En los momentos más oscuros históricamente, los pueblos han tomado sus decisiones más luminosas.
Entre el 10 y el 16 de septiembre de 1942, veintiún países de las Américas se reunieron en Santiago de Chile para fundar la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el mundo se desmoronaba.
Era el asalto alemán sobre Stalingrado: la batalla más sangrienta en la historia de la humanidad, con bajas estimadas en cerca de dos millones de personas entre soldados y civiles. En el Pacífico, los aliados se enfrentaban por Guadalcanal. En los campos de concentración, el exterminio sistemático avanzaba sin freno.
Y en ese mismo instante, un grupo de funcionarios y técnicos de seguridad social decidieron reunirse para hablar de pensiones, salud y protección social. No eludiendo la realidad, no, sino buscando hacerle frente, apostando a construir instituciones para el bienestar colectivo justo, cuando el mundo demostraba que la destrucción masiva era una opción plausible.
Ochenta y tres años después, el paralelismo es difícil de ignorar.
Desde el 7 de octubre de 2023, más de setenta mil palestinos han sido asesinados en Gaza, en medio de una ofensiva que múltiples organismos internacionales han calificado como violaciones graves al derecho internacional humanitario.
En septiembre de 2025, la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU confirmó la calificación de genocidio, tras una exhaustiva investigación. El ejército israelí ha destruido 38 hospitales, 96 centros de salud y ha desplazado forzadamente a dos millones de gazatíes.
En Ucrania, la guerra se ha prolongado por años. Al mismo tiempo, el multilateralismo enfrenta uno de sus momentos más frágiles: instituciones cuestionadas, acuerdos debilitados y potencias que se alejan de los espacios que antes ayudaron a construir.
Frente a ese contexto, es comprensible la tentación de preguntarse para qué sirven estas instituciones. Si no lograron evitar estas crisis, ¿cuál es su sentido?
Pero esa lectura invierte la causalidad.
Las instituciones de cooperación no nacen cuando el mundo está en calma. Surgen precisamente para evitar que la violencia, el abandono o la desigualdad se conviertan en destino. Su debilidad actual no es argumento para su disolución, sino una señal de la urgencia de fortalecerlas.
En las Américas, los desafíos rara vez son aislados. La informalidad laboral, el envejecimiento poblacional o el aumento de enfermedades crónicas son realidades compartidas de Tijuana a Tierra del Fuego. Y cuando los problemas son compartidos, las respuestas también tienen que serlo.
La historia reciente lo confirma. Argentina sentó las bases de la salud pública como derecho en los 40; Colombia desarrolló mecanismos de ahorro para el retiro con apoyo del Estado. Uruguay convirtió el cuidado en política pública. Lo que la CISS ha hecho durante más de ocho décadas es tejer y sostener ese colectivo: articular aprendizajes, compartir lo que funciona y construir capacidades colectivas.
En ese sentido, espacios como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a la que tuve el honor de asistir en representación de la CISS, son una respuesta activa al colapso. Son recordatorios de que la cooperación regional es una herramienta concreta para enfrentar crisis comunes.
América Latina conoce bien la oscuridad: crisis económicas, sistemas de protección debilitados y desigualdades persistentes. Pero también conoce la reconstrucción. Sabe que las instituciones no nacen de la inercia, sino de decisiones conscientes.
La aurora no llega sola, ni por inercia; la construyen quienes se niegan a aceptar que la oscuridad sea la última palabra.
Hablar hoy de seguridad social, de pensiones o de salud pública en un mundo atravesado por la guerra no es ingenuo. Es, en realidad, una forma de resistencia. Es hacer lo mismo que hicieron quienes se reunieron en Santiago en 1942: apostar por la vida cuando todo parece inclinarse hacia lo contrario.