La relación entre el poder civil y la fuerza militar es un equilibrio delicado. Ahí se define el extremo último de la autoridad del Estado. La legitimidad legal del poder otorga el derecho de mandar, pero no necesariamente la eficacia para monopolizar la coacción frente a los que de facto pueden ejercerla. La subordinación de las armas a la autoridad no es sólo el resultado de un conjunto de dinámicas institucionales, sino también, como diría Max Weber, de la "habituación o voluntad de obediencia". Ciertas condiciones sociológicas, históricas, culturales y políticas determinan, más allá del cálculo racional de la probabilidad de las consecuencias, la lealtad de un grupo social a la autoridad legalmente estatuida. Y sin esa lealtad autorreferente, la relación de mando, de subordinación, de dominio es simplemente impensable.
El Estado posrevolucionario logró la pacificación de la sociedad a través de la institucionalización de las milicias combatientes. La sustitución de las facciones armadas por una organización disciplinada –desde los ejércitos regulares hasta las guardias rurales–, fue uno de los elementos determinantes de la formación del Estado moderno. Desde entonces, el Estado concentraría para sí el poder de aplicar las dosis más extremas de violencia legítima. El régimen presidencialista, por su parte, vertebró la relación de subordinación a través de los mecanismos de movilidad política del partido hegemónico: las Fuerzas Armadas serían uno más de los sectores sociales que dieron forma al PRI. La subordinación del poder civil se basó en una especie de acuerdo tácito en el que las Fuerzas Armadas prestarían obediencia al presidente, a cambio de cierta autonomía estamental. Las líneas de sucesión y de ascensos, las válvulas disciplinarias, el ejercicio del presupuesto, los premios y castigos, quedarían exentos de las rutinas civiles. La transición democrática y las distintas alternancias conservaron ese entendimiento implícito. Si bien el pluralismo político emancipó a las Fuerzas Armadas de la adscripción al partido hegemónico, el arribo democrático no modificó estructuralmente su relación con la autoridad. Las Fuerzas Armadas mantuvieron intocado el privilegio del autogobierno interno.
El uso de la fuerza militar frente a movimientos sociales y políticos provocó que las Fuerzas Armadas mostraran ciertas resistencias a intervenir en asuntos de naturaleza civil, con excepción de incursiones selectivas para contener el creciente fenómeno del narcotráfico. En razón de las experiencias traumáticas de los sesenta y setenta, el régimen autoritario se contuvo de disponer de los militares para propósitos de control social. Por paradójico que suene, la expansión de las misiones de las Fuerzas Armadas se ha gestado en condiciones de regularidad democrática. Razones de necesidad y de debilidad institucional, forzaron al Estado a alterar gradualmente el mandato funcional de las Fuerzas Armadas. Una mayor injerencia militar se ha desdoblado en los últimos años, sin una comprensión clara del papel que deben y no deben realizar en un Estado democrático de derecho y, en particular, bajo el mismo acuerdo tácito en el que se ha sostenido, frágilmente, su subordinación civil.
La creación de la Guardia Nacional puede alterar de manera estructural el delicado equilibrio de la relación cívico-militar, si la reforma se orienta exclusivamente a regularizar su participación en la seguridad pública, antes que a decidir su posición constitucional y las atribuciones que deben desempeñar ante los riesgos y amenazas de nuestra convivencia. Pero lo que en mayor medida puede alterar esa relación es la ampliación discrecional y caprichosa de su esfera de actuación. Pareciera que para el presidente las Fuerzas Armadas sirven para cualquier cosa. Sólo desde esa lógica se explica, por ejemplo, la decisión de usar a las Fuerzas Armadas en obra pública, para la adquisición de pipas y en la operación logística de Pemex, para construir, administrar y rentabilizar el aeropuerto de Santa Lucía.
Las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades insustituibles en democracia. Son una pieza esencial para la estabilidad, permanencia y eficacia del Estado. La delimitación cierta de su misión institucional es la garantía más fuerte de su disciplina y legitimidad como un poder actuante del Estado. Cuidar su excepcionalidad es el antídoto natural a la siempre latente tentación de pervertir su existencia en detrimento de las libertades. Usarlas como recurso de corto plazo o para evadir restricciones legales es un peligroso atajo hacia el autoritarismo de la fuerza. Sobre todo, si no se redefinen y fortalecen, en clave democrática, el control civil sobre el poder militar.