Si algún día los consejeros electorales oficialistas —con Guadalupe Taddei a la cabeza— advierten la realidad, sancionaron a su partido favorito por actos anticipados y equivocados de campaña. Vamos, por iniciar sin querer una anticampaña.
No es para menos; en las últimas semanas, el gobierno y Morena han hecho de gazapos y tropiezos la parte más llamativa de su actuación. Con aliados que estorban, precandidaturas en duda, acciones judiciales groseras, reformas malhechas y políticas contradictorias, revelan falta de dominio en el manejo de las riendas.
Tan errático desempeño, quizá, no le signifique al oficialismo un descalabro electoral importante. Pero no puede ignorar el descontento que está generando dentro y fuera de sus filas, sobre todo al no haber vías para canalizar ese malestar.
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La política de alianzas de Morena tuvo por primera conclusión el engreimiento y el enfado de los clanes con que aquel está coaligado.
Encumbrado como jamás se imaginó con la selección de precandidatos a las gubernaturas, el Verde —a través de su coordinador parlamentario en el Senado, Manuel Velasco— decidió de una vez ir por más. Precipitó la ¡sucesión presidencial! Poco le importó a esa empresa que la jefa del Ejecutivo batalle por consolidar su gobierno a dos años de su inicio. El Verde fue por lo suyo, mirando adelante. Nada de inocente tuvo el destape del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como su gallo al 2030, provocando reacciones en los duros del morenismo. Ahí está la queja del senador Gerardo Fernández Noroña o la foto de Clara Brugada cobijada en su informe de gobierno por cinco gobernadores, el propio Fernández Noroña y la ministra del pueblo, Lenia Batres.
En el contraste y dolido en el alma, las prebendas, prerrogativas y guarderías, el líder eterno del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, acusó que Estados Unidos influyó en la selección de las precandidaturas avaladas por Morena y, ahora, esa organización amenaza con postular a los morenistas descontentos, junto con los suyos. Hasta noviembre se sabrá cuántas posiciones políticas o guarderías costará ese asunto.
En todo caso, asombra cómo Morena consiguió que los aliados estorben.
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En el marco de la nueva justicia, el oficialismo emprendió una causa y cerró otra, reiterando que la mayor certeza es la incertidumbre, por lo que más vale afiliarse a la llamada 4T si se requiere de amparo o encubrimiento.
Por un lado, el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial llamó a capítulo a la jueza Adriana Magaña por “el descuido” de haber otorgado una suspensión provisional que, en su momento, afectó el trámite legislativo de la reforma de ese poder; o sea, más vale a los jueces andarse con cuidado en relación con los asuntos del interés oficial. Por otro lado, el muy “cuidadoso” juez de control, Víctor Manlio Hernández, canceló el proceso contra Francisco Garduño, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, por la muerte de cuarenta migrantes y las lesiones de veinticinco a causa del incendio de la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, donde a finales de marzo de 2023 quedaron atrapados por estar bajo llave. Se pagó (o sea, pagamos) la indemnización correspondiente y, así fuere a regañadientes, él pidió disculpas públicas y colorín colorado: Garduño puede seguir despachando como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública, gracias a la presidenta Sheinbaum.
¿Cuántos votos habrá ganado o perdido el partido favorito del Instituto Nacional Electoral con esos asuntos?
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En la transformadora decisión de establecer como causal de nulidad de las elecciones la intervención extranjera, pero no la criminal, el gobierno y sus fracciones parlamentarias se metieron en un enredo.
Sin mencionar la indefinición de esa causal de nulidad y su falta de reglamentación, esa reforma constitucional va a terminar por engendrar enredos. Uno de ellos lo destacó el martes en el programa Entredichos, la directora de la revista Voz y Voto, Gloria Alcocer. El domingo pasado, el expresidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que si ahora hubiere elecciones en México, las ganaría la o el candidato de Morena. Lo dijo en un acto organizado por el gobierno capitalino. ¿Los magistrados electorales tomarán esa expresión como un saludo fraterno, cargado de simpatía, pero sin consecuencias?
En cuanto a la creación de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas para constatar la ausencia de vínculos con la delincuencia organizada, Morena —siendo el partido del gobierno promotor de la idea— se verá obligado a pasar a la báscula a sus abanderados. ¿Pedirá verificar la integridad del hijo y el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador o se hará rosca?
Si una o un candidato verificado se levanta con el triunfo y, luego, resulta un malandrín con fuero, menudo papelón de los consejeros electorales y los integrantes del gabinete de seguridad.
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A esos botones de muestra, cabe agregar una política contradictoria.
Se entiende el ansia oficial por obtener recursos, pero no que justo cuando el gobierno muestra incapacidad para garantizar el derecho a la salud adopte medidas fiscales que encarecen los seguros y los servicios médicos privados, recargando con ello la demanda de atención en el servicio público. Conseguir así dinero les va a resultar mucho más caro. ¿Cuál es el nombre del juego?
Esa política fiscal, de seguro, dará lugar a una política social coja.
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Ante esos actos anticipados de anticampaña, los consejeros electorales afines a Morena deberían sacarle al menos una tarjeta amarilla. Ellos no se están haciendo de la vista gorda ni inclinando la cancha para que el gobierno y su partido metan autogoles.