MIAMI, Florida.- La demanda de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en una corte de Massachusetts contra 11 grandes compañías fabricantes de armas, tendría que ser acogida en este país como una aportación para atender su demencial paranoia que se expresa en la compra compulsiva de armamento.
Estados Unidos es el único lugar del mundo donde hay más armas en poder de particulares que habitantes en el país.
Hay 400 millones de armas en manos de civiles, en una nación que tiene una población de 330 millones de personas.
Aquí se concentra apenas 5 por ciento de la población mundial, y sus habitantes poseen 45 por ciento de las armas de fuego privadas que hay en el planeta.
Sin embargo, la venta de armas en Estados Unidos no es la principal causa de la violencia en México, pero la alimenta.
En México existe violencia criminal porque operan grupos criminales. Y lo hacen con amplia impunidad.
Sus líderes (capos) cuentan con el respeto y la deferencia del gobierno.
Tampoco se ha construido una política de Estado, transexenal, contra la violencia. Los sucesivos gobiernos deshacen todo lo hecho por el anterior, en lugar de corregir lo que está mal y perseverar en lo correcto.
En esta ocasión Relaciones Exteriores ha hecho lo que está dentro de su competencia, y las autoridades estadounidenses tendrían que tomar la demanda con toda seriedad porque, en el fondo, va en beneficio de su sociedad.
En Estados Unidos hay seis veces más homicidios (por millón de habitantes) con armas de fuego que en el vecino Canadá. Y 16 veces más que en Alemania.
La avidez por comprar armas crece en espiral, sin freno, y Estados Unidos necesita detenerla en defensa propia. De ahí que la demanda puesta en Massachusetts tendría que servir al gobierno de este país para poner contra la pared a los defensores de una inexcusable chifladura.
“La posesión de armas de fuego está en el ADN de los estadounidenses”, dicen los republicanos que detienen las iniciativas de Biden para regular ese comercio letal e impedir la venta de armas de asalto.
Su argumento es una falacia. Es como defender la justicia por votación popular. O la venta de mujeres menores de edad, debido a que esas prácticas bárbaras están en los “usos y costumbres” de las comunidades.
Lo que frena la regulación de venta de armas en este país es la fuerza política del poder económico.
Obama no los pudo regular, y posiblemente tampoco Biden lo consiga hacer.
Aquí en Florida, en 2018, hubo una masacre de estudiantes en un colegio, en Parkland –vaya paradoja del nombre–, en la que mataron a balazos a 17 adolescentes.
Las manifestaciones estudiantiles estallaron. Pero el Congreso del estado rechazó un proyecto que pretendía prohibir la venta de rifles de asalto.
Estamos ante una verdadera locura. México es, desde luego, una víctima colateral.
Y ahora, con el avance de la tecnología, el panorama es aún más crítico.
Las impresoras en tercera dimensión ponen al alcance de cualquier usuario la fabricación de un R-15 casero o una AK-47.
Hay fresadoras del tamaño de una impresora y llegan a la casa de los compradores por servicio de mensajería, y fabrican rifles de asalto.
¿Es un tema del futuro?
No, actualmente una de cada tres armas de fuego en poder de particulares en Estados Unidos es hecha en casa.
¿Son carísimas?
No. La revista TFB (FireArmsNotPolitics) informa que “Ghost Gunner 3 tiene un costo $2,100 (dólares) y tiene una gran demanda, al igual que modelos anteriores. Actualmente puede realizar un depósito de $500 para reservar su lugar y hacer fila para comprar uno”.
Son, en efecto, robots para fabricar armas y multiplicarlas.
Dos propuestas de ley para regular ese comercio y saber en manos de quién se encuentra un arma, con número de serie de los materiales que se venden en línea, están congeladas en el Senado.
Para aprobarlas se necesitan los votos de, al menos, 10 senadores republicanos, y no los hay.
Si los senadores de este país no pueden llegar a un acuerdo que evitaría masacres, asesinatos y suicidios, que los electores los castiguen o acepten la permanencia de una práctica autodestructiva.
Pero la Cancillería del vecino del sur tiene todo el derecho a gritar en tribunales de Estados Unidos: ¿y qué culpa tiene México?