MIAMI, Florida.- El hecho es muy concreto como para enredarse: Palestina es un territorio ocupado por una potencia extranjera, Israel.
Todo el terror estacionado durante décadas en esa zona del mundo, y agudizado con oleadas sangrientas como las que hemos visto en las últimas semanas, es producto de lo primero.
Mientras no se solucione el meollo del conflicto y haya dos Estados soberanos con plenos derechos, no habrá paz.
Para sorpresa de muchos, el Levante no estaba entre las prioridades de la agenda internacional de Joseph Biden y su actuación ha sido tan errática que no corresponde a su responsabilidad como líder mundial.
El extremista primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y los extremistas de Hamas, lo pescaron mal parado.
Para lograr la aprobación de su plan de infraestructura en el Congreso de Estados Unidos no puede disgustar a la comunidad judía, o mejor dicho a una parte de ella, que es influyente en la bancada de su partido.
Otro sector de su partido ha dado su respaldo a la causa palestina.
Y en este momento la urgencia de Biden es sacar adelante en el Congreso el plan de infraestructura por 2 billones de dólares.
Está cercado por un conflicto que tiene más de 70 años, para el cual carecía de respuesta.
De nada sirven las condenas a la violencia en abstracto.
Los llamados a la paz de la comunidad internacional son la fuente de Pilatos donde todos se lavan las manos.
Netanyahu, un moderno émulo de Tito (el destructor de Jerusalén), decidió que los palestinos no podían ir a rezar en la semana final del ramadán a la mezquita Al Aqsa.
Además, mandó a la policía a expulsar de sus casas a familias completas en el barrio Sheikh Jarrah, de Jerusalén Este.
El barrio y la mezquita se encuentran en la zona palestina de Jerusalén.
Sheikh Jarrah es un barrio de clase media, decoroso, donde viven familias palestinas que, en su mayoría, habían sido sacadas de sus casas en Haifa y se fueron a vivir a la zona oriental de la ciudad santa.
O sea, les quitan sus casas, deben huir, se refugian en la zona palestina de otra ciudad, y una generación después los vuelven a expulsar de sus hogares para que ahí vivan colonos israelíes.
¿Qué esperaban como respuesta?
El terrorismo es condenable desde cualquier punto de vista: lanzar misiles contra la población civil y sacar de sus hogares a hombres, mujeres y niños a punta de pistola, para que ahí vivan familias de una etnia o grupo religioso diferente.
Independientemente de los alegatos históricos que esgrima cada una de las partes, Israel y Palestina son una realidad. Ahí están. Los dos tienen derecho a existir.
Biden zigzaguea ante el problema fundamental y se enfoca en las consecuencias.
Ha salido a decir obviedades: “Israel tiene derecho a la legítima defensa”.
Sí, claro, y los palestinos tienen derecho a vivir en su casa.
Todo lo que vemos, y lo que viene, es consecuencia de una ocupación ilegal, en pleno siglo 21. Y de que palestinos vivan, en su patria, sometidos a “condiciones similares al apartheid” por una potencia extranjera, como señala un voluminoso informe de Human Right Watch.
Mientras Israel no saque sus asentamientos de Cisjordania, en cumplimiento de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU, no se podrá avanzar hacia la paz.
Y menos si se expulsa a palestinos de sus casas en Jerusalén, o se les prohíbe ir a rezar, según su credo, a su templo, iglesia o mezquita.
Israel está al borde de la guerra civil: judíos contra musulmanes y cristianos que viven en un mismo país.
Los gobiernos tienen miedo de llamar a las cosas por su nombre, pero hay quienes piensan que es momento de presionar, desde la sociedad, para entrar al meollo del problema. O al menos no ser cómplices de la barbarie.
De lo que he leído en estos días, me quedo –y les comparto– estas líneas de Nicholas Kristof, en The New York Times:
“No hay duda de que el actual desgobierno israelí sobre los palestinos es injusto y crea un polvorín. También es cierto que Hamas no sólo ataca a civiles israelíes, sino que también oprime a su propio pueblo. Pero como contribuyentes estadounidenses, no tenemos mucha influencia sobre Hamas, mientras que sí tenemos influencia sobre Israel y proporcionamos varios miles de millones de dólares al año en asistencia militar a un país rico y, por lo tanto, subsidiamos los bombardeos de palestinos.
“¿Es ese realmente un mejor uso de nuestros impuestos que, digamos, pagar las vacunas Covid-19 en el extranjero o el prekínder nacional en casa? ¿No deberían nuestras vastas sumas de ayuda a Israel estar condicionadas a reducir el conflicto en lugar de agravarlo, a crear condiciones para la paz en lugar de crear obstáculos para él?”
Y este apunte del Comité Editorial del Washington Post:
“Nadie de ninguno de los bandos se beneficiará de los combates, salvo los líderes políticos enfrentados. Hamas probablemente espera completar el descrédito del Sr. Abbas (presidente de la Autoridad Nacional Palestina), de 85 años, y obligarlo a dejar el cargo. También puede tratar de promover un objetivo clave de su aliado Irán, interrumpiendo las relaciones recién establecidas entre Israel y varios estados árabes sunitas. Por su parte, Netanyahu podría beneficiarse de la complicación de las negociaciones en curso por parte de sus rivales políticos para formar un nuevo gobierno, que si tiene éxito lo dejaría sin forma de escapar del enjuiciamiento por cargos de corrupción”.