Desde 1984 no había habido un atentado de tan alto impacto en la Ciudad de México contra un periodista como el que sufrió el jueves por la noche Ciro Gómez Leyva, quien, a diferencia de Manuel Buendía, lo sobrevivió. Todavía hoy hay una controversia pública sobre quién mandó a asesinar a Buendía, y así sucederá en el caso de Gómez Leyva, sin importar el desenlace de las investigaciones que realicen las autoridades de la capital. Lo estamos viendo. Desde el viernes se desató una campaña en las redes sociales en cuentas afines a Morena donde aseguraban que había sido un autoatentado.
Tal despropósito no es nuevo. El presidente Andrés Manuel López Obrador de manera sutil, y sus principales propagandistas de manera clara y reiterada, han señalado en otras ocasiones, cuando la violencia abraza más fuerte al país, que es resultado de una acción concertada entre los “conservadores” y los cárteles de la droga para perjudicarlo. En el caso específico del atentado a Gómez Leyva, la Rayuela, un pequeño espacio editorial que publica diariamente La Jornada, preguntó el viernes: “¿Y a quién beneficia un atentado contra el periodista?”.
En La Jornada trabajan varios de los asesores políticos de cabecera de López Obrador, que junto con el equipo de propaganda en Palacio Nacional, han señalado que está en marcha un “golpe blando” contra el Presidente, promovido por empresarios y expresidentes, con el apoyo de los medios de comunicación, para descarrilar el proyecto de López Obrador. La pregunta en la Rayuela y las campañas en redes buscan el mismo propósito: desviar la atención sobre la responsabilidad del gobierno federal en el atentado.
La responsabilidad del gobierno federal en el ataque a Gómez Leyva no significa de ninguna manera que piense que la orden de atentar contra el periodista salió de Palacio Nacional. Eso sería absurdo, porque a quien no beneficia en absoluto lo que sucedió el jueves por la noche es al Presidente. López Obrador lo reconoció implícitamente en su conferencia mañanera del viernes, cuando señaló que “un daño a una personalidad como Ciro genera mucha inestabilidad política”. Pero, al mismo tiempo, si no culpable, el Presidente tiene una responsabilidad en lo que está sucediendo.
En la columna del 6 de febrero de este año se publicó en este espacio: “Que el Presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas, no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos, crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y, a la vez, lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse, ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca… fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía”.
En 1994, precisamente al alimón con Gómez Leyva, entrevistamos a Miguel Montes, primer fiscal del caso Colosio, y le preguntamos si él consideraba que el presidente Carlos Salinas tenía responsabilidad sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Montes respondió que no, pero precisó que los climas sociopolíticos que construyen los poderosos, sí. El contexto era el conflicto que vivía la campaña por el protagonismo de Manuel Camacho, como negociador para la paz en Chiapas, que generó inestabilidad y zozobra en la campaña, y construyó un entorno agrio y de conflicto.
Retomando la columna, se añadió: “Por la cabeza de López Obrador, queremos pensar, no cruza el deseo de que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El Presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras de respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder”.
Fue una desafortunada coincidencia que, en vísperas del atentado, el Presidente haya vuelto a atacar a Gómez Leyva en la mañanera. En muchas mañaneras, a lo largo de los cuatro últimos años, López Obrador ha señalado directamente por nombre a periodistas como sus enemigos, acusándolos de mentirosos y de servir a los grupos que, afirma, perdieron privilegios y los quieren recuperar. ¿Qué es lo que ha hecho, en la práctica, el Presidente? Ha establecido, inopinadamente, objetivos de ataques.
Si existen grupos que quieren desestabilizar su proyecto, el Presidente ha identificado en los periodistas dónde le duele más. López Obrador tiene el derecho de replicar a la prensa y mostrar su inconformidad por lo que se publica o se opina. A lo que no tiene derecho, porque violenta el principio de proporcionalidad y abusa de la asimetría de su palabra frente a la del resto de los mexicanos, es disparar contra ese grupo.
Pero no es lo único. La politización instantánea del atentado a Gómez Leyva apresuró los tiempos. Como hipótesis que se investiga están las organizaciones criminales detrás del atentado, lo que es igualmente grave. Siguiendo en esa hipótesis, si una banda criminal se dispuso a asesinar a un periodista tan reconocido, es porque debe sentir que puede salir impune, que refleja el entorno de impunidad de criminales que ha construido el Presidente con su estrategia de “abrazos, no balazos”. En cualquier caso, el atentado le cambiará por completo la vida a Gómez Leyva por un tiempo indefinido. Y si el Presidente tiene suerte, no habrá otro atentado contra el periodista, ni contra alguno de los que ha difamado en la mañanera.
Hay que insistir en lo que se publicó aquí el 17 de febrero: “Si usted considera que tiene razón, argumente y no insulte; persuada, pero no ataque. Confronte sus ideas, porque el país no está en condiciones sociopolíticas para procesar sus agresiones a los medios y los periodistas”. Presidente, no juegue con un destino que está claro no puede controlar.
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