La semana pasada, una mujer de 87 años fue echada de la casa donde había vivido durante siete décadas.
Se llama Maricarmen Abascal y vivía en el barrio de Retiro, en Madrid, desde 1956. Primero con sus padres, después, sola. Por casi 70 años pagó alrededor de 500 euros mensuales de alquiler hasta que, en 2018, el edificio fue vendido y pasó a manos de Urbagestión, una sociedad inmobiliaria. A partir de entonces, la renta de su departamento llegó a 2 mil 650 euros mensuales.
Maricarmen recibe una pensión de mil 450 euros y tiene reconocida una discapacidad. Además, no cuenta con otro hogar.
En el proceso hubo recursos y negociaciones, pero el pasado 23 de septiembre, pese a los esfuerzos de decenas de personas que intentaron impedirlo, el desalojamiento se ejecutó. Maricarmen salió del edificio en camilla, acompañada por personal médico, con la mirada triste que podría ser la de cualquiera de nuestras abuelas, y fue trasladada a un hospital.
La expulsaron de la que había sido su casa desde los 16 años. Y ojo, que apenas un día antes, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, participaba en la feria inmobiliaria The District, encuentro en donde llamó a inversores inmobiliarios a aprovechar las oportunidades del sector.
El caso es brutal, pero dista de ser excepcional: se repite para otras personas mayores de Madrid, ciudades en EU, América Latina y todo el mundo. México, por supuesto, no es la excepción: personas que no necesariamente son pobres en el sentido en que solemos retratar la pobreza, pero cuyos ingresos dejan de alcanzar para pagar el barrio en el que construyeron su vida.
El fenómeno es multifactorial: la gentrificación que eleva las rentas y desplaza a los vecinos, la especulación con edificios y suelo, la transformación de viviendas en activos de inversión, el crecimiento de los alquileres muy por encima de las pensiones y salarios, y una forma de pobreza encubierta, la de quienes envejecen después de haber llevado durante décadas una vida que ya no pueden pagar más.
Quién mató a mi padre, de Édouard Louis, es un libro francés en que el autor reconstruye cómo las decisiones económicas y políticas de distintos gobiernos terminan deteriorando a su padre trabajador, acabando poco a poco con su cuerpo, su espíritu, su alma y su corazón.
Y no creo necesario mencionar lo obvio: las decisiones políticas que afectan la vivienda y expulsan a las personas de sus hogares pueden también destruir una vida.
Tanto así, que volviendo a Maricarmen, en Barcelona la Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha relacionado su caso con el suicidio de Olga, una mujer de 54 años que se quitó la vida cinco meses después de perder su vivienda. Es importante precisar: el suicidio es multicausal y no puede atribuirse directamente a un desalojamiento, pero evidentemente las condiciones materiales pueden agravar una situación de desesperación y, en el caso de Olga, las organizaciones señalaron que el desalojo formó parte de ese contexto.
Hay, al mismo tiempo, políticas que intentan responder al fenómeno.
En Nueva York, el alcalde Zohran Mamdani consiguió congelar los alquileres, y su plan de vivienda, Block by Block, plantea construir 200 mil viviendas asequibles, junto con mayores inversiones en vivienda pública y protección para inquilinos.
En Ciudad de México, la jefa de gobierno Clara Brugada presentó una reforma de Rentas Justas, que propone limitar los aumentos de alquiler, ampliar la vivienda social y asequible, adquirir suelo para reserva territorial y crear una Defensoría de los Derechos Inquilinarios. También plantea combinar viviendas de distintos precios para evitar que el acceso a determinadas zonas quede reservado a quienes pueden pagar más. En 2025, se entregaron cerca de 5 mil viviendas nuevas y terminadas, así como 20 mil créditos para mejoramiento de vivienda.
En Nueva York y Ciudad de México hay, pues, dos proyectos distintos que priorizan a los barrios y a los y las trabajadoras, pero no son los únicos ejemplos de respuestas políticas que disputan la vivienda, en oposición al llamado “derecho a especular”: el resultado de Berlín ofrece otro avistamiento, y es que el 20 de septiembre Die Linke obtuvo 25.3% y quedó como la primera fuerza en la elección estatal, gracias, en gran parte, a una campaña que puso en el centro el precio de los alquileres y el derecho habitacional.
Las ciudades mencionadas poco tienen en común, salvo la innegable constatación de que las elecciones las están ganando los movimientos de izquierda que vuelven a asuntos que estuvieron en los orígenes de la organización social: salarios, reducción de las jornadas, salud accesible, sindicatos, alquileres y derechos materiales.
No me considero una persona nostálgica, para nada, pero sí tengo la convicción de que para avanzar hay que, a veces, volver a nuestros orígenes: la consagración de, como decía el poeta Víctor Jara, el derecho a vivir en paz y dignidad.