El día de ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió los nombres de sus propuestas para que el Senado de la República ratifique los nombramientos de quienes serán responsables de dos instituciones encargadas de sectores estratégicos para el país.
La primera es la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT); la segunda, la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA).
Ambas sustituyen a dos órganos que tenían autonomía constitucional hasta hace unos meses y ahora forman parte del gobierno de la República. Es decir, son dependencias de la administración pública federal.
El dato no es menor porque a partir de ahora se encuentran jerárquicamente por debajo de la cadena de mando de la presidenta y de servidores públicos designados por ella.
Comencemos con una mirada a la quinteta propuesta para dirigir a la CRT. No debemos perder de vista que el sector de radiodifusión y telecomunicaciones, en un contexto de transformación tecnológica como el que vivimos en la actualidad a nivel global, tiene una relevancia creciente y cambia de manera permanente. De hecho, la nueva autoridad también tendrá a su cargo la banda ancha de Internet, el espectro radioeléctrico y las redes.
En la iniciativa se puntualiza que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es una Secretaría de Estado del Ejecutivo Federal y es el “nuevo regulador en materia de telecomunicaciones y radiodifusión”. A esa secretaría quedará adscrita, como un órgano administrativo desconcentrado, la CRT.
A su cargo —porque así lo establece el artículo 8 de la ley en la materia expedida en julio de este año— estará “la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, las redes públicas de telecomunicaciones”, entre otras. Es decir, todo lo que sucede en el mundo digital.
Una facultad clave será la regulatoria, que quedará a cargo directo del Poder Ejecutivo Federal. No sostengo que las otras atribuciones que se le otorgan no sean relevantes —por ejemplo, lo es, sin duda, la facultad supervisora—, pero advierto que, en el contexto actual, la tarea regulatoria es particularmente desafiante.
Esto es así porque, dada la velocidad vertiginosa de los cambios tecnológicos y la irrupción de nuevos fenómenos en el mundo digital, una buena regulación —moderna, flexible y técnicamente sólida— es crucial para fomentar desarrollo, innovación, inversiones y accesibilidad.
Merece la pena advertir un dato que consta en las síntesis curriculares de las personas propuestas: cuatro de las cinco se han desempeñado como funcionarios públicos en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Es decir, ya son parte del gobierno y, de ser ratificadas, lo seguirán siendo. El impacto de este hecho en su gestión está por verse, pero lo que podemos decretar es el final de la autonomía constitucional, técnica y de decisión del órgano regulador en esas materias estratégicas.
En el caso de la Comisión Nacional Antimonopolio, la presidenta Sheinbaum recuerda que también se trata de una “institución del Ejecutivo federal” encargada de la “rectoría económica del Estado” para combatir los monopolios, garantizar la competencia económica —incluso en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión— e incrementar la competitividad para atraer inversiones.
La Comisión Nacional Antimonopolio también es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado, en este caso, en la Secretaría de Economía.
Pero, en su misiva al Senado, la presidenta Sheinbaum subraya que, además de personalidad jurídica y patrimonio propio, la CNA tendrá “autonomía de gestión”, “independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento”.
Por mandato de ley, la presidenta Claudia Sheinbaum envió una quinteta de nombres al Senado de la República para integrar el órgano directivo.
Dentro de estos se encuentra la actual Comisionada Presidenta de la COFECE, una comisionada de ese mismo organismo, un funcionario de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, un funcionario con larga trayectoria pública en diversos organismos autónomos y una profesionista con un perfil menos definido y sin clara experiencia en la materia.
Tampoco podemos anticipar cómo será su desempeño, pero tengo la impresión de que, en materia de combate a los monopolios y a las prácticas antimonopólicas, el gobierno tiene menor resistencia a la autonomía del órgano garante.
Si mi hipótesis es cierta, valdrá la pena indagar las razones. Por lo pronto solo la dejo apuntada.