Durante años, Washington observó cómo China, Rusia e Irán expandían su influencia en América Latina mientras Estados Unidos parecía resignado a perder terreno en una región que históricamente había considerado estratégica. Pero con la nueva Dminsyracion del presidente Trump esa etapa terminó.
El reciente acuerdo que otorga a una empresa vinculada al empresario Alejandro Betancourt -un testaferro de EU en Venezuela- la explotación de 17 campos petroleros con reservas estimadas en 65 mil millones de barriles durante un siglo representa mucho más que un negocio energético. Se trata de una operación geopolítica de gran envergadura.
Los críticos hablan de intervencionismo. Otros denuncian una nueva forma de colonialismo económico. Sin embargo, la realidad es que en medio de una guerra regional con Irán, una crisis persistente de los mercados energéticos y una creciente presencia de Pekín y Moscú en el hemisferio occidental la Casa Blanca decidió actuar.
El acuerdo concede a Washington una participación accionaria del 35% en la estructura corporativa que administrará los activos, acceso preferente a parte de la producción y derechos estratégicos sobre el resto del crudo extraído. Además, desplaza a operadores chinos y rusos que durante años ocuparon posiciones privilegiadas dentro de la industria petrolera venezolana.
La decisión no puede entenderse sin el conflicto con Irán. Desde que la guerra alteró el equilibrio energético global y afectó rutas fundamentales para el suministro internacional, Washington ha buscado fuentes seguras y cercanas de abastecimiento. El Estrecho de Ormuz llegó a transportar cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. Cualquier interrupción en esa zona tiene efectos inmediatos sobre precios, inflación y estabilidad económica, como ha quedado comprobado en los bolsillos de todo el mundo tras seis meses de guerra.
En ese contexto, Venezuela aparece como una oportunidad estratégica imposible de ignorar. Posee algunas de las mayores reservas probadas del planeta y se encuentra a pocos días de navegación de las refinerías estadounidenses del Golfo de México. Desde la perspectiva de la seguridad nacional estadounidense, dejar esos recursos bajo la influencia de rivales geopolíticos habría sido una irresponsabilidad.
La realidad es que América Latina está regresando al centro del tablero global. Durante décadas, muchos gobiernos de la región jugaron a equilibrar relaciones con Washington mientras abrían la puerta a inversiones chinas, acuerdos militares rusos o alianzas políticas con regímenes autoritarios. El caso venezolano demuestra que Estados Unidos ya no está dispuesto a observar ese proceso desde la gayola.
Por supuesto, existen interrogantes legítimas sobre la transparencia del acuerdo y sobre la figura de Alejandro Betancourt. Incluso especialistas del sector han cuestionado algunos aspectos jurídicos y operativos del proyecto. Pero la historia de las relaciones internacionales demuestra que las potencias no eligen entre opciones perfectas, sino entre las alternativas disponibles y al alcance de la mano.
Estados Unidos ha recuperado la iniciativa estratégica en una región donde rusos y chinos habían ganado influencia de manera sostenida durante los últimos veinte años.
La lógica detrás de esta nueva política exterior hemisferica bautizada como la Doctrina Donroe es clara: reducir espacios de influencia para gobiernos alineados con adversarios estratégicos de Estados Unidos y fortalecer la presencia norteamericana en el Caribe y América Latina.
El petróleo venezolano no resolverá por sí solo los desafíos energéticos de Estados Unidos. Tampoco transformará de la noche a la mañana la economía venezolana. Pero envía un mensaje al mundo en una época marcada por la competencia entre grandes potencias, y es que Washington ha decidido volver a jugar ofensivamente en su propio hemisferio.
Y cuando las grandes potencias vuelven a competir por recursos, influencia y seguridad, el petróleo deja de ser únicamente un combustible. Se convierte nuevamente en un instrumento de poder.
Sotto voce
En Oaxaca, gracias a las acciones de seguridad impulsadas por el gobernador Salomón Jara en coordinación con el gobierno federal, 13 de 15 delitos de impacto registraron disminuciones y siete de ellos cayeron más del 40 por ciento, según el Índice de Paz en México 2026…
Con base en el diálogo, los apoyos sociales y una ruta de pacificación, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, avanza con el Plan Maestro de la Montaña Alta y Baja, que atiende a habitantes de 19 comunidades de cuatro municipios donde varias familias habían sido desplazadas…
