El nombramiento de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de la República ocurre en un momento crítico para el sistema de justicia en México. Con altos niveles de impunidad que rondan el 96.3 por ciento, y una percepción de inseguridad cercana al 70 por ciento, la nueva titular de la FGR tiene la oportunidad de aplicar su experiencia para fortalecer la institución.
Godoy no llega a la Fiscalía como una figura improvisada. Detrás lleva consigo una trayectoria —con roles clave en la CDMX como procuradora y en la Consejería Jurídica de la Presidencia— que la posiciona con expertise tanto en el ámbito local como federal.
Pero lo más relevante no es solo su perfil, sino con quién colaborará muy de cerca para tratar de abatir la inseguridad, una de las preocupaciones ciudadanas más sentidas. Godoy tendrá que implementar una estrategia conjunta con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Ambos se conocen, pues durante años trabajaron juntos en la Ciudad de México: Godoy como fiscal y Harfuch al frente de la policía capitalina. Hoy, en el ámbito federal, se abre la puerta para reforzar de manera positiva la coordinación entre procuración de justicia y seguridad pública, donde hacen falta cambios que realmente se vean reflejados en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Ese potencial conjunto se materializa ya con movimientos concretos. En su primer día al frente de la FGR, Godoy nombró a dos excolaboradores de Harfuch al frente de áreas clave: la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada —con César Oliveros Aparicio— y la Agencia de Investigación Criminal —con Héctor Elizalde Mora.
Ambos provienen de la estructura de seguridad capitalina y del equipo de Harfuch, lo que sugiere una integración operativa fluida entre inteligencia policial, investigación y procuración.
Para un país donde la violencia, el crimen organizado y la impunidad han corroído la confianza ciudadana, esta convergencia institucional podría representar un paso significativo.
La alineación entre FGR y SSPC no solo aumenta la capacidad de reacción inmediata —detenciones, diligencias, operativos coordinados—, sino que también puede fortalecer investigaciones de fondo: financiamiento ilícito, redes transnacionales, corrupción de altos mandos, nexos de poder con el crimen, entre otros crímenes complejos.
En años recientes, la ciudadanía ha visto cómo casos de alto impacto quedan en impunidad, resquebrajando la confianza en las instituciones. Con esta nueva dupla —ministerios públicos sólidos, fiscales con trayectoria, mandos operativos coordinados— existe una ventana real para apuntalar una estrategia seria de combate al crimen y a la corrupción estructural.
También es una oportunidad para superar la dicotomía entre “mano dura” y “justicia social”: Godoy y Harfuch representan una combinación de ambos estilos. Ella, con formación jurídica y énfasis en derechos, víctimas y reparación de daño; él, con experiencia operativa, inteligencia policial e intervención táctica.
Esa dualidad es posiblemente la más eficiente en un país con problemas heterogéneos: desde violencia de calle hasta crimen organizado, pasando por redes de corrupción estatal.
Además, existe la urgente necesidad de coordinarse con un nuevo sistema de impartición de justicia conformado por individuos electos y con una estructura distinta.
Si en los próximos meses logra sentar precedentes reales —resolución de casos de huachicol fiscal, combate serio a redes de lavado, protección efectiva a víctimas, fallos judiciales ejemplares—, la institucionalidad saldrá fortalecida.
México necesita algo más que promesas. Necesita un sistema que funcione. La combinación de Ernestina Godoy y Omar García Harfuch parece ofrecer una de las pocas fórmulas actuales con músculo institucional real, historial de colaboración y sentido de urgencia.
Independientemente de todo, el doctor Alejandro Gertz Manero merece un amplísimo reconocimiento por su lealtad, profesionalismo, experiencia y resultados.
SOTTO VOCE
De acuerdo con el ranking de desempeño elaborado por CE Research, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es la mandataria local mejor evaluada del país con un 77% de aprobación.
Las cifras confirman que el trabajo realizado con la reconstrucción de Acapulco en coordinación con el gobierno federal ha sido fundamental para la reactivación económica y turística del puerto.
