El Presidente ha lanzado la advertencia: cualquiera que se atreva a cuestionar sus decisiones a través de acciones legales, será evidenciado en el patibulario de las mañaneras.
Para el Presidente, el litigio es un acto de traición. Una confabulación de la mafia del poder para estropear la cuarta transformación. En la cosmovisión presidencial, intereses inconfesables promueven las acciones y manipulan a los jueces a que concedan razón provisional o definitiva. No es relevante que el proyecto del aeropuerto en Santa Lucía carezca de los permisos y estudios que exige la ley. Tampoco que la cancelación abrupta y caprichosa de las Zonas Económicas Especiales no resista la mínima prueba de razonabilidad, después de decenas de millones de dólares invertidos y de una ley en plena vigencia. La obra de Texcoco termina literalmente en la basura porque el soberano tiene la sospecha de que está empañada por la corrupción. Las migraciones de los contratos petroleros a los nuevos modelos que previó la reforma energética, canceladas o diferidas como si la firma del Estado mexicano pudiera deshacerse en el viento. Licitaciones canceladas, contratos rescindidos, impago de obligaciones, todo a la voluntad del Presidente y sin otro medio de defensa que el rogatorio a la piedad del nuevo gobierno.
Afectados y ciudadanos han decidido usar los instrumentos que prevé el derecho para corregir la arbitrariedad, el capricho o la negligencia. Tres recientes acciones de amparo han puesto en evidencia el desprecio gubernamental por la ley. En una valiente resolución judicial, se suspendió la ejecución del proyecto de Santa Lucía hasta que se dilucide su pertinencia medioambiental. Otra resolución paralizó el desmantelamiento del proyecto de Texcoco. Un juez federal de Tapachula ha admitido una controversia respecto a la tácita abrogación de la ley de zonas especiales. Modos de proceder habituales en un Estado de derecho en el que cualquier ciudadano, con un interés directo o mediato, puede someter a revisión judicial cualquier acto de autoridad, esto es, a que un tercero imparcial determine si se cumplieron las condiciones formales y materiales para su realización.
Con su advertencia, el Presidente no sólo disuade a ejercer el derecho de acceso a la justicia, sino que también amaga a los juzgadores a no interponerse en sus designios. La descalificación desde el púlpito del poder de las acciones legales y resoluciones judiciales emitidas, es una forma de presión externa sobre la autonomía judicial. ¿Qué juez va a valorar con objetividad la legalidad en la construcción del tren maya, después de que el Presidente ha anticipado que usará sin recato la enorme influencia del aparato estatal para evidenciar a los que osen apelar al prurito de la legalidad? ¿Qué empresario llevará su caso a los tribunales cuando el propio Presidente tilda de corruptos a los que se defienden de una decisión de gobierno? ¿Qué riesgo correrán las organizaciones de la sociedad civil que cuestionen, vía litigio estratégico, el despliegue militar, la mal entendida política de austeridad, la manipulación de programas sociales o el trato a los migrantes? ¿No se supone que en un país de leyes todos los actos de poder están subordinados al principio democrático de la responsabilidad?
Bien hace la Barra Mexicana de Abogados en responder a la advertencia. Controvertir, impugnar, activar los resortes del derecho no es un acto de traición, sino el más mínimo y elemental derecho de todo ciudadano de resistir al poder. La gran contribución del Estado constitucional es precisamente la idea de que el poder emana del derecho y se expresa a través del derecho, bajo límites, estándares y directivas que no son disponibles para los órganos del Estado y que están asegurados por un Poder Judicial independiente.
En la advertencia lopezobradorista no sólo está en juego la viabilidad de un par de proyectos de infraestructura o de ciertas decisiones que parecen prioritarias para su administración. Está en riesgo una forma de convivencia en la que cualquier ciudadano puede hacerse visible frente al Estado. Un arreglo social en el que el poder se disciplina a través de reglas. La articulación institucional que moldea el poder con autorizaciones y derechos fundamentales. El Estado en el que nadie puede mandar por encima de la razón de la ley, aun cuando se trate del Presidente más votado de la historia democrática.