¿Quién debe votar?
Esta pregunta anacrónica que suponíamos zanjada hace décadas, vuelve hoy a instalarse en el debate público.
En el transcurso de la historia, la respuesta ha ido cambiando según la conveniencia del poder. Primero sólo votaban los hombres propietarios. Después aparecieron requisitos de riqueza, alfabetización, pago de impuestos o criterios raciales que, bajo el disfraz de la “capacidad”, buscaban excluir a quienes resultaban incómodos. Las mujeres tardaron siglos en conquistar un derecho que hoy, otra vez, se relativiza.
Y es que, en Estados Unidos, la “influencer política” Erika Kirk y sectores ligados al movimiento MAGA han promovido reemplazar el voto individual por un “voto por hogar”, donde el jefe de familia, es decir, el hombre, represente políticamente a todos los integrantes de la casa. La propuesta se derrumba con preguntas básicas: ¿quién votaría por las personas mujeres solteras, viudas o madres que sostienen solas a sus familias? ¿Y qué ocurre cuando dentro de una misma casa existen posturas políticas distintas?
En México, mientras tanto, han surgido propuestas que apuntan en la misma dirección. Desde facciones conservadoras del PAN, se planteó que para ejercer el voto fuera necesario aprobar un examen aplicado por el INE sobre conocimientos básicos del Estado. Poco después, un joven ligado al mismo partido propuso eliminar el voto femenino, una idea que posteriormente matizó, pero que ya se convirtió en parte del debate.
Acá me pregunto: ¿por qué conocer la división de poderes sería un mejor indicador democrático que entender cuánto cuesta llegar todos los días al trabajo en transporte público? ¿O saber cuánto gana realmente una familia trabajadora? ¿O conocer los principales problemas de corrupción del país?
La historia nuevamente ofrece una advertencia. Durante décadas, en el sur de Estados Unidos utilizaron pruebas de alfabetización para impedir que la población afroamericana ejerciera un derecho que la Constitución ya les reconocía. Esto se vendía como filtro para mejorar la calidad de la democracia, pero, en realidad, eran herramientas para seleccionar al electorado que convenía.
Los requisitos aparentemente neutrales casi nunca lo son.
Basta mirar el México real. Millones de personas trabajan jornadas de diez o doce horas, pasan la mayor parte del día trasladándose y sostienen hogares enteros. ¿Quién tendría tiempo para prepararse para ese examen? Probablemente quienes ya cuentan con mayores ingresos y más tiempo libre.
Aquí el filtro es de clase.
Hace unos meses, el creador de contenido “Proyecto Escolar” preguntó a diversos legisladores cuánto costaba un viaje en Metro. La mayoría no supo responder. Tal vez, si de exámenes se tratara, habría que empezar por quienes ya ejercen el poder.
Y no es fortuito que estas ideas aparezcan justo cuando cambian los mapas electorales. En Estados Unidos, la brecha de género en la elección presidencial alcanzó uno de sus niveles más altos en décadas, con una diferencia significativa entre el voto de hombres y mujeres. En México, la derrota de la oposición abrió una discusión interna sobre cómo recuperar competitividad. Cuando los resultados dejan de gustar, siempre aparece la tentación de modificar las reglas.
El silencio también es ilustrativo: el presidente Donald Trump, hasta la publicación de esta columna, no ha opinado sobre la idea del voto por hogar, y el PAN tampoco fijó una postura institucional frente a la propuesta de condicionar el sufragio. Tal vez estas ideas no les hacen tanto ruido, sino que responden a los mismos reflejos clasistas y racistas que, una y otra vez, han demostrado en sus respectivos quehaceres políticos.
El filósofo italiano Norberto Bobbio explicaba que la democracia comienza reconociendo la igualdad política entre las personas. No porque todos sepan lo mismo o tomen siempre las mejores decisiones, sino porque todos poseen la misma dignidad para participar.
En ese sentido, pese a que cada generación cree que la democracia ya está asegurada, es importante recordar que la historia demuestra exactamente lo contrario: los derechos casi nunca desaparecen de golpe, sino que empiezan a erosionarse cuando alguien logra convencer a la sociedad de que ciertos ciudadanos valen políticamente menos que otros.
Y esa conversación nunca termina donde comienza.