Cada vez es más evidente la incapacidad de la autollamada cuarta transformación para llevar a cabo operaciones políticas elementales.
Tal evidencia obliga a preguntar si pasado mañana, en el mitin dominical convocado por ella, la presidenta Claudia Sheinbaum va a sumar o restar, unir o dividir al referir la defensa de la soberanía y denunciar la ofensiva mediática en contra del gobierno y el movimiento.
No es ociosa la interrogante. El discurso no empata con la práctica y, como extra, al interior de la misma alianza en el poder comienzan a manifestarse síntomas de desacuerdo y descompostura. Asunto agravado por las claras señales de molestia e irritación enviadas por el gobierno vecino del norte ante la reciente postura y actitud adoptadas aquí.
Ahí radica la importancia del mensaje presidencial. Qué dice, a quién y cómo lo dirige, si habla la jefa de Estado o la de partido y, desde luego, qué definiciones formula. Urge saber si la idea es sumar o restar, conciliar o confrontar, porque la encrucijada nacional reclama decisiones bien calculadas y firmes. La política del titubeo, el radicalismo, el complot, dl golpe blando o de la auto victimización no tienen ya espacio ni sentido, sobre todo, cuando se confunden los tropiezos con las zancadillas.
En fin, sumar o restar es una operación sencilla, pero en política su resultado es determinante del curso de una nación, cuando la atenazan y amenazan presiones externas y tensiones internas.
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Como dicho más de una vez, el cúmulo de poder alcanzado por Morena y sus aliados generó en varios de sus jefes y lugartenientes la ilusión de la posibilidad de prescindir de la política.
En esa lógica, bastaba la fuerza para imponer designios y, así, ni por qué tomar en cuenta al otro, fuese opositor o crítico del proyecto, la política, el programa o la acción de gobierno emprendida. Lo mismo con especialistas, interesados o afectados. Bajo la divisa de que, quien no estuviera con la pretendida transformación, estaba en contra ni caso considerar puntos de vista distintos.
Bajo esa óptica, la llamada cuarta transformación detectó correctamente problemas, los diagnosticó más o menos bien, pero los abordó y trató mal. Desmanteló estructuras e instituciones sin claridad de cómo sustituirlas. En más de un campo la consecuencia está a la vista. La pretendida transformación se apartó de la política y, ahora, al requerir de ella, ante el amago del poder criminal e imperial que los tiene contra la pared, no sabe cómo hacerla ni cuenta con operadores eficaces en la materia, sea porque no los tiene o los desplazó con soberbia.
Ahí se explica el descuadre del gobierno y el movimiento en los últimos días que expresa improvisación, desesperación, contradicción, descoordinación con tintes de rabia y miedo.
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Ilustran la circunstancia, las iniciativas legislativas presentadas a la trompa talega y tramitadas del mismo modo en el periodo extraordinario en curso.
Se detectaron errores en el nuevo diseño del Poder Judicial, pero optaron sólo por aplazar el problema e introducir algunas modificaciones procedimentales a la segunda fase de la elección judicial. En el fondo, suplantaron los errores anteriores con nuevos y, de paso, dieron un albazo al abrir la posibilidad de reelegirse a los magistrados electorales que, a la fecha, no han acreditado autonomía, independencia e imparcialidad. La novedad del lance fue que, esta vez, ni a los suyos escucharon, dejando ver un desacuerdo interno.
Asimismo, detectaron acertadamente el peligro de la injerencia extranjera en las elecciones, pero se equivocaron en el remedio. En la idea de que basta reformar las leyes para cambiar la realidad incorporaron como causal de nulidad de una elección la intervención o injerencia extranjera. Ahora nomás falta que boletinen urbi et orbi o la nueva causal de nulidad para que nadie de fuera meta la mano. Donald Trump se ha de tronar los dedos.
Por si algo faltara, en la próxima elección la delincuencia organizada quedará excluida. Con la reforma legislativa que crea la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas, a la cual voluntariamente los partidos pedirán certificar la pureza de sus candidatos, la palabra narco-políticos caerá en desuso y, si los hubo, se convertirán en leyenda negra prohijada por el interés imperial de debilitar la democracia y avasallar la soberanía.
Al margen del pésimo concepto, diseño y trámite legislativo de esas reformas, con ellas se reitera la creencia oficialista de lo innecesario que es hacer política y diplomacia o emprender acciones contundentes, aun a costa de sacrificios, contra los integrantes de la élite política que, desde dentro, no desde fuera, han colocado en un brete a la soberanía.
No siendo México un país de leyes, resulta curioso cómo se veneran las reformas legislativas que no necesariamente se van a aplicar porque, en el fondo, éstas se tienen como referentes o sugerencias.
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Más allá de la ilusión y la reforma de leyes, la realidad está presente.
Claramente, el gobierno estadunidense está molestó con la postura y la actitud adoptada por su contraparte mexicana en lo relativo a los casos de Chihuahua y de Sinaloa, así como por el discurso adoptado tras el encuentro del secretario de Seguridad, Markwayne Mullin, con la presidenta Sheinbaum. La cancelación de las visitas programadas de la zarina antidrogas Sara Carter y del representante comercial, Jamieson Greer, habla de ello. Y ni qué decir de la declaración del secretario de Guerra, Pete Hegeseth, diciendo “vamos a la guerra contra los cárteles”.
Por eso la importancia del mensaje dominical de la presidenta Claudia Sheinbaum para saber si quiere sumar o restar, asumiendo que radicalizar la postura en nada ayuda.