El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.
El problema que hay detrás del asesinato de Victoria Salazar Arraiza, es de fondo y estructural en México. La muerte de esta mujer salvadoreña, que desde el 6 de marzo de 2018 fue reconocida como refugiada por la subdelegación federal de Chiapas con el número de documento 11598479, puede ser el detonante de una lucha sin cuartel, encabezada por las mujeres contra el Estado mexicano, para obligarlo a que haga justicia por quienes han sido víctimas de violencia, y para que ponga fin a los feminicidios.
Aunque la abominable reacción de los policías de Tulum, que derrumbaron, fracturaron y sofocaron hasta la muerte a Victoria, es criminal y merece el máximo castigo, su actuación tiene que ver con circunstancias que involucran una serie de factores que han sido una pandemia en nuestro país, desde mucho tiempo atrás: racismo, machismo, desigualdad de género.
Estas circunstancias se han incrementado por la poca inversión en la preparación profesional e intelectual de los policías, hasta en la precaria y casi inexistente aplicación de la ley a favor de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Vemos con preocupación cómo se han agudizado los ataques de policías contra migrantes y contra las mujeres, pero también los abusos por parte de las Fuerza Armadas. Apenas ayer el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció el error de uno de sus elementos, al disparar y matar a un migrante guatemalteco.
El asesinato de Victoria tuvo ambas consecuencias: por ser mujer y por ser migrante. No obstante, sabemos que eso sucede a diario en México, feminicidios por un lado, y abusos hacia los migrantes por el otro. En la “Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político” que se lee en nuestra Carta Magna, se suscribe que no deberá “existir discriminación”; que se protegerá el “interés superior del niño”, y que se “asegurará la unidad familiar”.
Todo esto falló con Victoria, sus niñas y su integración familiar. El Estado mexicano no le ofreció seguridad, mientras que sus garantías se desmoronaron. Desprotegió completamente el “interés superior del niño” al dejar a dos niñas huérfanas y mucho menos asegurar la unidad familiar. El Salvador destruyó todo eso en una primera instancia antes de solicitar refugio, ahora México lo vuelve hacer, a pesar de haberle otorgado garantías desde hace tres años.
Aunque ya destituyeron al jefe de la Policía Municipal de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, otro de los responsables directos es el presidente municipal, Víctor Mas Tah, cuya responsabilidad es prevenir estos sucesos, desarrollar una policía competente y liderar estrategias de desarrollo hacia los más vulnerables.
Al menos, debería renunciar y ofrecer disculpas públicas por su incapacidad de prevenir estos delitos que provienen de su equipo directo, y que, sin los videos de los transeúntes, probablemente se hubiera escondido el delito. ¿Cuántos otros abusos se han ocultado, omitido, transgredido?
No obstante, el asesinato de Victoria, considerado oficialmente como feminicidio, es de Estado, porque desde la Policía Municipal, pasando por el presidente municipal, el gobernador y las instancias federales, no la pudieron defender ni hacer valer lo que dice nuestra Constitución en materia de personas refugiadas, y mucho menos han podido detener los feminicidios.
El Instituto Nacional de Migración registró que, de enero a marzo de 2021, ingresaron a nuestro país casi 8 mil migrantes más en comparación a los que se registraron en el mismo periodo de 2020, de los cuales 440 son menores de edad. La mayoría provienen de triángulo norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, zona geográfica de la cual Estados Unidos y México han pretendido tutelar con una inversión ‘millonaria’ para su desarrollo. Algo que no será así de sencillo, cuando vemos que al Estado mexicano le falta mucho para hacer sus propias tareas.
Es un feminicidio de Estado, porque, aunque los autores materiales fueron los cuatro policías de Tulum, el Estado mexicano ha sido omiso para prevenir la integridad de migrantes, refugiados y mujeres. Por ello, inmediatamente, la Secretaría de Gobernación instruyó al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados mantener contacto con las autoridades consulares de El Salvador y apoyar a los familiares de Victoria.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya atrajo el caso, y debe ser implacable al definir todas las fallas en la burocrática cadena institucional del Estado mexicano que, por omisión o incapacidad, permite se sigan presentando estos terribles asesinatos.