Hasta hoy son centenares de muertos que, pudiendo continuar con sus vidas, han fallecido en los diversos institutos de salud otrora salvaguarda de millones de mexicanos.
Una pésima instrumentación de la política toral de austeridad que pudiera "llegar a ser franciscana" ( AMLO dixit), ha logrado deteriorar lo que ninguna pandemia ha logrado. Son decenas de miles los pacientes que, ya sea en Nutrición, Cardiología, Enfermedades Respiratorias, Neurología y en las otras ocho restantes instituciones más el IMSS e ISSSTE, se ven obligados a obtener sus citas de consulta, de laboratorios, de cirugía y hasta de cuidados paliativos con meses de retraso provocando la intensidad de sus males y, en no pocos casos, hasta la muerte.
Han sido miles los cuadros capacitados que han visto disminuidos sus salarios o francamente desplazados y con ello el desmembramiento de equipos ya consolidados ocasionando severas deficiencias en la atención a todo tipo de enfermos.
Con ojos atónitos, leo que ya hay pacientes que se amparan ante un juez contra el Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para que no se les niegue la atención o los medicamentos que necesitan. La respuesta de las autoridades del Incan es meridianamente clara: hay desabasto de medicinas por falta de presupuesto; no hay médicos, especialistas, técnicos, enfermeras y personal administrativo por falta de recursos.
Para quienes como yo, hemos ingresado al Incan hace un par de años, el trato recibido es el propio de un hospital asediado por sus pacientes. Inaugurado en la década de los sesenta cuando éramos casi 70 millones de habitantes, es insuficiente para una población cercana a los 130 millones. No obstante, en el Incan constanté dos factores sustantivos:
El trato amable a todas las clases sociales y una organización que, a pesar de que los pacientes son muy numerosos, llegaba a ofrecer cuidados y tratamientos excelentes.
Cierto, quienes nos sometíamos a radiaciones, vimos que en un par de ocasiones, el Acelerador Lineal de Partículas suspendía su trabajo debido al constante mantenimiento que requería debido al sobretrabajo al que se veía obligado a realizar con tantos pacientes. Otros enfermos, por ejemplo, quienes se trataban de leucemia mieloide crónica, jamás se quejaban de falta de atención o de insumos medicinales. Las salas de espera, casi siempre abarrotadas, poco a poco se vaciaban, pues había médicos que, sin ser suficientes, suplían su vocación con esfuerzo y dedicación. La situación actual debe ser mucho más aguda debido a que si algo falta son recursos económicos regateados por una administración federal incapaz de realizar ahorros donde sobran, como son las inmensas bolsas a los partidos políticos, la partida pública destinada al béisbol, los gastos en camiones, alimentos y pancartas de los acarreados a los festejos del primer, segundo y tercer Informe de Gobierno presidencial, los tres mil 200 millones de pesos destinados a las cien universidades que no saben cómo planear e instrumentar, la impresión de la Cartilla o la Economía Moral. Eso y muchísimo más derivado de la incompetencia administrativa, bien podría estar mejor empleado en proporcionar recursos para la salud.
El acuerdo del juez Decimocuarto en Materia Administrativa en la CDMX ha dictado algo sublime: "Queda bajo la más estricta responsabilidad del Inca el garantizar que la parte quejosa (los pacientes), no se vea privada ni se le restrinja o niegue el cuidado y tratamiento. El derecho humano a la salud no está sujeto a temas presupuestales".
En sus decires, el juez apunta que la atención médica es necesaria para salvaguardar vidas, así como los cuidados y tratamientos necesarios para atender sus padecimientos de acuerdo a la valoración y al diagnóstico que realicen los médicos y especialistas correspondientes.
Al juez le faltó algo fundamental: todo eso se lo debe recetar a quien corresponde, al presidente de la República. Quien por cierto, cuando tuvo un severo padecimiento en el corazón, no fue al Instituto Nacional de Cardiología, sino a un hospital privado.