Para el CIDE y Sergio López Ayllón,
con reconocimiento y agradecimiento
por estos años de trabajo colaborativo,
productivo y constructivo para el bien de México.
En estos días han gravitado en la opinión pública eventos y declaraciones que involucran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Instituto Nacional Electoral. El eslabón que los une ha sido la innecesaria e insulsa consulta popular, pero también encaran retos independientes.
Sobre la consulta creo que ya no hay mucho que decir. Pienso que la lógica del poder derrotó al derecho y que la obstinación del presidente de la República arrastró a la SCJN e impuso al INE una tarea azarosa de la que emergió exitoso, pero vapuleado por el propio presidente y su partido. Este último punto merece un comentario.
La autoridad electoral organizó hace algunas semanas una elección impecable, reconocida y aplaudida por propios y extraños. Sin embargo, a pesar de celebrar las contiendas en las que ganaron, el gobierno de la República y sus seguidores le regatearon el reconocimiento merecido y lo hostilizaron sin razones ni argumentos. Después llegó la consulta popular y los tonos escalaron.
De nuevo, el presidente y sus acólitos hilvanaron una narrativa en la que la fobia se estrella con la realidad (pero lo hace con estruendo). Sin recursos adicionales y en muy poco tiempo, la autoridad electoral organizó con éxito y precisión la jornada consultiva, pero sus críticos vieron otra cosa. Ante la baja participación ciudadana –que confirmó la impertinencia del ejercicio– salieron a buscar culpables y resulta que los encontraron en quienes la hicieron posible. Ahora amenazan con juicios políticos para los funcionarios que han hecho –bien– su trabajo.
La cuestión sería anecdótica si no tuviera como finalidad el socavamiento o la captura de una autoridad pública que nos ha costado décadas construir y que es de lo mejor que tiene el Estado mexicano. El personal profesional y directivo del Instituto Nacional Electoral merece reconocimiento por los resultados de su esmero y por su compromiso con la democracia. Los datos están ahí para quien quiera verlos. Pero eso que han llamado la 4T avanza con afanes destructivos y ánimos refundadores. Pareciera que se desenvuelve en una realidad paralela.
Sus promotores se niegan a reconocer que las instituciones tardan décadas en construirse y que los Estados son mucho más que sus gobiernos. No se trata de un argumento conservador –siempre hay margen de mejoras y los procesos reformadores son necesarios–, pero sí de un llamado de atención sobre la importancia de valorar y defender lo que hemos logrado. Tenemos una muy buena autoridad electoral: ¿por qué ese afán en derrumbarla? Solo se me ocurren malas razones (o, sobre todo, intenciones).
La Suprema Corte de Justicia –más allá de su mal paso en la decisión de la consulta– tampoco atraviesa buen momento. Su situación es paradójica porque, como ha insistido su presidente, ha resuelto y tiene que seguir resolviendo asuntos importantes y enfrenta el reto de liderar una importante reforma al Poder Judicial federal. Sin embargo, sigue empachada con la manzana envenenada que la coronó. La prolongación del mandato del propio presidente ha enrarecido el ambiente dentro y fuera de la Judicatura.
Pero parece avizorarse una salida institucional decorosa. El propio presidente Zaldívar ha anunciado que en este mes de agosto se resolverá la consulta que él mismo presentó a sus colegas sobre el tema. Sus palabras son atinadas y –espero– prometedoras: “la pronta resolución de este asunto es fundamental para dar certeza a la ciudadanía y al propio Poder Judicial sobre un tema que ha causado inquietud y que empaña la trascendencia de la reforma judicial”. Es cierto. Tiene razón. Simplemente hay que retirar ese artículo que le ha quitado el brillo empañándola.
PD. Me han preguntado en un par de ocasiones si el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México participó de alguna manera en la elaboración del amparo que la Escuela Libre de Derecho interpuso en contra de la reforma judicial. La respuesta es, simple y llanamente, no.