En México, el juicio político nació como un mecanismo excepcional para sancionar abusos graves de poder; sin embargo, ha terminado convertido en una herramienta profundamente atravesada por intereses partidistas, cálculos electorales y disputas entre grupos políticos.
La realidad es que, más que un instrumento de rendición de cuentas, suele operar como un termómetro de correlaciones de fuerza entre políticos, acostumbrados a negociar sus posiciones y prebendas.
El recurso está contemplado en el artículo 110 de la Constitución mexicana.
Ahí se establece que pueden ser sujetos de juicio político altos funcionarios federales y también los gobernadores de los estados, pero únicamente por “violaciones graves” a la Constitución o por el manejo indebido de recursos federales.
E incluso el procedimiento que lo sustenta es claramente político: la Cámara de Diputados formula la acusación y el Senado actúa como jurado de sentencia.
Para proceder, los diputados deben aprobar la acusación por mayoría absoluta; después, el Senado necesita una mayoría calificada de dos terceras partes para imponer sanciones como destitución e inhabilitación.
Pero a pesar de esto, en el caso de los gobernadores, una resolución federal como esta es únicamente “declarativa”.
Es decir, aun cuando el Congreso de la Unión determine responsabilidad política, la decisión final queda en manos de los congresos locales.
Esa ambigüedad constitucional ha permitido que muchos casos terminen empantanados en negociaciones políticas.
La historia mexicana demuestra que el juicio político rara vez prospera contra funcionarios con respaldo presidencial o mayoría legislativa.
Durante más de siete décadas de hegemonía priista, prácticamente no existieron consecuencias reales contra gobernadores acusados de corrupción o autoritarismo.
El presidencialismo mexicano funcionaba como una red de protección política.
La transición democrática no eliminó esa lógica; simplemente cambió a los actores.
Los intentos de juicio político comenzaron a multiplicarse conforme creció la fragmentación partidista.
Gobernadores del PRI, PAN y Morena han enfrentado solicitudes de desafuero o procesos políticos, aunque casi siempre en contextos de confrontación electoral.
Las solicitudes de juicio político contra mandatarios estatales han reaparecido en medio de tensiones entre gobiernos locales y federales.
El problema es que la percepción pública suele ser la misma: las investigaciones avanzan o se congelan dependiendo del color partidista del acusado.
Ahí radica el gran dilema democrático.
El juicio político no es, estrictamente, un juicio penal. No busca probar delitos, sino determinar responsabilidades políticas.
Pero cuando las mayorías legislativas actúan como bloques disciplinados y no como órganos deliberativos, la línea entre justicia constitucional y vendetta partidista se vuelve casi invisible.
El riesgo es enorme.
Si el juicio político se usa selectivamente contra adversarios y se ignora frente a aliados, la ciudadanía deja de verlo como un mecanismo de control democrático y comienza a percibirlo como un espectáculo de poder.
La consecuencia inmediata es la erosión de la confianza institucional.
México necesita mecanismos efectivos para sancionar abusos de gobernadores y altos funcionarios. Pero también necesita instituciones capaces de actuar con autonomía real.
De lo contrario, el juicio político seguirá siendo no un instrumento de justicia, sino una extensión de la batalla política, aunque por otros medios.
SOTTO VOCE
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