En América Latina, por lo general, damos por sentado que la política energética se define en las capitales de cada país. Ministerios, congresos y empresas nacionales concentran las decisiones estratégicas, los permisos y el marco normativo. Y en efecto, así es en buena medida. Pero esa realidad no debería llevarnos a una conclusión equivocada, que consiste en pensar que los estados o provincias están condenados a ser espectadores. La transición energética no se detiene por la falta de impulso federal. Se ralentiza, sí. Se complica, también. Pero no desaparece. Y es precisamente en ese espacio intermedio donde los gobiernos subnacionales pueden marcar la diferencia.
En México, prácticamente todos los estados han creado algún tipo de organismo especializado, secretarías de energía, agencias estatales, comisiones técnicas o clústeres. Esa proliferación institucional no es casual. Refleja que el tema importa, que existe conciencia de la oportunidad económica que representa, y que hay presión del sector productivo por avanzar hacia energías más limpias y competitivas.
Estas entidades estatales no pretenden ni tampoco pueden sustituir a la Federación. Su principal desafío consiste en encontrar qué les es posible hacer, dentro de sus atribuciones, para reducir fricciones, pavimentar el camino, y acelerar lo que sí les está permitido.
Tienen una gran oportunidad en la planeación territorial. El ordenamiento ecológico y el uso de suelo son herramientas poderosas. Definir vocaciones productivas claras, anticipar infraestructura y evitar conflictos sociales no es una función menor. Un proyecto energético no fracasa solo por regulación federal; muchas veces tropieza por falta de alineación local.
En aspectos de política económica, los estados no regulan el mercado eléctrico, pero sí influyen en la instalación de industrias, en los tiempos administrativos, en la certeza jurídica local y en la calidad de la interlocución. En un entorno donde el capital busca previsibilidad, esa capacidad de facilitación puede inclinar decisiones de inversión.
Asimismo, es preciso predicar con el ejemplo. Edificios públicos eficientes, esquemas de autoconsumo permitidos por la ley, alumbrado público modernizado, movilidad eléctrica en flotas estatales. Ninguna de estas acciones requiere una reforma constitucional, pero todas envían señales claras al mercado y a la ciudadanía.
La articulación eficiente es fundamental. Los estados pueden convertirse en bisagra entre municipios, universidades, centros de investigación y empresas. Pueden detonar estudios, formar talento técnico y construir capacidades que serán determinantes para escalar la ambición y las acciones.
En América Latina, donde la institucionalidad energética suele ser altamente centralizada, esta visión resulta aún más relevante. La transición no es solo un asunto ambiental; es una estrategia de competitividad. Las cadenas de suministro globales, cada vez más exigentes en contenido bajo en carbono, no esperan a que los debates políticos se resuelvan.
La inacción también es una decisión. Y esperar a que todo cambie desde arriba puede implicar perder oportunidades industriales, empleo calificado e inversión. Los estados no tienen todas las herramientas, pero sí tienen margen. Pueden construir condiciones, reducir incertidumbre y generar confianza. Pueden preparar el terreno.
La transición energética no siempre avanza desde el centro. A veces comienza en la periferia institucional, cuando alguien decide actuar dentro de lo posible en lugar de lamentarse por lo imposible. Y en un momento en que la competitividad regional depende cada vez más de la sostenibilidad, ese margen, aunque parezca limitado, puede ser decisivo.