Para estas fechas, ya deberían haber salido las y los coordinadores estatales “para la defensa de la transformación”, ese título orwelliano que disfraza, como policía chino, lo que serán las candidaturas a las 17 gubernaturas en juego el próximo año. No han salido y es un problema en tiempo real porque las primeras encuestas no favorecían a quienes quiere la presidenta Claudia Sheinbaum que ganen las mediciones. Iván Silva, el estratega en jefe designado por la presidenta, está prolongando el proceso para que los números se acomoden a los deseos de Palacio Nacional, pero no salen los resultados que necesitan.
Morena ya dio a conocer cinco coordinadores estatales, pero le faltan 12. Desde principios de año comenzaron a medir a los aspirantes a las candidaturas y le han dado varias vueltas sin que los designados por el dedo de la presidenta logren la ventaja para darle legitimidad. El proceso de selección de candidatos de Morena, vendido al electorado como uno profundamente democrático, es una farsa. Las encuestas son manipuladas por Silva, como un número considerable de las mediciones públicas sobre la popularidad de la presidenta, pero a diferencia de estas, en las que competen a candidaturas para gobernador, hay fuerzas e intereses encontrados que no permiten que sea tan fácil un timo.
Cuatro estados representan el mayor problema para los deseos de la presidenta: Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas, donde compromisos adquiridos no están pudiendo ser cumplidos.
En Baja California Sur, el interés estratégico de la presidenta apunta a que la candidatura quede en las manos de la alcaldesa de La Paz, Milena Paola Quintero, a cuya precampaña le ha abierto Silva una enorme tubería por donde están fluyendo millones de pesos, que sobresalen, en comparación incluso, con los recursos destinados a estados de mayor peso electoral. Quintero no logra aventajar en las encuestas al diputado Manuel Cota, hijo del exgobernador Leonel Cota y respaldado también por otro exmandatario en la entidad, Narciso Agúndez. Cota responde a los intereses del senador Adán Augusto López, e indirectamente a los del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El otro caso es Nayarit, que tiene un relieve peculiar, porque la candidata que originalmente escogieron en Palacio Nacional es Geraldine Ponce, alcaldesa de Tepic con licencia, y que es una extensión personal de López Obrador, que se mantuvo muy cerca de ella durante su gobierno. Ni el carisma de López Obrador ni la voluntad política de Sheinbaum están pudiendo frenar a quien puntea en las encuestas para escoger abanderado, el alcalde con licencia de Bahía de Banderas, Héctor Santana.
Santana fue desde un principio el delfín del gobernador Miguel Ángel Navarro, que desde hace casi dos años fue denunciado por el empresario Eduardo Valencia de manejar una red de despojo a particulares y empresarios y ciudadanos extranjeros en ese municipio. Los dos han sido señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado, que se reforzaron por la investigación en Estados Unidos mediante la cual desmantelaron una red de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, mediante un esquema de fraudes de tiempo compartidos en Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Ambos han negado las imputaciones.
Las encuestas en Tlaxcala son otro dolor de cabeza para Silva. El candidato de la presidenta es el alcalde con licencia de Tlaxcala capital, Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador Alfonso Sánchez Anaya, que fue impulsado al cargo en 1999 por el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y tiene como operadores políticos a personas allegadas a la Presidencia. Esta semana, sus operadores buscaron sorprender y forzar su nominación como coordinador, mediante una avalancha de felicitaciones en las redes sociales, que tuvo que ser frenada por la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel.
Sánchez García no ha podido dar mejores resultados que la senadora Ana Lilia Rivera, quien en un reciente evento público mostró su músculo con el ala dura de Morena, encabezada por Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la presidenta Sheinbaum; Laura Itzel Castillo, secretaria de la Mujer; Virgilio Martínez Miranda, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado; la diputada Dolores Padierna, y el senador Gerardo Fernández Noroña.
En Zacatecas, el bajo rendimiento de la senadora Verónica Díaz ha hecho tambalear los acuerdos con el diputado Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, con la Presidencia y el partido, que a cambio de sacrificar a su hermano Saúl, también senador, acordó que él designaría a la sucesora de su otro hermano, David, el actual gobernador. En las encuestas puntea el diputado con licencia y exalcalde de Zacatecas capital, Ulises Mejía, que aventaja casi dos a uno a Díaz, que nació en Fresnillo, el bastión histórico de los Monreal. Mejía tiene el apoyo de Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro y hombre de la presidenta Sheinbaum, que se ha cruzado al cacicazgo de los Monreal en Zacatecas.
Morena se está revolcando en el lodo por las candidaturas, y como se esperaba en algunos círculos del poder, no está siendo nada fácil la imposición de los dedazos presidenciales. Pero Silva tiene muchos recursos, aunque no necesariamente legales –conforme a los estatutos de Morena–, ni legítimos. En las siguientes mediciones está buscando repetir la fórmula mediante la cual Sheinbaum se quedó con la candidatura presidencial en 2024: encuestar en las secciones que le indicaban las casas demoscópicas, para que la precandidata pudiera peinar, como dicen en el argot electoral, esas mismas secciones y elevar de manera significativa su presencia y recordación, que es lo que miden los estudios.
Silva está pidiendo a las casas encuestadoras que contrató –por lo menos a la mayoría–, que midan en las secciones que les señale, mientras que a quienes desea la presidenta que ganen, les instruye a que hagan campaña quirúrgica. De esta manera, la encuesta no es realizada mediante la selección de puntos para entrevistas definidos regularmente por un notario, sino en aquellos cuya población ya fue inducida. De esta manera se mantienen los criterios generales demográficos, aunque la muestra no será representativa.
Pero eso no importa. No es la primera vez que lo hacen en Morena, y no será la última. La trampa está en su ADN, donde no importa la competencia equilibrada en su propio partido, sino obtener los resultados previamente decididos. Lo que resultará es un cóctel explosivo, que tendrán que operar para que sus corcholatas estatales no se vuelvan otro escándalo.