La detención de 14 personas vinculadas al contrabando de combustible, en una red que involucra a marinos, exfuncionarios de aduanas y empresarios encabezados por los hermanos Farías Laguna —altos mandos castrenses—, sacudió al país con un golpe que, por primera vez, exhibe de una manera tan contundente corrupción dentro de las Fuerzas Armadas.
El caso es inédito no solo por la magnitud del fraude —más de 18 millones de litros de gasolina decomisados en operaciones que significaron un desfalco de al menos 97 millones de pesos—, sino porque desvela lo que durante décadas se repitió como dogma: que el Ejército y la Marina eran incorruptibles.
Y es que estas dos instituciones, y en particular la Marina, son en las que más confían los mexicanos y mexicanas, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana más reciente, en la que las Fuerzas Navales tienen el mayor índice de percepción de confianza con un 88.7 por ciento.
Sin embargo, el hallazgo de embarques como el del Challenge Procyan, un buque que declaró transportar aceites lubricantes pero en realidad llevaba diésel, o el decomiso de 10 millones de litros en Altamira y 8 millones más en Ensenada, además de que minan la imagen incorruptible de la Marina, en el fondo apenas araña la superficie de un negocio que representa pérdidas anuales de 177 mil millones de pesos para el erario. El llamado huachicol fiscal consiste en ingresar hidrocarburos con documentación falsa para evadir impuestos. Un fraude a la nación, pero también una puerta giratoria para la corrupción de alto nivel.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, y la presidenta Claudia Sheinbaum están comprometidos con aclarar esta nueva trama de corrupción. La pregunta es: ¿hasta dónde topará esta investigación? Lamentablemente, la historia reciente nos enseña que la respuesta o es desalentadora o de plano es más de lo mismo. Porque la corrupción, cuando toca los cimientos del poder político y militar, no se arranca de raíz, ya que exhibirla a fondo significaría desmantelar la estructura política que, tristemente, sostiene a México.
Los ejemplos sobran. El Pemexgate, en el año 2000, que reveló el desvío de más de mil millones de pesos del sindicato petrolero a la campaña presidencial del PRI, quedó en la impunidad; el escándalo de la “Estafa Maestra” en 2017, que documentó el desvío de más de 7 mil millones de pesos a través de universidades y dependencias federales, tampoco llevó a castigos de fondo; el caso Segalmex, conocido como la “Estafa Maestra de la 4T”, y cuyos principales señalados siguen tan campantes; la compra de medicamentos a sobreprecio, que ya ni siquiera se investiga, y un laaaargo etcétera.
Hoy el huachicol fiscal expone que ni siquiera la Marina está blindada frente a la corrupción. Sin embargo, la reacción institucional sigue siendo la misma, y culpa a unas cuantas “manzanas podridas” con tal de preservar la imagen de las instituciones. Como si el cesto no estuviera podrido de raíz.
La corrupción en México se recicla, muta y se protege en la estructura del poder político. Y aunque las investigaciones actuales prometen llegar a más responsables, lo más probable es que el caso de huachicol fiscal se sume a la larga lista de escándalos que empezaron como terremotos y terminaron como un sismo de baja intensidad, y después, como siempre... En el olvido.
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