Los desafíos para la Auditoría Superior de la Federación
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Los desafíos para la Auditoría Superior de la Federación

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Los desafíos para la Auditoría Superior de la Federación

20/03/2018
Actualización 19/03/2018 - 22:41

La semana pasada, con el respaldo mayoritario de la Cámara de Diputados, se aprobó el nombramiento de David Rogelio Colmenares Páramo como nuevo Auditor Superior de la Federación (ASF).

Considero que la decisión tiene un mensaje positivo en favor de un buen ejercicio de la función pública. He colaborado con David Colmenares en el ámbito laboral y académico; por ello, conozco de sus capacidades técnicas, profesionales y de coordinación para estar al frente del máximo órgano fiscalizador en el país. Sin duda, su designación genera certidumbre y continuidad en las tareas que se llevan a cabo en el marco de la política pública nacional en materia de combate a la corrupción, de transparencia y de rendición de cuentas.

La fortaleza que transmitirá a dicha institución asegurará la eficacia y eficiencia de las acciones de gobierno para erradicar las prácticas de corrupción, las cuales, han significado el principal obstáculo para el crecimiento económico y social del país, por lo que, tiene tras de sí, un gran reto: involucrar en la fiscalización y cuidado de los recursos públicos a los ciudadanos.

Las nuevas facultades otorgadas a la ASF para revisar la gestión pública y evaluar el uso y destino de los recursos públicos que se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, requiere una nueva dinámica de comunicación y coordinación interinstitucional.

En primera instancia, debe iniciar una estrecha colaboración con los titulares de los órganos internos de control de los organismos constitucionales autónomos, así como establecer nuevas bases de coordinación con los organismos fiscalizadores locales para la fiscalización de los recursos públicos federales que se ejerzan en los estados.

Además, como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional de Transparencia, será imprescindible su compromiso en las tareas tendientes a la consecución de la promoción, fomento y difusión del derecho de acceso a la información, de la cultura de la transparencia, de la fiscalización y de la rendición de cuentas en los tres órdenes de gobierno.

La creación del Sistema Nacional de Fiscalización permitirá atender y diseñar las políticas generales e integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, para lo cual será necesario implementar sistemas electrónicos para una adecuada gestión de información que generen las instituciones fiscalizadoras de los distintos órdenes de gobierno.

La nueva legislación (Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación) prevé la entrega de informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados; también se prevé la entrega del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el cual se someterá a la consideración del Pleno de dicha Cámara.

Estos informes son de naturaleza pública y sería importante que puedan involucrarse organizaciones de la sociedad y especialistas en la fiscalización para que opinen y brinden seguimiento a las acciones de seguimiento al uso de los recursos públicos.

No obstante, buena parte de la información es técnica y lejana al lenguaje común. Es por ello que debemos trabajar más en la comunicación para brindar información puntual y accesible en lenguaje sencillo para que los ciudadanos se involucren en un ejercicio de gran importancia pública, de trascendencia social.

Por ello, el Auditor Superior de la Federación tiene la gran oportunidad de contribuir con su experiencia en el Sistema Nacional Anticorrupción y en el Sistema Nacional de Transparencia para amalgamar políticas transversales e integrales de un adecuado uso de recursos.

La transparencia de la información pública y la fiscalización ciudadana pueden convertirse en las herramientas sociales más efectivas para combatir la corrupción. Finalmente, el próximo 31 de marzo concluye el período de gestión como comisionadas del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), de Areli Cano Guadiana y de Ximena Puente de la Mora.

Por lo anterior, aprovecho la oportunidad para expresar mi reconocimiento al compromiso impecable que, en el desempeño de su encargo, mostraron hacia la institución, reflejado con su trabajo arduo para alcanzar los objetivos del INAI, en una de las etapas más importantes de la cultura de transparencia y de la rendición de cuentas como fue la reforma constitucional de 2014.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.