sus elefantes blancos y los subsidios clientelares ante la imprevista merma de ingresos públicos.
El federalismo y la separación de poderes son las dos cautelas que la Constitución recoge para contener al Ejecutivo. Un doble seguro por si alguna de estas cautelas falla o es manipulada por el poder. En buena medida, la democratización del país fue precisamente el recorrido que desató las racionalidades internas de esas técnicas de control del poder. La pluralidad conquistó primero la soberanía local y luego se introdujo gradualmente en los órganos del Estado. El cambio político institucionalizó no sólo la competencia, sino también las relaciones entre los poderes públicos y entre éstos y los ciudadanos. En ausencia de Congreso y ante la debilidad inducida o autoinfligida de las autonomías, desde el federalismo se debe defender a la Constitución y a la organización democrática de nuestra convivencia. Eso mismo que López Obrador reivindicaba cuando gobernaba la capital del país y aspiraba a dirigir al país. El derecho local a velar por el bienestar de los gobernados que la Corte Góngora reconoció y que la Corte Zaldívar amenaza con desconocer.