El decisionismo presidencial
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El decisionismo presidencial

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El decisionismo presidencial

02/12/2019

El candidato López Obrador palpó el sentimiento antielitista que flota en las democracias liberales. Esa hoguera de humores sociales que han puesto en jaque a la democracia representativa y que han abierto la puerta a ese fenómeno aún indescifrable del populismo. El tenaz líder social detectó que las 'benditas redes sociales' habían sustituido al mítin o a la marcha como detonadores eficaces del dilema binario entre la mafia del poder y el pueblo, entre ellos y nosotros. Encontró en la nueva realidad líquida de la comunicación, la plaza pública para canalizar electoralmente el descontento. Olió la frustración acumulada en dos alternancias de logros exiguos. El lento e imperceptible agotamiento del modelo pluralista de la transición. Antagonizó frontalmente con la frivolidad y la corrupción, no sólo como relato político sobre el deber ser de lo público o como crítica coyuntural al establishment, sino como predisposición personal, como aptitud espiritual ante lo mundano, como ejemplo de vida.

El presidente López Obrador ha decidido gobernar con esa misma estrategia. Él representa el antagonismo permanente entre los privilegios corruptos y el auténtico interés del pueblo. Su voluntad es la voluntad redentora de la historia. La mayoría que él encabeza no está sometida al imperio de las exigencias y procedimientos que la democracia constitucional se da a sí misma para no autodestruirse, porque esas exigencias y procedimientos son las guaridas de las élites conservadoras. La fotografía del 1 de julio de 2018, la legitimidad de origen y sus mayorías congresionales, la aprobación presidencial o los alardes plebiscitarios, son habilitaciones suficientes para capturar o desmantelar instituciones con independencia de su pertinencia o funcionalidad; para imponer el capricho personal sobre las restricciones; para que prevalezca el impulso de transformar por encima de cualquier racionalidad. Para el Presidente, como lo fue para el candidato, la política –y ahora el gobierno– es la movilización permanentemente de los suyos. Y para eso, más que una causa, se requiere siempre un adversario.

El desprecio por la técnica, por los instrumentos de gestión pública, por las racionalidades básicas de política pública marcan este primer año de gobierno y sus resultados. No se alcanza a advertir un sólo rubro en el que el gobierno muestre buenas cuentas. La conducción del país ha sido una belicosa mezcla de caprichos y desatinos, de dogmas e improvisaciones, de rabietas y claudicaciones. Y es que se empieza a advertir que la lógica de la gestión gubernamental no es la política pública, sino la decisión política desnuda. No es la cuidadosa disección de los problemas, la meticulosa selección de objetivos y medios, la ponderación y la elección de soluciones en el marco de lo legal y fácticamente disponible. Esa ordenación racional de acciones orientadas al interés público que se hace cargo no sólo de lo debido, sino también de lo posible. En el antagonismo populista, por el contrario, la decisión es el terreno en el que auténticamente se disputa y ejerce el poder, el arma de restauración mayoritaria, la orden excepcional que no requiere de ulterior justificación ni conoce otro límite que las intenciones del líder. La espada justiciera que cruza el corazón de los infieles.

En el balance de este primer año –y de los posteriores–, es inútil oponer las racionalidades de política pública al decisionismo presidencial. Simplemente no es el mismo lenguaje, ni el mismo campo de juego. Los raseros de la gestión de López Obrador no deben ser el crecimiento del PIB, el número de empleos, la inversión extranjera directa, los subejercicios, el dato de los homicidios. Esas son cuentas que hacen sentido una deliberación pública con planos compartidos de racionalidad. El proyecto político del Presidente, eso que ha denominado la “cuarta transformación”, es en realidad el desmantelamiento del régimen pluralista y su sustitución por un presidencialismo mayoritario y, por tanto, sin contrapesos. Por eso, a nadie puede extrañar que la política económica sea ese amasijo de conservadurismo fiscal y gasto clientelar; que la política de salud no tenga otro propósito que desvencijar la herencia de los gobiernos anteriores; que la política de seguridad sea el intento de reestablecer los equilibrios de paz con la retracción del Estado; que la política exterior no tenga otro propósito que apapachar a la herencia fallida del castrismo y, al mismo tiempo, congraciarse con el vecino incómodo del norte.

Frente al decisionismo presidencial se requiere una militancia activa sobre aquellos valores que han orientado nuestro consentimiento como comunidad política. Ese es el espacio desde el que se pueden tejer las soluciones a los problemas comunes. Más allá de balances abstractos, las alternativas al régimen que se asoma desde el Zócalo deben construirse con la paciente y enfática reivindicación de las racionalidades del Estado constitucional: las libertades, los contrapesos, el imperio de la ley, las protecciones contramayoritarias, el debate público, la participación política. Por más que a un año no se vea aún una luz a final del túnel.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.