Si la actual Presidencia de la República se jugó en 2023, es probable que las elecciones intermedias −con su enorme cúmulo de poder− entren en juego el año entrante.
En los próximos doce meses, múltiples factores externos e internos perfilarán lo que pueda ocurrir en 2027. Por adelantado se sabrá de la posibilidad del gobierno y el movimiento que lo ampara, de la oposición establecida y naciente si esta prospera, así como de los incipientes movimientos de descontento. El próximo destino nacional estará a la vista.
Lo curioso del asunto es que, pese a tener noticia de los sucesos que delinearán el horizonte, los actores políticos actúan como si nada, como si su suerte y la del país no estuvieran en juego. Si fingen o simulan, vale reconocerlo, lo hacen muy bien.
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En el plano exterior, al menos cuatro factores instan a reconocer el tablero, las condiciones del juego y a reflexionar sobre la estrategia oficialista y oposicionista a seguir.
Se concrete o no en una acción contundente, la creciente presión estadunidense sobre Nicolás Maduro en Venezuela obligará a fijar postura. Ese ingrediente en combinación con el corrimiento a la derecha de varios gobiernos de América Latina y en conjugación con la estrategia de seguridad nacional del gobierno estadounidense (en busca de fortalecer influencia y hegemonía en el continente) suponen un vuelco. Un reacomodo y realineamiento de las fuerzas políticas en la región. Ahí está el caso del recién presidente electo de Chile, José Antonio Kast, pegado a Estados Unidos y Argentina.
Más allá de aplicar a conveniencia los principios de la política exterior, será importante la postura del oficialismo. Por lo pronto y con acierto, el gobierno apuesta a la mediación. Pero, jugar con las palabras no podrá seguir siendo el recurso para solapar o condenar actos de gobierno en el vecindario. Y no menos importante será conocer cuál es −si la tiene− la política exterior de la oposición que, hasta ahora, sólo denuncia en foros internacionales el supuesto autoritarismo en México o expresa solidaridad con María Corina Machado que si resuena es por su oquedad. O, claro, ahí está el dirigente tricolor, Alejandro Moreno, plegándose a Estados Unidos
¿Más allá de consignas y posturas de cartabón, cuál será la alineación del oficialismo y la oposición?
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Más allá del efecto de la estrategia de seguridad nacional estadounidense en la región, hay otra consecuencia de particular interés para México.
Si Estados Unidos pretende endurecer su influencia y dominio en la región no es aventurado pensar que la renegociación del T-MEC derive ya no en un acuerdo comercial, sino en uno integral que incorpore economía, migración, seguridad y militarización del combate a los cárteles “terroristas” del narcotráfico. Tal posibilidad complicará en extremo la situación del gobierno y el país. Quizá, como plantean algunos analistas, la adversa circunstancia económica de Estados Unidos relaje y favorezca la renegociación, pero de no ser así la interrogante es qué tanto estará dispuesto a ceder el oficialismo con tal de llegar a un acuerdo y qué tanto la oposición cobijará o descobijará esa negociación. Esa definición será fundamental.
De rebote, otro hecho que pegará aquí será el resultado de las elecciones intermedias en Estados Unidos. La fortaleza o debilidad de Donald Trump en el segundo tramo de su mandato se cifra en esos comicios y repercutirá en el posicionamiento de las fuerzas políticas nacionales.
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En el plano interior, cuatro asuntos relacionados con la economía, la política, la seguridad y la corrupción donde se asocian política y delito serán clave en las posibilidades del gobierno y los partidos.
Sin crecimiento económico no hay desarrollo social y mucho menos bienestar. De prevalecer el estancamiento, el gobierno y Morena se encontrarán en un apuro, mayor si los nacientes movimientos de descontento cobran fuerza. Resolver ese problema ligado también con la renegociación del T-MEC será un desafío. Insistir en el discurso dual no es una opción y, entonces, será menester fijar prioridades, sin descartar un eventual repliegue.
Pese a esa circunstancia, la idea de presentar tan pronto como en enero la reforma electoral –eslabón importante en la cadena de un cambio de régimen– pinta un embrollo. Ciertamente, el modelo electoral y el sistema de partidos requieren de un ajuste drástico, pero si este tiene por único propósito institucionalizar un nuevo régimen de partido de Estado, será difícil desatar el enredo porque, entre los afectados, podrían hallarse los partidos aliados a Morena. El punto es si, pese a la adversidad, el oficialismo insistirá en la idea y si la oposición tiene claro qué hacer porque refugiarse en la resistencia −como suele hacerlo− a fin de preservar el statu quo, sólo disminuirá su posibilidad.
Pese a los logros conseguidos, la inseguridad seguirá pesando en la atmósfera, sobre todo, por sus vínculos con la corrupción y, peor aún, por la asociación de políticos y delincuentes. El discurso oficialista sugiriendo que tal entramado pertenece al pasado ya no se sostiene, también es presente y, ante esa realidad, la actuación se advierte contenida o limitada, incapaz de ir hasta donde tiene que llegar. En particular, la asociación de política y delito está alentando un malestar que el oficialismo no ha calibrado en su justa dimensión. Aviso de ello fue la reacción social ante el homicidio de quien encabezará la alcaldía de Uruapan, Carlos Manzo. Inseguridad, violencia y corrupción integran un factor de desestabilización y pueden constituirse en bujía de movimientos de descontento y malestar.
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Parece descabellado, pero es no improbable que en 2026 se jugará 2027.
Nota: Con motivo del fin año, el próximo Sobreaviso aparecerá hasta el 9 de enero.