Concluyó el primer año de ejercicio legislativo del Congreso de la Unión. Si bien la fecha formal de conclusión fenece el 31 de agosto y salvo convocatorias específicas a celebrar sesiones extraordinarias durante los próximos meses, con el cierre del segundo periodo el pasado 30 de abril, se ha agotado el primer tercio de la legislatura iniciada en 2018.
Cuando inicia una nueva administración, el Congreso se suele ocupar de las prioridades legislativas del nuevo gobierno, además de las normas y procedimientos que tienen una fecha indisponible de realización, como el Paquete Económico, la fiscalización y revisión de la Cuenta Pública o los nombramientos. Y la razón es muy simple: los ejecutivos usan buena parte de su legitimidad de origen para adoptar ciertas decisiones que requieren la concurrencia parlamentaria, en particular cambios constitucionales o legislativos.
Por otro lado, los primeros pasos de una nueva legislatura revelan datos sobre el comportamiento del sistema de partidos y, en particular, de las oposiciones. Es decir, sus estrategias, disciplina y agenda. El resultado electoral, la composición de la representación y el apoyo social inicial del Ejecutivo definen, en gran medida, la forma en la que los partidos y los jugadores parlamentarios interactúan entre sí y con el gobierno, esto es, determinan el tipo de relación que habrá entre las dos legitimidades que emanen del voto.
¿Qué dice, en términos de prioridades de gobierno, el primer año legislativo de la administración lopezobradorista? En primer lugar, la denominada 'cuarta transformación' no es, hasta ahora, un cambio de régimen político, sino una alternancia más de partido en el gobierno federal. El presidente podrá empeñarse en ciertos símbolos y gestos, o en decretar el fin del 'neoliberalismo', pero la narrativa y la audacia gestual no son suficientes para alterar la estructura del Estado y sus interacciones con la sociedad. Y es que el régimen político es el resultado de la juridificación de las relaciones sociales, de modo que para cambiar de régimen político se requiere, inevitablemente, modificar el derecho. Hasta ahora, los cambios normativos e institucionales no se alejan del régimen político que construyó la transición democrática, ni alumbran nada radicalmente nuevo.
En segundo lugar, las prioridades del presidente se centran básicamente en paliativos cortoplacistas, más que en la reconfiguración institucional del país. En este primer año, se discutieron seis reformas constitucionales y sólo tres resultaron aprobadas. Estas reformas son en seguridad: extinción de dominio, Guardia Nacional y la ampliación del catálogo de supuestos para la prisión preventiva oficiosa. En los tres casos, se le dota al Estado de ventajas –muchas de dudosa pertinencia en términos de derechos humanos– para enfrentar a la criminalidad; es decir, para suplir su crónica debilidad de capacidades institucionales. Menos garantías procesales de las personas, más fuerza militar desplegada, estándares más bajos de actuación para las autoridades.
De las tres reformas aún no aprobadas, una pretende regresar la política educativa al clientelismo y chantaje magisterial, otra pretende que el presidente esté en la boleta y haga campaña a su favor en la elección intermedia de 2021, y la última debilita el sistema constitucional de protección a ciertos cargos públicos, bajo la absurda premisa de que dicho sistema es la causa eficiente de la alta impunidad en hechos de corrupción.
En el plano de legislación ordinaria, el Paquete Económico fue inercial y la reforma laboral simplemente desdobló los contenidos que previamente se habían constitucionalizado, así como las obligaciones suscritas por el Estado mexicano en diversos instrumentos internacionales. Nada, pues, especialmente significativo para la épica histórica de la 4T.
De las oposiciones, el año legislativo ha dejado claro que es posible y funcional un bloque que condicione la mayoría calificada de dos tercios. El problema es que dicha estrategia no ha sido consistente y, además, los partidos de oposición no han logrado un comportamiento disciplinado que maximice su capacidad de determinar los contenidos de las políticas públicas. Una muestra: en las seis reformas constitucionales que se han discutido en el Congreso, Morena se ha dividido en una sola ocasión (educativa) y cuenta con los votos del PVEM y el PES; el PAN ha votado de forma cohesionada en 2 ocasiones (Guardia Nacional y revocación); el PRI y el PRD siempre se han dividido; MC ha colaborado con el gobierno en el 66 por ciento de estas votaciones.
El balance legislativo del primer año sugiere que el presidente no tiene agenda y que las oposiciones no tienen estrategia. No hay legado histórico, pero tampoco oposiciones capaces de capitalizar la ausencia de proyecto de gobierno. Esa brutal disparidad entre lo ofertado en campaña y la realización gubernamental. Así como va, la herencia de López Obrador será la decepción. Si y sólo si, existe oposición.