Cronopio

Menos ideología y más pragmatismo

Es más inteligente un esfuerzo por aumentar la capacidad neta, pública y privada, de almacenamiento, que estacionar buques en nuestras costas.

El temporal de nieve que afectó al estado de Texas demostró la debilidad del Sistema Eléctrico Nacional. El incremento repentino en la demanda, el colapso de las infraestructuras y la caída en la producción de gas natural en Texas provocó un déficit relevante de generación en México, derivado precisamente del desabasto de gas natural importado desde Estados Unidos: un insumo del que depende prácticamente 20 por ciento de la oferta total disponible para el balance eléctrico. El riesgo de que se prolongue esta situación es que no existan, en el corto plazo, otras fuentes de combustible para compensar las importaciones. Es decir, apagones o restricciones al consumo.

México tiene una dependencia estructural al gas natural importado ¿Por qué? Hay, al menos, una razón institucional y otra de mercado.

El régimen de monopolio público que imperó en el país hasta la reforma energética de 2013-2014, impidió hacer inversiones sostenibles para el aprovechamiento de las reservas de gas. Por un lado, en virtud del antiguo diseño legal, los privados no podían asumir el riesgo, desplazar inversión o traer tecnología, salvo como contratistas de Pemex. Por otro lado, dados sus insostenibles costos de operación y carga fiscal, Pemex tenía que escoger en qué parte de los eslabones productivos y logísticos de las energías debía poner el poco dinero disponible. Por obvias razones, para Pemex era más rentable extraer petróleo que producir, capturar o almacenar gas. No había, entonces, más remedio que traer gas de otro lado.

La razón de mercado es que el desarrollo tecnológico convirtió a Estados Unidos –y a Texas– en un productor y exportador de hidrocarburos. En efecto, el fracking permitió la explotación más eficiente de yacimientos no convencionales. El precio del gas, por tanto, se hizo mucho más competitivo. La industria gradualmente se reconvirtió: la generación con fuente de gas se posicionó en el mercado como la alternativa más barata, sobre todo a partir de que se flexibilizó el régimen regulatorio que permitió el suministro privado a la CFE y el modelo de autoabastecimiento eléctrico. Por cierto, la reducción de costos de la energía eléctrica es una variable que ha redundado en la competitividad de la plataforma mexicana de exportaciones, sobre todo desde que se acentuó la integración comercial de México con Norteamérica.

¿Debe preocuparnos la dependencia en las importaciones de gas? Sin duda. Pero no por consideraciones ideológicas, sino por las restricciones esencialmente económicas que este fenómeno implica. El país no puede sustituir las importaciones de gas, en el corto plazo, por la sencilla razón de que no tiene dinero para extraerlo y aprovecharlo de forma eficiente. Tampoco suena sensato sustituir las plantas de generación que funcionan con base de gas por las viejas y sucias tecnologías de CFE: es caro, lleva tiempo y es una política a contrapelo de la sustentabilidad. Es también un golpe a la certidumbre jurídica y un balazo en el pie esa intención de expropiación indirecta de la inversión privada en autoabasto y producción independiente, la cual está contenida en la modificación inminente a Ley de la Industria Eléctrica.

Así, lo que el país necesita, por el contrario, es inversión privada complementaria a la pública y, al mismo tiempo, no ahuyentar la poca que queda. Apostar al suministro de gas desde Moscú o de Venezuela podrá endulzar el oído del nacionalismo antiyanqui, pero carece de lógica económica: el transporte por barco es sustancialmente más lento y caro que por ductos. El gas texano es el más barato del mundo y es el que consume nuestro país. Por tanto, es más inteligente un esfuerzo por aumentar la capacidad neta, pública y privada, de almacenamiento que estacionar buques en nuestras costas.

¿Qué hacer entonces? Menos ideología y más pragmatismo. Es falso que la reforma energética deje todo en manos del sector privado. El modelo constitucional es, en realidad, un balance ponderado entre competencia, sustentabilidad y rectoría del Estado. Contiene un menú de opciones para hacer más con menos: inversión privada donde hay riesgo, sociedades público privadas donde exista oportunidad de negocio, poderes de intervención regulatoria para cuidar que los nuevos mercados ofrezcan energéticos a mejor precio, de mayor calidad y amigables con el medio ambiente. Lo único que la reforma limita es que regresen los monopolios públicos obesos, ineficientes y corruptos. Ese modelo setentero que nos hizo perder tiempo y nos tiene hoy rezando por que termine una nevada.

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