En el régimen se ha abierto una fractura sobre el combate al crimen organizado. Los más leales al expresidente Andrés Manuel López Obrador levantaron una muralla contra cualquier intento de la presidenta Claudia Sheinbaum de abrir procesos que terminen en responsabilidades para militantes de Morena por presuntos vínculos con cárteles de las drogas. El desafío del ala radical del obradorismo debilita la posición de Sheinbaum frente a Estados Unidos, que está presionando para que lleve a proceso a políticos, sin los cuales, afirman, las organizaciones criminales no podrían haber crecido ni fortalecido a los niveles actuales.
Sheinbaum se ha tenido que correr de posición para evitar que suceda lo que a veces parece inevitable: una intervención unilateral de Estados Unidos en territorio mexicano. De no querer ceder a las presiones y abrir causas penales contra figuras de Morena, consideró fórmulas para limpiar su casa, con la mira puesta en salvaguardar la soberanía y dar señales a Washington de que la impunidad se acabó, y ganar más tiempo frente a los impulsos del presidente Donald Trump.
Pero no pudo. En el reciente Consejo Nacional de Morena, a principios de este mes, se propuso una serie de mecanismos para poder separar de sus cargos y la pérdida de fuero de gobernadores y presidentes municipales por manejo de recursos de procedencia ilícita y presuntos nexos con el crimen organizado, junto con una iniciativa en el Congreso para agilizar los procesos de desafuero de legisladores que se encontraran en situaciones similares. No avanzó ni siquiera a votación.
El presidente del Consejo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, junto con Rafael Barajas, El Fisgón, el monero de La Jornada, que es el principal asesor político de López Obrador y maneja el Instituto de Formación Política de Morena, sabotearon la propuesta. No procedía, argumentó Durazo, de acuerdo con detalles de la negociación frustrada, argumentando la “integridad” del obradorismo siguiendo el ejemplo del expresidente.
La broma se cuenta sola, pero con esa justificación, que parecería cínica, selló la posibilidad de que en México figuras como él, otra decena de gobernadores –todos de Morena menos uno–, y alcaldes en los estados obradoristas en la frontera con Estados Unidos, Michoacán y Sinaloa, sobre quienes existen investigaciones en Estados Unidos, pudieran ser sujetos de acciones penales en México.
La construcción de una muralla de impunidad para políticos mexicanos en México socava la cooperación con Estados Unidos al dejar al gobierno confrontado con el partido en el poder. La imagen más poderosa de esta disociación fue la fotografía de la reciente reunión en Washington del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el director de la DEA, Terry Cole, que subrayó el entorno de confianza que ha logrado restituir el gobierno, dados los antecedentes de Cole en su paso por México durante los primeros años de la administración de López Obrador.
Cole hizo la primera lista de 30 nombres de políticos de Morena vinculados con el crimen organizado, como respuesta a la forma como la Fiscalía General de la República exoneró por la vía rápida al general Salvador Cienfuegos, por su presunta relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, de la que lo acusaba el Departamento de Justicia. Este caso sigue vivo en Washington.
La fractura no solo fue con ese sabotaje. Desde hace algunas semanas, las plumas que reflejan el pensamiento del ala dura del obradorismo han estado golpeando a García Harfuch, acusándolo de ser complaciente con Trump, con lo cual lastiman a Sheinbaum, y sugiriendo que tiene que diseñar una política de seguridad que enfrente las presiones de Washington. Sibilinamente proponen la restauración de la política de abrazos, no balazos, que permita a los cárteles seguir operando, una vez más bajo el manto protector o la complicidad del gobierno, como sucedió con López Obrador, que también tiene investigaciones abiertas en aquel país.
Esa política no va a regresar. Ni siquiera tiene que ver con la presión de Trump, sino con la viabilidad del país, como fue el diagnóstico que le entregaron a Sheinbaum desde la campaña presidencial, mucho tiempo antes de que Trump se convirtiera en una fuerza intervencionista amenazante. Sheinbaum lo resistió largo tiempo, y en septiembre se negó a presentar al Senado un acuerdo de seguridad con Estados Unidos, bajo presión del secretario de Estado, Marco Rubio. De la misma manera, cada vez que le han presentado listas de políticos morenistas vinculados con el crimen organizado, su respuesta ha sido que le entreguen las pruebas –aunque ella tiene las propias–.
La mejor solución para navegar en esos dos ecosistemas era la propuesta al Consejo Político de Morena, pero como le dijo Rubio cuando se reunieron en Palacio Nacional en septiembre, ante su negativa de llevar al Senado el acuerdo de seguridad bilateral, no tiene la fuerza interna para imponerse. El ala dura de Morena, al igual que ella, teme que haya una acción unilateral, pero, a diferencia de Sheinbaum, los radicales de López Obrador, en defensa de los delincuentes que tienen en esa trinchera, están apostando a que México sea su búnker.
El obradorismo radical no quiere recortar sus pérdidas y, al final, puede perder más, porque no parece leer correctamente la hoja de ruta de Washington, similar a la que hicieron con Venezuela: ir construyendo una narrativa que fue de lo general a lo particular, a los detalles y al sentir que un ataque era inminente, creando las condiciones de opinión pública que hicieran menos costosas sus acciones quirúrgicas.
Ha pasado mucho tiempo entre las primeras declaraciones de Trump sobre la captura de México por el crimen organizado y este martes, cuando el general Gregory Guillot, comandante de la Fuerza Aérea del Comando Norte y del Comando de Defensa Aeroespacial Norteamericano, afirmó ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Congreso que, aunque el crimen organizado no se ha enfrentado directamente contra las tropas estadounidenses, el acoso contra funcionarios de ese país ha ido aumentando, junto con el hackeo de sus comunicaciones por parte de los cárteles.
La trayectoria de la narrativa es clara.
Guillot fue muy preciso en su testimonio, cuya declaración escrita tuvo una extensión inusual de 21 páginas y una evocación al buque de guerra Maine y al Golfo de Tonkin, donde supuestos ataques a militares estadounidenses fueron su justificación para iniciar la guerra contra España por Cuba y en Vietnam.