La razón existencial del Estado es el monopolio de la fuerza. La sustitución de la justicia por propia mano por el mandato de la ley respaldada por una amenaza creíble de consecuencias predecibles. El poder de desplazar o reducir a cualquier otro oferente de violencia. La potestad de imponerse en última instancia sobre otros. La sociedad bajo el imperio del Estado es, precisamente, la alternativa a esa condición de naturaleza en la que la vida se torna "desagradable, brutal y corta", según la conocida formulación de Hobbes. El no-Estado es el destino azaroso de cada uno frente a cualquier otro más fuerte.
Un Estado se define por la forma en la que se adquiere y, en particular, por la forma en la que se ejerce el monopolio de la fuerza. Las reglas de la coacción son la fisonomía mínima de cualquier organización política: quién detenta el poder coactivo, bajo qué parámetros se usa, a quién se le aplica, en qué dosis. La forma en la que se concentra y suministra la fuerza física legítima determina la legitimidad del derecho a mandar y la intensidad de la consecuente obligación de obedecer. Pero, también, la estabilidad y subsistencia del Estado y, por ende, de la comunidad política. Y es que de la eficacia del Estado para prevalecer frente a cualquier rival que le dispute porciones de violencia, depende la existencia de la sociedad y la libertad de las personas.
La democracia ha resuelto la cuestión de quién detenta el derecho de monopolizar la fuerza coactiva del Estado. El voto es la vía de acceso a la autoridad. A esos brazos juridificados que despliegan la voluntad del Estado. La terca realidad ha demostrado que la legitimidad de origen es condición necesaria, más no suficiente, para que el Estado derrote cualquier expresión alterna de violencia. La procedencia democrática del poder en modo alguno garantiza la eficacia del poder. Se requieren, además, capacidades institucionales, dinámicas de gestión pública, técnicas de decisión.
Y esa es, a mi juicio, la lección de Culiacán para el Presidente y su gobierno. El problema del país en materia de seguridad no es la decisión y el tamaño del garrote que le pegó al avispero. No fue la reacción desmedida e irracional de un gobierno que calculó mal las consecuencias, como insisten en repetir para evadir su responsabilidad presente desde la fútil coartada del espejo retrovisor. El problema es justamente el contrario: el Estado mexicano se ha empequeñecido crónicamente frente al crimen organizado, al grado tal de que ya resulta francamente imposible gestionar sus patrones de comportamiento con los incentivos del modelo priista del "dejar hacer, dejar pasar". En Culiacán no sólo se reveló la enorme capacidad de fuego y operativa del crimen organizado, sino también –y de manera muy preocupante– la debilidad del Estado para enfrentar una situación límite de esa naturaleza. Agencias de seguridad descoordinadas, desdeñosas de la mínima inteligencia de lo que habría de encontrarse en el terreno, atribuladas frente al espejo del monstruo de cien cabezas que, parece, acaban de conocer. Un gabinete de seguridad desconcertado, mal informado, reactivo, empeñado más en agradar a Trump que en perseguir sus propios objetivos y estrategias. Y, claro, un Presidente itinerante que está convencido de que en la ecuación de la seguridad su buena intención es la variable relevante.
La política de seguridad del Presidente se topó con Culiacán. El desmantelamiento institucional ha cobrado la primera fractura en la reputación del gobierno. También, se ha desnudado la ingenua apuesta a la pacificación del país a través del sermón mañanero. El repliegue del Estado frente al crimen organizado no provocará que el avispero se autocontenga. Este fenómeno dejó hace tiempo de ser una realidad marginal alineada a los intereses de colocar únicamente drogas en Estados Unidos. El crimen organizado se ha diversificado y pulverizado. Buscan apropiarse de cualquier renta lícita. Son intensivos en violencia porque tienen armas y dinero, porque se disputan plazas y rutas, porque resisten a la presión de la autoridad, porque prefieren una corta vida de forajidos que una larga vida de exclusión y de miseria. No se desmovilizarán a menos que cambie la correlación de fuerza. Cuando las organizaciones criminales sean más débiles que el Estado mexicano. Y si eso no sucede, el futuro será una constante de trágicas elecciones entre la libertad de un delincuente o la zozobra de una ciudad entera.
Un Estado eficaz, competente, reduce las probabilidades de elecciones trágicas. Amplía sus opciones de decisión. Abre márgenes frente a la dualidad entre males. No se condena a claudicar, arrodillarse, para evitar el daño mayor.