La delgada línea que separa el mundo corporativo del gubernamental se desdibujará mañana en Évian, Francia, donde los directores ejecutivos de las empresas más relevantes de inteligencia artificial compartirán mesa con los jefes de Estado que componen al G7. El encuentro, catalogado como un almuerzo de trabajo, evidencia el poder que están adquiriendo los líderes tecnológicos en la esfera pública.
Poniendo el valor de los actores en perspectiva, tan solo OpenAI, Anthropic y Alphabet concentran una valuación conjunta superior a los 3 billones de dólares, una cifra mayor que el PIB anual de la inmensa mayoría de los países del mundo. A su vez, si bien el G7 ya no reúne a las siete economías más grandes del planeta, juntas concentran en torno al 45% del PIB mundial.
Fue precisamente el G7 el que lanzó el Hiroshima AI Process, un código de conducta y principios internacionales para organizaciones desarrolladoras de IA. Pero mucho cambió en apenas 3 años; mientras que en 2023 fueron los Estados quienes delinearon las políticas a seguir, hoy los CEOs de estos gigantes tecnológicos han adquirido un rol político del más alto nivel, el cual levanta la pregunta de quién regula a quién.
El foco del encuentro será los riesgos sistémicos, usos militares y biológicos de la IA y qué tipo de supervisión consideran viable sin frenar la innovación. Las reglas y estándares que emerjan de encuentros público-privados de este tipo definirán el futuro de la humanidad y, por ende, habría que debatir sobre la legitimidad, transparencia y responsabilidad de estas empresas.
Si bien las decisiones que emanan del G7 no son vinculantes, los jefes de Estado están sujetos a cierto grado de rendición de cuentas. Por el contrario, los CEOs participantes no tienen un mandato democrático y sus decisiones obedecen meramente a una lógica económica y de mercado. Excluirles del diseño de estándares en este punto es inviable, pero sí deberían al menos discutirse los límites de su papel en la esfera pública global.
Además, esta dinámica no escapa a la geopolítica. Según distintas estimaciones, alrededor de un centenar de empresas, principalmente de Estados Unidos y China, concentran cerca del 40% de la inversión privada global en IA, lo cual genera distintas dependencias y focos de poder.
Prueba de ello es este encuentro que, bajo el liderazgo de Emmanuel Macron, busca consolidar a la UE como el centro de la regulación de IA. Desde su surgimiento, ha sido la región más restrictiva en el uso de IA en materia de derechos humanos, privacidad y no discriminación, estándares que pretenden convertir en su ventaja competitiva en un mercado en donde su músculo tecnológico va por detrás del estadounidense y el chino.
Por el contrario, Estados Unidos ha convertido la IA en el centro de su política industrial mediante subsidios, compras públicas, estándares de seguridad nacional y controles de exportación de chips a China como parte de su guerra comercial. La administración Trump ha adquirido un promedio de 10% de participación en empresas estratégicas como Intel y USA Rare Earth para asegurar semiconductores y minerales críticos que alimentan la carrera de la inteligencia artificial mediante un esquema un híbrido, entre mercado privado y activo estratégico bajo la tutela del Estado.
Mientras tanto, China combina todos los ejes, consolidando la IA como un eje de poder nacional, buscando aplicar sus modelos transversalmente en la economía para disparar la productividad y ha apostado por convertirse en el proveedor de IA más barata para aliados del Sur Global.
Esta concentración de capital y poder en pocos países y empresas deja en una posición de total dependencia a un sinfín de países que no cuentan con la misma capacidad de desarrollo. En casos como México, su papel corre el riesgo de reducirse a proveedores de materiales como minerales críticos y manufactura para construir chips y equipos, mientras las decisiones trascendentales se toman en Washington, Pekín o Bruselas.
Eventos como este ponen bajo el foco la urgente necesidad de dejar de pensar la IA como un asunto lejano y empezar a tratarla como una política de Estado. No se trata de competir con Silicon Valley o Shenzhen, sino de definir desde ahora qué capacidades mínimas queremos construir, qué reglas queremos exigir a quienes nos proveen tecnología y qué alianzas nos convienen para no quedarnos atrapados, otra vez, en la periferia de la próxima revolución económica.
