Experto en propiedad intelectual

Crónica de una guerra anunciada

Ante la aparente imposibilidad de controlar a la Corte, el presidente ha echado mano de otro recurso: atacar su presupuesto mediante la desaparición de los fideicomisos.

El conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y Andrés Manuel López Obrador llegó a un punto de inflexión. Era una guerra anunciada, la Suprema Corte y, en general, el Poder Judicial Federal han tenido desencuentros con el político tabasqueño desde aquel caso del Paraje San Juan en 2003.

Al inicio del sexenio se advertía que la Corte sería un contrapeso a la cuarta transformación. El primer disparo fue por la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos en 2018. Con esa norma se pretendía disminuir los sueldos de los más altos funcionarios de todo el país, una medida que era tan popular como inconstitucional, pues violaba el principio de irreductibilidad salarial y la independencia de los organismos constitucionales autónomos.

La batalla se trasladó a las calles, de un día para otro aparecieron manifestantes apostados en la entrada principal de la Suprema Corte, gritando consignas e insultos para amedrentar a los ministros, López Obrador declaró en su conferencia matutina que “sólo Donald Trump gana más que el presidente (de la Corte)”.

El torpedeo siguió en 2019, cuando López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba investigando movimientos en las cuentas de Eduardo Medina Mora, la presión fue de tal magnitud que, en un hecho sin precedentes, el entonces ministro renunció a su cargo. La Fiscalía General de la República determinó posteriormente el no ejercicio de la acción penal.

En ese mismo año 2019, el presidente de la República parecía estar ganando influencia sobre la Corte, sus constantes reuniones con el ministro Arturo Zaldívar (presidente de la Suprema Corte) abrieron un canal de comunicación. Además, había tenido la oportunidad de proponer a tres nuevos ministros: Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel y Ana Margarita Ríos Farjat.

El periodo de cuatro años en los que Zaldívar estuvo al frente de la Corte fue de tensa calma, López Obrador logró que se aprobara su consulta popular para juzgar a los expresidentes, pero siguió presionando, hubo rumores de investigaciones en contra del ministro Luis María Aguilar que paulatinamente desaparecieron. López Obrador buscó extender la presidencia del ministro Zaldívar en la Corte, pero su plan no prosperó.

El Waterloo del presidente vino en la elección por la presidencia de la Suprema Corte a inicios de este año. De entre todos los candidatos, probablemente la ministra Norma Lucía Piña era la que menos cercanía mostraba con el presidente y fue precisamente ella la triunfadora. Ante la aparente imposibilidad de controlar a la Corte, el presidente ha echado mano de otro recurso, atacar su presupuesto mediante la desaparición de los fideicomisos que todos conocemos.

El desenlace de esta guerra es imposible de predecir, el paro nacional de los trabajadores del Poder Judicial Federal y las declaraciones cada vez más agresivas del presidente López Obrador no son un buen augurio. En un país que ya está polarizado, este conflicto generará aún más división social, los seguidores del presidente se mantendrán leales a él, el resto de la población tendrá que decidir su postura, es una oportunidad dorada para quien desea cohesionar a los opositores.

Post scriptum. El que no se tardó ni un día en comenzar a lanzar jitomates a la Corte fue nuestro ‘Zar de la Pandemia’ Hugo López-Gatell. Tomó el micrófono y fue a pronunciar un extenso discurso a la puerta del Máximo Tribunal. No es para menos, todavía tiene varias averiguaciones abiertas por su actuación durante ese negro episodio del país, anda muy activo.

El autor es experto en propiedad intelectual.

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