El accidente en Chihuahua donde murieron dos agentes de la CIA no solo muestra una violación de Estados Unidos a los acuerdos de cooperación en materia de seguridad con México, sino que refleja la crisis de credibilidad por la que atraviesa Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió ayer al gobierno de Chihuahua y a Estados Unidos aclarar la operación de los agentes en territorio mexicano porque, como subrayó, “no es menor lo que sucedió”. De hecho, ella no lo sabe, es mucho más grave, delicado y profundo de lo que se puede imaginar.
Los agentes murieron en la madrugada del domingo en una carretera en la Sierra Tarahumara, al regresar de un operativo encabezado por la Agencia Estatal de Investigación en la comunidad de El Pinal, en el municipio de Morelos. Viajaban en un convoy de cinco vehículos, encabezado por un Rhino, el cual está blindado y es utilizado en operaciones especiales por corporaciones policiales, a toda velocidad por la serpenteante terracería. En una curva, el Rhino giró, pero el segundo vehículo, entre lo oscuro de la mañana y la polvareda, se siguió de frente.
El vehículo cayó por la ladera y se incendió. El director de la Agencia Estatal de Investigación, un agente de la corporación y un agente de la CIA salieron expulsados del automóvil, y el cuerpo de uno más, que quedó atrapado en el vehículo, se incineró. En el tercer vehículo viajaba su jefe y otro agente de la compañía. Eran cuatro agentes que no eran extraños para el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, ni para la gobernadora Maru Campos.
La operación en la que participaron fue el desmantelamiento de un laboratorio de fentanilo de los que se movieron de Sinaloa cuando estalló la guerra interna del Cártel de Sinaloa hace casi dos años, manejado por Óscar Manuel Gastélum Iribe, jefe de la organización criminal conocida como Los Músicos, que perteneció al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y se asoció con Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín El Chapo Guzmán, y quien es el que está dando la cara en la guerra fratricida contra Los Mayitos, que están peleando ese territorio en la Tarahumara.
La presidenta confirmó ayer que agentes de la CIA participaron en esa operación, que contraviene el acuerdo de entendimiento entre los dos países y viola la Ley de Seguridad Nacional. Desconocido para ella –y quizás para el gabinete de seguridad– es que era la tercera operación que hacía la CIA con la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua en este año, las cuales resultaron fallidas.
La primera fue en febrero, en Ojinaga, la segunda ciudad fronteriza más grande de Chihuahua después de Ciudad Juárez, contra miembros del grupo de Los Menchaca, cuyo líder, actualmente preso, Sergio Menchaca, fundó La Línea, que fue el brazo armado del Cártel de Juárez. Los Menchaca están aliados actualmente a Los Cabrera, que luchan al lado de Los Mayitos, y operan principalmente en Durango.
La segunda fue a finales de febrero y se prolongó a los primeros días de marzo, llevada a cabo en la comunidad de Santa Bárbara, a 36 kilómetros al sur de Parral. La CIA buscaba detener a miembros del grupo criminal de Los Salgueiro, cuya cabeza, Noel Salgueiro Nevárez, detenido hace 15 años, fundó Gente Nueva, y están aliados a Los Chapitos. Como en el caso de Los Menchaca, Los Salgueiro también son buscados por Estados Unidos.
La tercera operación, en El Pinal, comenzó el viernes, cuando los agentes de la CIA volaron drones para recolectar información y definir el desmantelamiento del narcolaboratorio. Varios agentes de la CIA eran mexicano-estadounidenses, iban vestidos con uniformes tácticos de la Agencia Estatal de Investigación y llevaban cubierta la cara con balaclavas tácticas. El Ejército, que participó en la seguridad perimetral, difícilmente pudo haber reconocido a extranjeros cuando llevaban el camuflaje del uniforme especial, y, al tener cerrado bajo llave el gobierno de Chihuahua las imágenes del operativo, no se puede realizar un análisis antropométrico.
Las operaciones de la CIA en Chihuahua, como finalmente ayer admitió Sheinbaum, violan la Ley de Seguridad Nacional, publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2020, que prohíbe expresamente que agentes extranjeros actúen sin el conocimiento de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Seguridad y Protección Ciudadana, y que las autoridades de los tres Poderes de la Unión que tengan contacto con ellos deberán tener la autorización del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, al que deberán informarle cualquier reunión, comunicación o interacción que tengan con ellos.
La violación de la ley por parte de la gobernadora Campos tiene como antecedente –y, estirando un poco, justificación– la firma de un memorando de entendimiento con el gobernador de Texas, Greg Abbott, en abril de 2022 –posterior a la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional– que incluía la cooperación bilateral para reducir el tráfico de fentanilo e implementar un programa con drones e inteligencia artificial en la frontera. El acuerdo nunca fue impugnado, y se suscribió cuando el secretario de Relaciones Exteriores era Marcelo Ebrard y uno de sus principales colaboradores era el actual canciller, Roberto Velasco.
Sheinbaum declaró ayer que se estaba verificando si los agentes de la CIA estaban acreditados en la embajada de Estados Unidos. Si lo están, no aparecerán como agentes de la CIA, pues la única dependencia que tiene que identificar a su personal es la DEA, un requisito impuesto por el gobierno mexicano tras el secuestro del doctor Humberto Álvarez Macháin, acusado –y exonerado– de haber mantenido con vida al agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en los 80.
Los cuatro agentes que iban en el convoy habían estado trabajando la región del noreste desde hace tiempo. Al frente del grupo iba el responsable de operaciones de la oficina de la CIA que se encuentra dentro del consulado en Monterrey, que es parte de la Dirección de Operaciones de la compañía en su cuartel general en Langley, Virginia, suburbio de Washington.
El jefe debió haber llamado inmediatamente a su superior inmediata, la jefa de Estación de la CIA en México, pero, hasta donde se sabe, no lo comunicó al embajador Ron Johnson. Esto no es algo inusual o extraordinario, pero agrega a esta caja de sorpresas amargas para el gobierno de Sheinbaum que abrió el accidente.