¿López Obrador inventó los programas sociales? ¿El gran legado del sexenio es un sistema de ayudas universales en forma de derechos prestacionales a cargo del Estado? ¿La edificación de un auténtico Estado de bienestar que garantiza las necesidades básicas de las personas, no como una política gubernamental coyuntural, sino como un conjunto de expectativas que determinan jurídicamente la priorización de los presupuestos y la configuración de los deberes de las instituciones, desde la administración hasta la justicia? ¿La ruptura histórica con el pasado neoliberal significa que el Estado ya no se desentiende de las desventajas en el punto de partida de las personas? ¿La cuarta transformación es un nuevo Estado de derechos sociales constitucionalizados?
Es cierto que a iniciativa de López Obrador, en 2020 se reformó la Constitución para establecer tres obligaciones del Estado de naturaleza prestacional: la pensión por discapacidad, la pensión de adultos mayores y la beca educativa. ¿Cuáles son las implicaciones de esta reforma? Primero, que un nuevo gobierno o una mayoría legislativa no los puede cancelar ni limitar, a menos que los borren de la Constitución a través de una contrarreforma que exige una mayoría agravada. Segundo, que los poderes públicos tienen un deber de progresividad sobre su realización, esto es, de ampliar a través de decisiones de corto, mediano y largo plazos los alcances de su protección y eficacia. Tercero, que las personas pueden recurrir a un juez para vencer la resistencia de la autoridad en su cumplimiento, incluida el intento de sepultarlos o manipularlos.
El obradorato ha cimentado sus posibilidades de continuidad electoral en los programas sociales con el mito de que los inventaron y con el fantasma de que la oposición los va a revertir. Por lo que registran las encuestas, la aversión a la pérdida sí puede influir en la intención de voto, sobre todo entre el universo de beneficiarios directos o indirectos. Una exitosa pero perversa forma de coaccionar la libertad electoral de las personas.
En la Constitución existen quince derechos prestacionales. Dos provienen del texto original de 1917 (derecho a la educación y a la previsión social), más los tres que promovió esta administración (discapacidad, adultos mayores y becas educativas). Paradójicamente, la etapa histórica que López Obrador ha encajonado como la larga noche del ogro neoliberal fue prolífica en imponer responsabilidades al Estado para garantizar condiciones mínimas de subsistencia. Es falso que el constitucionalismo social se inauguró con Carranza, se interrumpió desde De la Madrid y resucitó en la cuarta transformación. Rara e inexplicable paradoja para el discurso oficial: eso que el obradorato llama “neoliberalismo conservador” amplío la intervención pública en las relaciones sociales y económicas en forma de derechos individuales y obligaciones estatales correlativas. Entre 1917 y 1980, no se movió el catálogo constitucional de derechos sociales, pero se creó el IMSS (1943), el ISSSTE (1960) y el Infonavit (1972). El presidente y su mayoría repartían dinero hasta que se les acabó la tinta en la fábrica de billetes. En efecto, el teatro se derrumbó por las crisis económicas recurrentes. En 1980 inició la tendencia de estampar en la Constitución derechos con vocación de perpetuidad, esculpidos en letra de supremacía constitucional. Un nuevo catálogo de derechos de libertad positiva, como diría Berlin: el derecho de los menores (1980), a la salud y a la vivienda (1983), al medio ambiente (1999), a la atención integral de la niñez (2000), a la cultura física, deporte y a la alimentación (2011). Desde que en 1988 el partido hegemónico perdió la posibilidad de cambiar la Constitución por sí, cada uno de estos derechos significó la construcción política de un consenso plural. Para legislarlos en la Constitución y para fondearlos con el presupuesto público. Desde ahí nació la idea de las políticas sociales como un desdoblamiento de mandatos constitucionales.
¿Por qué López Obrador, su ahora candidata y los gobernadores de Morena eliminaron el derecho a la salud en su vertiente de tratamiento contra el cáncer infantil, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en su dimensión de compatibilidad de la vida laboral y familiar de las mujeres con estancias infantiles o el derecho a la educación en su posibilidad de conservar una beca Conacyt para hacer ciencia útil? La respuesta es simple y cruda, y no es porque la Constitución omita el derecho de los niños con cáncer, de las madres trabajadoras o de lo académicos: es porque sin límites, contenciones, racionalidades de equilibrio, el que paga los derechos, manda. Porque los derechos, cuestan.
La oposición hace mal de enfrentar con rubor el debate sobre los programas sociales. López Obrador militaba en el PRI cuando los fundadores de PAN hablaban de la seguridad social y la izquierda laborista mexicana pugnaba por una condición digna de vida para los académicos desde los derechos constitucionalizados. A Morena no le interesan los derechos: rentabiliza electoralmente que sólo ellos tienen legitimidad para predicar sobre igualdad. Otro gran mito de López Obrador.