Las propuestas de reforma constitucional que ha esbozado el presidente López Obrador son música para los oídos de mentalidades y actitudes políticas como las que, en su momento, promovieron los expresidentes Calderón y Peña Nieto. Controlar a la autoridad electoral, desaparecer las diputaciones plurinominales y culminar la militarización de la seguridad pública. Ni más ni menos. Autoritarismo puro y duro.
Que la intentona sea de derecha o de izquierda o sin ideología alguna, no importa. La lógica y la impronta son inconfundibles. Seguir concentrando el poder, inhibir la representación, asfixiar la pluralidad y fortalecer al extremo a las Fuerzas Armadas es una agenda añeja, prístina y neta. Quien la promueve da la espalda a la democracia y al liberalismo digno de ese nombre. Vamos por partes.
Lo de la autoridad electoral nacional no se entiende. Acabamos de asistir a una jornada cívica ejemplar, con reconocimiento nacional e internacional y con niveles de organización dignos de orgullo, y el presidente de la República quiere reformar a la autoridad que la orquestó. De hecho, en su ánimo está cooptarla o desaparecerla. La única razón que podría explicar eso es el afán controlador que dicta la gestión gubernamental. El Instituto Nacional Electoral es un activo de la democracia mexicana, resultado de la acción y coordinación ciudadana y no puede estar a disposición de los caprichos del gobernante en turno. Más nos vale decirlo y hacerlo valer.
El tema de las plurinominales –lo adelanté en el título de este artículo– es asunto recurrente. Cada vez que hay un gobierno que cuenta con una relativa mayoría legislativa y que confía en que su partido tiene expectativas triunfadoras, pretende desaparecer las 200 diputaciones plurinominales. Lo hizo el PAN, lo hizo el PRI y, ahora, lo hace Morena. A los primeros no les resultó; esperemos que al último tampoco.
Los argumentos también son, siempre, los mismos: que si los plurinominales cuestan mucho, que si no representan a nadie, que si nadie los elije. Fundamentalmente. Todos son pseudoargumentos o, al menos, argumentos falaces. El costo de la existencia de esas curules es, en términos del presupuesto público, marginal. Su representación es fundamental porque son la voz en la Cámara de Diputados –la discusión sobre el Senado se cuece aparte– de aquellas opciones que existen, pesan y tienen demandas legítimas pero no lograron ganar los distritos electorales (uninominales) y, los elegimos todas y todos nosotros, elección tras elección, con nuestros votos trianuales. En mi caso, por ejemplo, no puede votar por el candidato a diputado de mi preferencia –Salomón Chertorivsky Woldenberg– pero pude apoyarlo votando por las candidaturas de su partido. Al final estará en la Cámara de Diputados y estaré más representado.
El último tema es el sueño del calderonismo y la última aspiración del peñanetismo. Ambos apostaron por la ruta militar ante su incapacidad para crear y fortalecer policías civiles dignas de ese nombre. Al final claudicaron. Su militarismo fue uno de sus peores fracasos y, de paso, su timbre para la historia. La violencia nos desbordó y ambos presidentes fueron incapaces de responder con visión de largo alcance. Hoy estamos como estamos porque no pudieron hacer lo que la historia les demandaba.
Con el actual presidente es peor porque prometió que haría lo contrario. Dijo que su estrategia sería la opuesta y, sin embargo, dejó el proyecto de la procuración civil de justicia en el margen de sus prioridades. Ahora resulta que quiere reformar la Constitución para formalizar la fusión entre la Guardia Nacional –que de civil le queda poco– y la Secretaría de la Defensa Nacional. Adiós al mando civil sobre las fuerzas de seguridad. Quien siga pensando que –por necesidad o por urgencia– la decisión cabe en un contexto democrático será que no ha leído la historia latinoamericana.
No será fácil que el gobierno logre la aprobación de estas reformas constitucionales –como tendrían que serlo todas–, pero su iniciativa anuncia tiempos aciagos y descompuestos. Si no le alcanzan las mayorías para aprobarlas, las reformas no serán pero el trazo autoritario se sigue confirmando sin importar membretes ni identidades políticas.
En estas lides el PAN, el PRI y Morena, en los hechos, han resultado ser –le pese a quien le pese– exactamente lo mismo. No le gustará escucharlo al gobierno, pero a los hechos debemos remitirnos.
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